Investigan a 12 exmiembros de Policía y DAS por magnicidio de Bernardo Jaramillo

Pasaron 28 años desde el magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa, líder político de la Unión Patriótica y excandidato presidencial asesinado en el Puente Aéreo de Bogotá en marzo de 1990, pero este fin de semana la Fiscalía citó a indagatoria a 12 personas que estarían implicadas directamente con el crimen.

Todos los investigados eran integrantes del extinto DAS y la Policía Nacional, entre quienes aparecen José Alirio Nocobe Suárez, jefe de esquema de escoltas del DAS, ocho detectives escoltas del DAS, el coronel en retiro de la Policía Nacional José Arnulfo Oliveros -quien para la época de los hechos tenía el grado de capitán y era el enlace de la institución con el esquema de escoltas del DAS, y dos miembros de la Policía Nacional asignados al esquema oficial de protección de Bernardo Jaramillo.

De acuerdo con la hipótesis central del ente investigador, pudo existir una alianza criminal entre los ya condenados hermanos Castaño y algunos integrantes del extinto DAS para asesinar al expresidente de la UP como parte de un “plan de aniquilamiento del nuevo partido”.

La aparente protección que recibió el sicario el día de los hechos y presuntas desviaciones en la investigación judicial, son otros de los elementos clave en que basa su hipótesis la Fiscalía.

Esta es la lista completa de los llamados a indagatoria:

-José Alirio Nocobe Suárez, jefe de esquema de escoltas del DAS.

-Los escoltas Edilberto Gordillo Álvarez, Hilver Peña Vergara, José Antonio Santamaría Cristancho, Edilson Suárez Mendieta, Marco Antonio Cruz Vidal, Óscar Orlando Manrique, Andrés Orlando Daza Triana y Eder Ocampo Ceballos.

-José Arnulfo Oliveros, coronel en retiro de la Policía Nacional.

-Jorge Enrique Pedraza Palacios y Lisandro Beltrán Muñoz, miembros de la Policía Nacional asignados al esquema de Bernardo Jaramillo Ossa.

Vale la pena recordar que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) funcionó hasta octubre de 2011, cuando el presidente Santos firmó el decreto que suprimió la entidad como consecuencia del escándalo por interceptaciones ilegales de llamadas, en un hecho que la Corte Suprema de Justicia calificó en su momento como “una empresa criminal dirigida desde la Casa de Nariño” durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.