martes noviembre 24 de 2020

Tribunal congeló por seis meses los bienes de la excontralora Morelli

11 septiembre, 2014 Judiciales

Sandra Morelli

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó congelar los bienes de la excontralora General de la República Sandra Morelli por seis meses para evitar fuga de recursos, lo que quiere decir que no puede realizar ninguna negociación comercial con sus propiedades.

La Fiscalía General imputó cargos contra Morelli por supuestos sobrecostos en el arriendo de la nueva sede de la Contraloría ubicada en el barrio Salitre de la ciudad de Bogotá.

«La exfuncionaria tramitó y celebró tales negocios jurídicos con violación a los principios de planeación, economía y selección objetiva, pero también con desprecio, por la observancia de los mínimos requisitos que gobiernan los contratos de arrendamiento», dijo Carlos Iván Mejía, fiscal delegado ante la Corte Suprema a Blu Radio.

Morelli fue acusada por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

Cuatro delitos imputó la Fiscalía a la excontralora Sandra Morelli y cuatro delitos avaló un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Se trata de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, los dos también en calidad de agravados por ser una funcionaria de alto nivel.

Adicionalmente y como medida cautelar el magistrado le prohibió a la excontralora vender o enajenar todos sus bienes esto en un plazo mínimo de seis meses.

«La señora María Sandra Morelli tiene la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro durante los seis meses siguientes a la imputación de cargos a no ser que antes se garantice por ella la indemnización de perjuicios o que haya un pronunciamiento de fondo sobre su inocencia», indicó el magistrado.

El abogado de oficio de la ex contralora, contrario a lo que se pensó, no presentó ningún recurso, de ahí que lo único que se espera es la audiencia de medida de aseguramiento.

La Fiscalía le imputó a la excontralora General Sandra Morelli los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Si es hallada culpable, podría enfrentar una pena de entre 5 y 22 años de prisión.

Según la Fiscalía, Morelli, quien viajó a Italia al considerar que no tenía garantías en el país, violó los principios de transparencia, economía y selección objetiva al firmar los contratos 233 y 234 del arrendamiento de la sede de la Contraloría, el 29 de marzo del 2012.

La Fiscalía aseguró que la contratación se basó en la «improvisación y el caos» que por una «actitud caprichosa de la Contralora» ocasionó un detrimento patrimonial de 12.292 millones de pesos.

Según la Fiscalía, el contrato de 2.703 millones mensuales se realizó «con desprecio» de la necesidad de justificar el traslado de la sede de la Contraloria y se hizo con una «búsqueda de bienes con direccionados criterios de selección».

Para el ente acusador, el contrato se «direccionó» a favor de Proyectos y Desarrollos Uno S.A. y se presentó un «sobrecosto del canon de arrendamiento».

El fiscal también aseguró que Morelli incurrió en irregularidades al entregarle al Cisa la sede propia que tenía en el centro de Bogotá sin estudios que justificaran que no se podía remodelar.

No tuvo en cuenta el presupuesto de la Contraloría

El fiscal delegado argumentó que otra de las irregularidades en el contrato consiste en que Morelli no tuvo en cuenta el presupuesto que le había dado el Ministerio de Hacienda en vigencias futuras para suscribir el contrato de arrendamiento de la sede.

Asegura que la excontralora celebró el contrato «sin calcular los recursos suficientes para cumplir con los compromisos económicos de las vigencias fiscales del 2013 y 2014″.

De acuerdo con la Fiscalía, el presupuesto que le asignó el Gobierno de vigencias futuras fue de 28.870 millones de pesos en 2013 y 17.947 para el 2014.

» En realidad el metro cuadrado funcional solo del contrato 233 implicó desembolsos en el 2013 de 30.529 millones y en 2014 de 18.593 millones de pesos».

«No se advirtió que los dineros asignados por el Minhacienda con recursos de vigencias futuras con un canon como el que se definió hasta el 6 de agosto del 2014, no era suficiente para financiar el gasto».

Tanto es así qué, según la Fiscalía, Morelli terminó usando el presupuesto de la Contraloría para cubrir el dinero faltante para pagar el arrendamiento.

La Fiscalía argumentó que el peculado de 12.292 millones de pesos está derivado de dos hechos: El pago de dos meses de arrendamiento por servicios no prestados y el doble pago por concepto de inmuebles por destinación y adhesión.

Según los investigadores, la Contraloría pagó 5.377 millones de pesos desde el 15 de julio al agosto del 2012 por arrendamiento, pese a que en esos dos meses el inmueble no fue ocupado por el organismo.

Esto porque durante ese tiempo el edificio estaba en mantenimiento para su funcionamiento y habitabilidad.

De otro lado, la Fiscalía también reprocha que la Contraloría terminó pagando dos veces arrendamiento por los inmuebles por adhesión y destinación (baños o ductos de ventilación) pese a que eran servicios que ya incluía el arrendamiento del edificio en obra gris.

Por esos dobles pagos se giraron 6.975 millones de pesos a favor del contratista.

«Estos delitos tienen la mayor agravación punitiva porque el peculado fue cometido por quien ejercía como funcionaria de un órgano de control del Estado. Tienen mayor punibilidad por su posición distinguida, su cargo, posición económica e ilustración», dijo el Fiscal.

Excontralora Morelli niega giros a cuentas en el exterior

Sostiene que esas cuentas en Panamá y Cayman fueron abiertas antes de que ella fuera nombrada jefe del ente de control, que las declaró cuando llegó al cargo y que los recursos en euros que allí existen son de propiedad de su mamá, Teresa Rico de Morelli. Precisó que ante los bancos su firma también se encuentra registrada.

Niega que durante su actividad como contralora el saldo de las cuentas haya crecido, que son cuentas propias y que sólo existe un giro de un tercero que corresponde al pago de un crédito que había hecho a un primo, Daniel Morelli, antes de su posesión.

En su escrito la excontralora señala a la fiscalía de violar la reserva del sumario y el secreto bancario y asegura que también omite investigar a los funcionarios que participaron en esos delitos junto con el columnista y exdirector del Das, Ramiro Bejarano Guzmán.

Asegura que con esta omisión sobre la verdadera información de sus cuentas en Bancolombia la fiscalía lo que busca justificar su detención.

El siguiente es el texto de la comunicación de la excontralora:

Sandra Morelli se permite informar:

Que los giros y cuentas en el exterior, revelados por la fiscalía en proceso que en mi contra lleva el fiscal Iban Mejía y los otros tres funcionarios que llevan la investigación por delegación que le hiciere el vicefiscal, que a su vez fue delegado por el Fiscal General de la República de Colombia, Eduardo Montealegre Lynnet, corresponde a cuentas preexistentes a mi condición de servidora pública como Contralora.

Dichas cuentas no recibieron ninguna consignación siendo yo contralora; fueron disminuidas en montos equivalentes a órdenes de giro a mis cuentas nacionales al interior de la misma entidad bancaria Bancolombia, donde existen las cuentas y los recursos en el exterior, con el cumplimiento de las normas cambiarías y tributarias colombianas, cuentas Bancolombia Panamá y Cayman, en las que yo tengo firma alterna junto con Teresa Rico de Morelli.

Que se trata de montos bastante modestos, dineros que se trasladaron en cheque de gerencia desde Italia y se consignaron en Panamá y Cayman porque allí Bancolombia abre las cuentas en Euros, al menos y un año antes de ser yo contralora.

Que se declararon en el documento que debemos diligenciar los funcionarios públicos al momento de la posesión, conocida como declaración de bienes y rentas, que no son recursos originados en Colombia y que por tanto no se declaran para efectos tributarios, que los giros a mis cuentas de Recursos de Cayman o Panamá o Vernasca son de cuentas de mi mamá donde yo tengo firma.

Que no provienen de tercero alguno. Que el único giro de un tercero provino de Suiza de la cuenta de mi hermana porque mi primo Daniel Morelli que vive en Londres, me restituyó un préstamo que le hiciere antes de ser contralora y él consignó el monto equivalente al préstamo en la cuenta de mi hermana.

Que si la Fiscalía investiga episodios de mi vida de hace décadas atrás, y que nada tiene que ver con un edificio que ni existía, viola la Reserva Bancaria, viola la reserva del Sumario, omite tramitar las denuncias que por esos hechos he interpuesto con nombre propio, tipifica las denuncias y recusaciones como obstrucción a la justicia para justificar mi detención, sino que además esconde la mitad de la historia que consiste en omitir reportar que :1. Son Giros de cuentas propias.2. Que son cuentas declaradas al momento de mi posesión.3 que son cuentas que lejos de incrementarse han descendido en la misma cifra de giros a cuentas nacionales mías por los conductos oficiales pagando tributos y cumpliendo normas cambiarías de monetización, que el único giro proveniente de un tercero, a mis cuentas nacionales, es el cheque de 2 millones y ochocientos mil pesos proveniente del alquiler de un inmueble cuyo 35 por ciento pertenecía a mi padre pero cuya escritura no se formalizo por causa de su muerte y cuya expectativa de derecho se declaró al momento de mi posesión, así como el giro de mi hermana desde Suiza por un reembolso de préstamo que le hiciere a mi primo Daniel Morelli.

Que la Fiscalía no solo viola la reserva del sumario, el secreto bancario sino que omite investigar a los funcionarios que dolosamente han incurrido en estos delitos conjuntamente con el doctor exdirector del Das Ramiro Bejarano Guzmán. Y lo más grave, revela la mitad de las operaciones bancarias ocultando origen de los recursos, violando derechos de mi señora madre exmagistrada y anciana que merece mínima consideración y que no puede ser violada en su intimidad ni reserva bancaria porque no está siendo investigada por ninguna autoridad criminal, lo mismo que mi padre ya fallecido pero titular de los mismos derechos y del buen nombre no puede ser objeto de injurias sinuosas y malintencionadas. Los recursos, a que aludí al principio, se consignaron en Bancolombia Panamá en cheque de gerencia de Banco Italiano y provienen de pensiones de mi abuelo y mi padre y Bancolombia Panamá maneja cuentas en dólares y los recursos en euro los direcciona a su sucursal en Cayman.

La suscrita expone nuevamente todas sus declaraciones y exige a la Fiscalía informar con toda precisión origen de cada giro recibido, en mis cuentas nacionales, en el cuatrienio como contralora para que la ciudadanía sepa que esos giros tienen origen en cuentas de mi señora madre con mi firma autorizada y además que los saldos, de las cuentas en el exterior, han descendido en la misma cantidad.

Exijo además que informen que la diferencia entre el monto de los recursos girados a la Fiduciaria de Occidente por concepto de arriendo y el monto del canon mensual plasmado en el contrato corresponde a las retenciones que por IVA y otros concepto hace el arrendatario, de acuerdo a las normas legales, y no a sobornos para Sandra Morelli y que precisen que la Fiscalía a instancias del doctor Jaime Bernal Cuellar abogado de los constructores del inmueble Gran Estación II, certificó, que el inmueble no estaba sometido a medida alguna de embargo o congelamiento del bienes, y finalmente que precise que la ex contralora firmó contrato con quien las Fiduciarias de Occidente y Central, así como Leasing de Occidente, designaron en representación de estas entidades del sistema financiero, por lo que las investigaciones para la extinción de dominio mal puede dirigirse contra la suscrita, pues no podría el sistema financiero aceptar semejante inmueble en garantía sin hacer las verificaciones que para el sistema financiero impone la ley con la finalidad de prevenir el lavados de activos y financiación del terrorismo.

De todas formas ni las empresas ni sus miembros aparecían para la época del contrato, 2012, ni investigados por ese concepto en Fiscalía ni por los Estados Unidos. Los responsables de dichas verificaciones en la Contraloría eran el vice contralor Felipe Córdoba y la Gerente administrativa, Marcela Yepes, hoy directora administrativa de la Fiscalía.

Ninguno de los dos ha sido objeto de imputación en el caso de arriendo del edificio. O hay un delito y ellos se acogieron al principio de oportunidad o estamos ante otra prueba de la parcialidad de la Fiscalía.

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