domingo agosto 1 de 2021

Colombianos podrán ser fiscales en delitos menores desde esta semana

09 julio, 2017 Judiciales, Política

Más de 112.000 audiencias se encuentran aplazadas, incluso con confesos delincuentes que esperan hace más de un año su condena, una urgencia que llevó al fiscal general a sentenciar que el Sistema Penal Acusatorio está por colapsar.

La ley del procedimiento abreviado tiene dos objetivos sustanciales: acercar la justicia a los ciudadanos y agilizar la judicialización de los llamados delitos menores.

El principal problema de la congestión judicial está en las dilaciones y tropiezos de los procesos que deben cumplir como mínimo cinco audiencias y que se extienden por más de dos años. El nuevo procedimiento abreviado, en el listado de delitos previamente definidos, reduce las audiencias a sólo dos.

No habrá imputación de cargos, Camilo Burbano, ex director del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, aseguró que se hace una audiencia concentrada y allí el fiscal presenta el escrito de acusación para que en menos de dos meses se adelante el juicio y se pueda conocer la condena al investigado.

La otra innovación de la ley es la posibilidad que tendrá los ciudadanos de inscribirse como investigadores de sus propios casos, incluso de pedir cárcel para los señalados y presentar el escrito de acusación, eso se conocerá como el Acusador Privado.

Burbano explicó que los ciudadanos víctimas de un hecho delictivo pueden acudir a la conversión de la acción penal y hacer el papel de la Fiscalía, sin que exceda las funciones de la misma entidad o se ponga en riesgo derechos fundamentales.

En el listado están todas las conductas que requieren de una denuncia y no contemplan pena privativa de la libertad. La violación de habitación, daño en bien ajeno, injurias, calumnias, algunas lesiones personales, omisión de socorro, restricción de la libertad, estafa en mínima cuantía y otras.

Pero en las modificaciones hechas a la ley se incluyeron otros delitos que si tienen cárcel como el hurto calificado, la inasistencia alimentaria, corrupción privada, la administración desleal y un listado de conductas contra la propiedad intelectual como los derechos morales de autor.

La ley les permitirá a los jueces, casi de forma automática, ordenar cárcel para personas reincidentes en delitos como el hurto. El requisito, Según Burbano, es que la conducta se repita por lo menos en los últimos tres años, así su reclusión en la cárcel está asegurada y se evita casos como el ocurrido la semana pasada cuando dos personas capturadas tenían un registro de 22 entradas en menos de un año y por el mismo delito.

Según el exdirector del sistema penal acusatorio de la Fiscalía, existe un grave riesgo de que la mayoría de ciudadanos o empresas escojan la posibilidad de asumir sus investigaciones y desborden la capacidad de los jueces. Que alleguen pruebas, presenten los escritos de acusación y la judicatura se quede corta para dar respuesta oportuna y eficaz.

Ahora, no todos los ciudadanos tienen los mismos recursos económicos y habrá quienes queden en desventaja ante la imposibilidad de contratar servicios de investigación.

El ministro de justicia Enrique Gil aseguró que esos ciudadanos podrán acudir a las facultades de derecho de las universidades para recibir asesoría, pero lo cierto es que la queja de los ciudadanos a esa ayuda universitaria es cada vez más frecuente.

La esperanza de la justicia es contrarrestar la carga de procesos que por pequeñas causas se convierte en el mayor cúmulo de trabajo de los jueces y fiscales, al menos 275.000 casos llegan cada año al sistema judicial y más de la mitad se quedan en la impunidad.

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