miércoles julio 17 de 2024

Fortalecimiento de inspección y vigilancia del MinEducación, a sanción presidencial

16 diciembre, 2014 Educación, Generales
Discusión-del-proyecto-de-ley-124-de-2014-en-la-plenaria-del-Senado.

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Tras casi dos horas de discusión y aprobado con 54 votos a favor la proposición de acoger el texto de plenaria de Cámara sin ninguna modificación, fue aprobado en plenaria de Senado el proyecto, que le otorga al Ministerio de Educación Nacional (MEN) herramientas más contundentes para el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia. Luego de cumplir su trámite en el Congreso de la República ahora pasará a sanción presidencial.

En defensa de la iniciativa gubernamental, el ponente y vocero delegado del Partido Liberal, senador Eugenio Prieto Soto (P. Liberal), explicó que esta, ahora Ley de la República, propende por la protección del derecho a la educación y por la oferta de un servicio educativo de calidad que garantice el proceso formativo de los jóvenes.

Dijo además que la Ley 30 de la Educación Superior, no ofrece los suficientes mecanismos para el control de irregularidades como las que se presentaron en la Fundación Universitaria San Martín, relacionados con la desviación de recursos destinados a la educación, y que fueron denunciadas en septiembre pasado por los senadores del Partido Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf y Claudia López. De allí la necesidad de armar al MEN de herramientas que le permitan ejercer con contundencia sus función de inspección y vigilancia.

Respecto al principio de autonomía universitaria, tema que ha sido señalado por el Polo Democrático y que sirvió de argumento para declarar su oposición a esta proyecto, el senador Prieto aseguró que han sido rigurosos en la protección de este concepto, el cual define al Estado Social de Derecho por lo que hay que protegerlo y garantizarlo; pero enfatizó en que de acuerdo a sentencias de la Corte Constitucional, la autonomía universitaria tiene sus límites y este llega donde empiezan los derechos de la comunidad educativa y la sociedad.

El proyecto fue aprobado con dos nuevos artículos, uno relacionado con el acompañamiento a la instituciones de educación superior (IES) por parte del MEN, en procesos de autoevaluación, construcción de planes de seguimiento y si es necesario también en planes de mejoramiento. Y el en el otro se señala que cuando se presente intervención por parte del MEN a programas académicos, de acuerdo con la figura de inspección y vigilancia especial, se debe garantizar la continuidad del servicio a los estudiantes a fin de no alterar su proceso formativo.

De acuerdo con la creación de la Superintendencia de Educación Superior, y las funciones asumidas por el MEN a partir de la aprobación de la iniciativa, quedó claro que estas serán transitorias hasta que el Gobierno presente el proyecto de ley a través del cual se crea esa superintendencia para lo cual tendrán un año a partir de la vigencia de la ley.

Como vocero del partido Polo Democrático, senador Senen Niño, destacó la importancia del proyecto de ley pero resaltó que se desarrolla sin participación democrática por parte de la comunidad educativa y la sociedad en general.

«Con menos de veinte días y en ausencia de estudiantes y docentes, ha hecho tránsito este proyecto de ley que tiene como propósito combatir la corrupción de la cual el Gobierno es participe porque no ha querido reglamentar el Artículo 68 y el 69 de la Constitución Política», dijo el Senador Niño.

Agregó que a nombre de combatir la corrupción en las IES se lesiona la autonomía universitaria por lo que la ley será demandada ante la Corte Constitucional y convocarán a las masas para que se movilicen y reclamen la derogación de la ley. «El articulado del proyecto de ley es abiertamente violatorio, acaba con la autonomía universitaria. Delegar un inspector in situ que vigile permanente la gestión administrativa y financiera, significa administrar la universidad pública y privada», argumentó el Senador.

Tras invitar a los miembros de su bancada, el senador Conservador Jorge Hernando Pedraza, afirmó que el proyecto no toca a la autonomía universitaria y no toca a la educación pública. Resaltó que a través de esta iniciativa se actúa preventivamente ante posibles situaciones de corrupción, desviación de recursos y afectación del servicio educativo, aseverando que en el tema de educación ocurren cosas más graves que las que pasan en el sector salud.

Por parte del Centro Democrático, el senador Everth Bustamante, aunque dijo que el proyecto de ley es una forma de «apagar incendios» y no se plantean medidas de carácter estructural, es importante pues se busca salirle al paso a esas deformaciones que se vienen presentando en algunas IES del país. «Entendemos que a pesar de tratarse de una ley de carácter permanente el Gobierno debe presentar iniciativas que vayan al fondo del asunto», dijo el congresista.

Claudia López, una de las abanderadas de la causa ‘San Martín’, calificó el proyecto de ley como el corolario de un trabajo que se inició en septiembre cuando salieron a relucir las irregularidades en la San Martín y en otras universidades del país. Sostuvo que fue el mismo Senado que le pidió al Ministerio de Educación que interviniera y pusiera en cintura a los negociantes de la educación «y eso es lo que ha hecho el Ministerio».

Agregó que las medidas de inspección y vigilancia son de carácter preventivo y que las funciones sancionatorias se tendrán que ejecutar por parte de un ente independiente del MEN el cual será la Superintendencia de Educación Superior, que tendrá dientes muy drásticos y sancionatorios por lo que necesita un debate más profundo.

A su turno el senador Andrés García Zuccardi (P. de la U), sostuvo que los estudiantes necesitan del Congreso para proteger sus derechos y que hay que pasar de la cultura correctiva a la preventiva, a fin de velar por los derechos de los estudiantes.

Por último la ministra de Educación, Gina Parody, agradeció al Senado por el apoyo demostrado y por arrojarle este salvavidas a la educación superior, el cual permite rescatar las IES que enfrenten situaciones de crisis que afecten o vulneren el derecho a la educación tal como lo contempla la carta magna.

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