La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a 18 antiguos agentes y militares de las fuerzas de seguridad de Colombia por su supuesta implicación en delitos de violencia sexual, asesinatos, tortura y desaparición forzada, que dejan al menos 755 víctimas entre la década de los 90 y los años 2000.








