jueves marzo 28 de 2024

Jubileo O Impunidad

Por: Clara Rojas González

En medio de la anunciada visita del Papa Francisco a Colombia en el mes de septiembre, se abre paso a una propuesta que ha generado una gran controversia: la rebaja de penas que podría derivar en una excarcelación masiva de presos dentro de lo que comúnmente se conoce como Jubileo.

Se han anunciado hasta el momento,  tres proyectos de ley. El Gobierno Nacional y algunos partidos políticos presentaron iniciativas que buscan una reducción de las penas de personas que se encuentran privadas de la libertad.

La propuesta del Ministerio de Justicia prevé que, por una sola vez, se autorice la rebaja de una quinta parte en la pena a quienes hayan sido condenados por delitos cometidos antes del 16 de marzo de 2017. Se excluyen de ese beneficio  delitos como homicidio, feminicidio, lesiones personales dolosas con agentes químicos, delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, secuestro, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, extorsión, peculado por apropiación, lavado de activos o terrorismo. Proyectos similares al del Gobierno Nacional fueron radicados por partidos políticos para discusión en el Congreso de la República.

Se calcula que aprobada la iniciativa podrían salir de la cárcel unos 40.000 presos.

Iniciativas que estudiaremos con atención dentro de la actividad legislativa. Considero importante que se debe fortalecer tanto la justicia como el  sistema penitenciario y carcelario para garantizar la resocialización, la reducción del hacinamiento y el cumplimiento de las penas. Lo que no podemos es abrirle la puerta masivamente a la impunidad.

Se busca reducir el hacinamiento, pero con Jubileo o sin Jubileo, lo cierto es que el gobierno debe cumplir las órdenes de la Corte Constitucional contenidas en tres  fallos emitidos entre 1985 y 2015 (tras la presentación de acciones de tutela) declarando el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario por la violación de los Derechos Humanos en los centros penitenciarios.

El Alto Tribunal determinó que se vulneraron los derechos fundamentales a cerca de 24.107 reclusos, de los 117.000 aproximados en todo el país.

Tras el llamado de atención de la Corte Constitucional se tomaron algunas medidas, que aún son insuficientes, como el cierre temporal de los establecimientos carcelarios; traslado de reclusos a penales distintos; mejoramiento de la infraestructura carcelaria, en especial, la relacionada con los servicios sanitarios y mejoramiento en la prestación de los servicios de salud.

Estamos hablando de problemas estructurales que requieren soluciones de fondo y no medidas coyunturales como el Jubileo. En materia de hacinamiento la situación continúa siendo delicada como quiera que en el 2010 este llegaba al 39.4% y este año es del 51.7%.  En los últimos cuatro años se ha tenido un comportamiento variable. En 2014 llegó al 58.6%; en 2015 fue del 49.9%; en 2016 del 54.9% y hasta lo que va corrido del año del 51.7%.

La sobrepoblación carcelaria no puede ser una excusa para aprobar el Jubileo masivo. Hay que pensar en otras alternativas que no generen impunidad. A lo que se debe llegar realmente es al cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional y a permitir que haya un sistema penitenciario fuerte, que resocialice y respete los Derechos Humamos de los detenidos, a través de una Política Criminal que brinde soluciones concretas.

El Estado debe garantizar la resocialización de los presos que recuperen su libertad. Se debe pensar en  la creación de puestos de trabajo y/o cupos escolares y universitarios de manera que se les garantice una verdadera resocialización y puedan ser acogidos por la sociedad.

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