martes diciembre 1 de 2020

Gobierno anuncia inminente desmonte de esquemas de seguridad de personajes y otros amenazados

10 septiembre, 2014 Judiciales

. El inminente desmonte de los esquemas de seguridad para personalidades y otros colombianos protegidos por amenazas de la guerrilla y otras bandas criminales, anunció hoy el gobierno nacional debido a que la llamada Unidad de Protección Nacional, UNP, se quedó sin plata para mantenerlos.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo dijo que el organismo tiene recursos para funcionar por 15 días, por lo que demandó al Congreso de la República aprobar una partida presupuestal de 70 mil millones de pesos con el fin de cubrir los costos que demandan los cuerpos de seguridad que tienen expresidentes, excongresistas y otros exfuncionarios y políticos, así como líderes de derechos humanos y comunitarios que están amenazados.

El jefe de la cartera política destacó en particular las obligaciones en materia de protección a líderes de tierras y de movimientos de víctimas.

Juan Fernando Cristo advirtió que si no se hace la destinación presupuestal, el gobierno se verá obligado a hacer un desmonte masivo de esquemas de seguridad, hecho que consideró “gravísimo”.

La Unidad Nacional de Protección, UNP, es un organismo de seguridad del Orden Nacional adscrita al Ministerio del Interior, encargada de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo.

Sus objetivos son los siguientes:

  • Promover y garantizar efectivamente los derechos de vida, a la integridad, a la libertad, dignidad humana y a la seguridad de las personas, colectivos, grupos y comunidades beneficiarias de las medidas de protección implementadas y de apoyo a la prevención.
  • Orientar cultura organizacional enfocada al respeto, la garantía de los derechos humanos y el ordenamiento jurídico nacional.
  • Mantener un equipo humano competente y en constante desarrollo para el ejercicio de su labor.
  • Optimizar los recursos asignados al programa de protección, asegurando su uso eficiente y transparente.
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