lunes noviembre 30 de 2020

Justicia y Paz dejaría en libertad a 400 desmovilizados

02 febrero, 2014 Generales

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, señaló que la cifra de desmovilizados que podría quedar en libertad por vencimiento de pena cumplida en el proceso de Justicia y Paz se acerca a los 400.

“La Fiscalía General de la Nación ha tomado varias determinaciones como es el hecho de que solamente apoyará las libertades provisionales en aquellos casos en que esté demostrado que los desmovilizados o los jefes de las autodefensas han contribuido a la verdad, a la reparación y además no han vuelto a delinquir”, señaló Montealegre.

Montealegre Lynett afirmó que el ente acusador está revisando de manera minuciosa la situación de todos los desmovilizados que tienen expectativa de libertad con la finalidad de solicitar más exclusiones para aquellos jefes de autodefensas o desmovilizados que no hayan contribuido al esclarecimiento de la verdad.

Para los jefes paramilitares que se encuentran extraditados a los Estados Unidos, el Fiscal General explicó que estos postulados, responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, deberán pagar la pena alternativa de justicia y paz cuando regresen a Colombia.

“La Fiscalía no va a apoyar solicitudes de excarcelación por pena cumplida de los extraditables porque el tiempo que han durado en los Estados Unidos no cuenta en Colombia. La extradición para ellos se produjo por delitos de narcotráfico y no por delitos relacionados con el conflicto, y la interpretación de la Fiscalía tal como lo ha hecho el Tribunal de Bogotá es la de que solo cuenta la privación efectiva de la libertad de ocho años en Colombia y por delitos que tengan relación con el conflicto”.

El Fiscal se refirió al jefe máximo del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge Cuarenta, extraditado a los Estados Unidos. “Vamos a solicitar su exclusión porque durante los años que se le ha solicitado colaboración a la justicia no hemos contado con su colaboración. El hecho de la exclusión de Jorge Cuarenta significa que ya no tendrá la expectativa de obtener una pena alternativa de ocho años sino que se va a exponer a las penas normales de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son delitos que tienen más de 40 años de prisión y además que son delitos imprescriptibles.”

Respecto al tema de priorización de casos de los máximos responsables de las guerrillas y las autodefensas, el Fiscal resaltó que dicha estrategia estudiada en conjunto por la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y los Magistrados de Justicia y Paz, pretende “aunar esfuerzos para poder dictar las 16 grandes sentencias en estos casos antes del vencimiento de los términos de privación de la libertad y que implicarían libertad provisional por pena cumplida”.

El alto funcionario indicó que la Fiscalía solicitará al Gobierno Nacional que estudie la posibilidad de la creación de más magistrados de Justicia y Paz para hacer un plan de contingencia para la salida de los cerca de 400 postulados a libertad. “Estamos buscando la creación de jueces de seguimiento al cumplimiento de las personas que saldrán en libertad, porque una vez obtenida la libertad esta libertad será condicional; ellos no pueden volver a delinquir, tienen que cumplir con programas de resocialización y en caso que no cumplan con esos programas que tiene que brindar el gobierno, las autoridades judiciales y la Fiscalía solicitaría la revocatoria”.

Según las cifras expuestas por el jefe del ente acusador, en el proceso de justicia y paz resultaron registradas más de 400 mil víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Para el Fiscal General lo que aconteció en el proceso de Justicia y Paz es una muestra para no repetir como modelo de proceso de paz con la insurgencia. “Este modelo de tratar de investigar todos los hechos y todos los autores no ha producido los resultado esperados” y concluyó diciendo que con una ley estatutaria se determinará que delitos se deben investigar y centrar las investigaciones en los máximos responsables para obtener mejores resultados.

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