domingo septiembre 26 de 2021

Gustavo Petro no ha pagado multa de $410 millones por esquema de aseo

28 octubre, 2014 Bogotá

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El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, afirmó este martes que el alcalde Gustavo Petro no ha cancelado la multa de 410 millones de pesos, que se le impuso como sanción por la implementación del nuevo esquema de basuras de Bogotá, el cual violó la ley de libre competencia frente a los operadores privados.

En entrevista con la emisora Caracol Radio, el Super Intendente señaló que el ente de control está dispuesto a ejecutar la sanción en caso de que el Burgomaestre no pague la deuda.

Cabe la pena recordar que en abril, el superintendente de Industria y Comercio Ad hoc, Luis Guillermo Vélez, impuso multas por más de $81.000 entre diez personas naturales y jurídicas, entre las que está el alcalde Gustavo Petro.

De acuerdo con la resolución, la administración Distrital debe cancelar 80 mil 794 millones de pesos y el alcalde Petro, como persona natural, tiene que pagar de su propio bolsillo 410 millones, por “limitar la libre competencia”.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tiene que cancelar una multa de 61 mil 600 millones de pesos; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 17 mil 864 millones y Aguas de Bogotá, 1.330 millones de pesos.

Para el alcalde Petro y 9 funcionarios más, entre ellos los gerentes del Acueducto, Alberto Merlano Alcocer y Diego Bravo Borda, y la directora de la UAESP, Nelly Mogollón, se hace efectiva una multa de 1.541 millones de pesos.

La Superintendencia determina el desmonte del esquema de aseso que implantó Petro en Bogotá a partir del 18 de diciembre de 2012, para dar paso a un nuevo régimen de competencia libre o en su defecto con áreas de servicio exclusivo.

Ante la confirmación de la sanción, Petro escribió en su cuenta de Twitter, ‘por desprivatizar un servicio público e incluir a los recicladores debo pagar 400 millones de multa. Mi patrimonio personal se ha extinguido’.

Adicionalmente, se dio un plazo de seis meses para la implementación de un nuevo régimen de libre competencia de recolección en Bogotá.

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