viernes mayo 7 de 2021

Los desafíos de los nuevos alcaldes: seguridad, servicios públicos, movilidad y desempleo

01 agosto, 2015 Política

Elecciones Regionales

Los candidatos a las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga tienen que concentrar sus mayores esfuerzos en plantear propuestas novedosas, efectivas y eficientes para resolver, entre varias dificultades, la inseguridad, la prestación de servicios públicos domiciliarios, el desempleo, la movilidad y el transporte público.

Así lo establece un análisis de cara a las elecciones de alcaldes 2016-2019 realizado por el Observatorio Electoral Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional Colombia, junto con Unimedios.

El estudio establece que el reto principal para los alcaldes que sean elegidos el próximo 25 de octubre y que gobernarán las ciudades durante los próximos cuatro años, será cerrar la brecha entre las demandas ciudadanas en estas cuatro problemáticas y fortalecer las capacidades del Gobierno urbano para satisfacer dichas demandas.

El documento Claves para el debate político, desafíos en las principales ciudades del país: análisis de cara a las elecciones de alcaldes 2016-2019, se basó en las mayores dificultades que enfrentan las grandes ciudades, las cuales fueron identificadas a través de una encuesta realizada por la firma Invamer-Gallup, contratada por el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia.

Al efecto, destaca que la encuesta de Invamer-Gallup revela que la seguridad es un problema común en las seis principales ciudades del país: 63 % de los barranquilleros, 45,5 % de los caleños, 45,5 % de los medellinenses, 33,3% de los bumangueses y 53,1% de los bogotanos, así lo indicaron.

Según el analisis, la filtración de las bandas criminales y actores ilegales en las urbes plantea un desafío complejo en materia de seguridad.

Agrega que las ciudades colombianas se han convertido en epicentros de criminalidad e ilegalidad, que en algunos casos van más allá de la simple delincuencia común.

Las grandes mafias, las bandas criminales e incluso los grupos armados ilegales se han infiltrado en las ciudades grandes, medianas y pequeñas, y se han convertido en núcleos económicos y políticos claves para el desarrollo de toda clase de actividades ilícitas.

Otro fenómeno que se ha presentado con mayor frecuencia en las ciudades es la extorsión. Para el coronel (r) de la Policía Nacional, Mauricio Miranda, este delito está generalizado en todas las ciudades del país; sin embargo, debido a las pocas denuncias por miedo, ignorancia o, simplemente, por la complejidad de instaurar una denuncia, no se conoce su dimensión real.

“Desde 2011, las encuestas indican que en promedio nacional, el 60 % de las personas en Colombia no denuncia. Por esta razón, tener una radiografía real de dicho delito es muy complicado, pues además es diverso, variable, amplio y difícil de manejar, controlar, percibir y, por ende, de combatir y erradicar”.

“Las cárceles son el principal escenario para la extorsión. Se hace a través de un directorio telefónico, con un lenguaje soez, intimidando a las personas para que consignen dinero en cuentas bancarias, y ellas, atemorizadas, lo hacen”, afirmó el coronel (r) de la Policía Nacional, Mauricio Miranda el coronel Miranda. “Otra modalidad del delito ocurre en las calles, en las rutas del transporte público, extorsionan a quienes surten los alimentos en las tiendas de barrio, o

a quienes adelantan obras públicas o privadas”.

Según el general (r) Manuel José Bonnet Locarno, “la extorsión es el motor de la inseguridad en todas las ciudades. Las bandas criminales controlan los mercados grandes y medianos. Este delito es el centro de su negocio, y lo realizan mediante el dominio de actividades económicas muy rentables en las urbes”.

El robo en las ciudades es otro gran problema. “En los últimos años, en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Cali se ha incrementado tremendamente el hurto a personas y el porcentaje mayor es el atraco o robo de celulares”, afirmó el coronel (r) Mauricio Miranda.

Existen una infinidad de factores que inciden en la proliferación de este fenómeno, explica “[…] por ejemplo, el que los usuarios prefieran comprar celulares en el mercado negro, la falta de compromiso real por parte de los operadores para bloquear los teléfonos robados, la cultura de la ilegalidad y el hecho de que las penas en torno a ese delito no existan, pues es catalogado como de menor cuantía. Así, cuando capturan a un delincuente, por el tipo de delito y cumpliendo con la norma escrita, un juez de control de garantías lo deja en libertad”.

Y agrega: “El bandido conoce cómo funciona el sistema y aprovecha los vacíos para robar celulares y salir a la libertad”.

Las ciudades ante el posconflicto

Los efectos que tendrá en las capitales la firma del proceso de paz que se adelanta en La Habana será otro de los retos cruciales para los próximos alcaldes.

Para el director del IEU, Carlos Alberto Patiño Villa, “la consolidación del proceso de paz pasa necesaria e ineludiblemente por las ciudades. Es imposible darle una salida creíble sin que se reforme de manera estratégica el gobierno de las áreas urbanas”.

En la misma línea, Jorge Enrique Almario, subdirector de Planeación del Valle del Cauca, asegura: “Los frentes más activos de las Farc operan en el suroccidente, y Cali sería un excelente laboratorio para el posconflicto. Quien vaya a gobernar la ciudad deberá articularse con ese escenario. De lo contrario, padecerá lo que se viene después de los acuerdos más como una crisis que como una oportunidad de gobierno urbano”.

El general (r) Bonnet argumenta que, en las ciudades, la incidencia de la firma del acuerdo de paz con las Farc “puede ser similar a la ocurrida con las autodefensas, que aparecieron en las ciudades y dañaron el orden público, porque conformaron las bandas criminales que operan en las urbes”.

En un mundo contemporáneo, marcado por la globalización, las ciudades han emergido como un sitio para nuevas demandas por parte del capital global, para el comercio de servicios y la inversión, y como centro para las operaciones financieras internacionales. Las ciudades, al ser los escenarios de las dinámicas tecnológicas, financieras y de negocios, se constituyen los centros de procesos económicos transnacionales, sin necesidad de que exista continuidad geográfica, lo que da lugar a un sistema urbano transnacional.

Ahora bien, tales transacciones internacionales no solo se dan en el ámbito de la economía legal, sino que también funcionan como centros internacionales del crimen organizado y de las rentas ilegales transnacionales. Los avances en tecnologías de la información y las comunicaciones en el contexto de la globalización han facilitado sus operaciones y permitido que estas organizaciones encuentren en las ciudades un refugio para su funcionamiento.

El crimen organizado transnacional que opera en las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá se ha hecho cada vez más evidente en Colombia, con los vínculos entre las bandas criminales y los carteles de drogas mexicanos. “Las actividades ilegales tan rentables que manejan las estructuras criminales en las ciudades las obligan a hacer alianzas internacionales, con la mafia mexicana, rusas, asiáticas, italianas”, afirmó el coronel (r) de la Policía Nacional, Mauricio Miranda.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio:

El próximo 25 de octubre del 2015 se llevarán a cabo las votaciones para elegir los alcaldes que gobernarán en todo el territorio nacional. Estas son fundamentales debido a que Colombia se caracteriza por ser una sociedad en su mayoría urbana.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en la actualidad el 80 % de la población en Colombia se ubica en áreas urbanas.

Para 2015, según las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las ciudades colombianas que cuentan con más de un millón de habitantes son: Bogotá, en la región andina, con 7.878.783 habitantes; Medellín, en el noroccidente, con 2.464.322; Cali, en el suroccidente, con 2.369.821; Barranquilla, en la costa Caribe, con 1.218.475; y, Cartagena, también en la costa norte, con 1.001.755. Bucaramanga y su área metropolitana

(Floridablanca, Girón y Piedecuesta), en el nororiente del país, albergan 1.122.945 habitantes.

El crecimiento de este sector implica que millones de personas demanden condiciones mínimas para el desarrollo de la vida con el mayor margen de éxito posible. En ese sentido, los próximos gobernantes deberán trabajar en las problemáticas propias de la vida urbana para permitir el desarrollo óptimo de sus habitantes.

Las principales ciudades del país se han convertido en el destino por excelencia de miles de personas que buscan mejorar sus oportunidades económicas y la posibilidad real de tener diversos derechos como los de propiedad, participación política, educación, salud, seguridad y servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, en la realidad estas demandas entran en una fuerte tensión con la capacidad que tiene el Estado para atenderlas de manera eficiente y para crear una infraestructura adecuada que soporte dichas necesidades de los ciudadanos.

En este contexto, el reto principal para los próximos alcaldes que gobernarán las ciudades durante el periodo 2016-2019 será, en lo posible, cerrar la brecha entre las demandas ciudadanas en materia de seguridad, empleo, servicios públicos domiciliarios y movilidad, y fortalecer las capacidades del Gobierno urbano para satisfacer dichas demandas.

Los problemas de movilidad representan un elevado costo para el país, no solo en términos monetarios, sino porque las ciudades necesitan ser funcionales para que sigan congregando personas. Por consiguiente, es necesario que los próximos Gobiernos locales empiecen a establecer un modelo de ciudad claro, que permita el desarrollo coherente de los sistemas de transporte público, la regulación adecuada del parque automotor, la planeación y manutención de las vías, entre otros.

Teniendo en cuenta el ritmo vertiginoso con el que se desarrollan las tecnologías y las demandas de otros servicios públicos domiciliarios que generan, es necesario que Colombia no solo se ponga al día con el cubrimiento, calidad y equidad –en términos de costos– del acueducto, el alcantarillado, el aseo, la energía eléctrica, el teléfono y el gas natural, sino que promueva la infraestructura óptima para nuevos servicios como internet y telecomunicaciones.

En cuanto al renglón de empleo, Diego Silva, subdirector del DANE, llama la atención a los próximos alcaldes sobre tres aspectos fundamentales: descenso del desempleo, trabajo de calidad y mayor esfuerzo para sensibilizar a la sociedad frente a la importancia de la formalidad.

“La gente necesita desempeñarse en labores que no atenten contra la dignidad humana y el crecimiento personal. Debe haber correspondencia entre la formación de los individuos y el trabajo a desarrollar. Las empresas y grupos económicos también deben participar en el mejoramiento de la calidad del trabajo en el país. Es responsabilidad de los alcaldes jalonar estos procesos y evitar que las condiciones precarias se mantengan”, asegura Miguel Silva.

Para el profesor Carlos Alberto Patiño Villa, director del IEU, el principal reto que tienen los alcaldes en seguridad será evitar que la criminalidad se vuelva una amenaza estratégica para las ciudades y para el Estado, pero, sobre todo, brindar a los habitantes la posibilidad de ejercer con total libertad sus derechos y sus garantías políticas y ciudadanas, es decir, que no sean extorsionados, sometidos al desplazamiento forzado intraurbano, al control territorial de grupos armados ilegales y, en consecuencia, que tengan derecho a una justicia eficiente y eficaz.

Bogotá, al igual que otras urbes, no ha logrado el cubrimiento total de los servicios públicos domiciliarios, en la medida en que esta sigue extendiéndose, y con ella, los asentamientos informales.

Este hecho, declara el profesor Fabio Zambrano, conlleva a que incluso haya un subregistro en las cifras que presenta el Gobierno local. En términos reales, el porcentaje de desabastecimiento puede duplicarse.

Por habitantes de Bogotá, Medellín y Bucaramanga como primordiales, no se puede negar que uno de los desafíos para los próximos alcaldes es el aumento en la calidad de vida de los ciudadanos, estrechamente relacionada con suplir necesidades básicas que les permitan desarrollar su vida de la mejor forma posible.

Ello se traduce también en la disponibilidad suficiente de servicios públicos domiciliarios.

Si bien existen problemas de movilidad en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, hay uno que engloba a los demás, por cuanto determina su devenir: la ausencia de un modelo de ciudad claro que conlleve no solo a la óptima distribución de los equipamientos urbanos (uso del suelo) acortando las distancias a recorrer por los habitantes, sino también las formas de transporte eficientes y de infraestructura suficientes para permitir su movilidad.

La concepción distorsionada del proyecto de ciudad deseada promueve la separación entre la ciudad proyectada y la establecida.

El ingeniero Carlos Alberto Acero precisa que en Bogotá este problema es crucial si se tiene en cuenta que ha tenido, en los últimos 20 años, de 10 a 12 modelos, por lo cual la capital, en comparación con otras ciudades latinoamericanas, tiene un atraso de casi 30 años en movilidad.

La evidencia es que Bogotá tiene 15.549,5 kilómetros/carril de vías, de los cuales el 53 % corresponde a la malla local (de los barrios) y es la más deteriorada así: el 56,26 % está en mal estado y el 24,88 % en condiciones regulares. A esto se suman los problemas que tiene la ciudad para implantar medios de transporte más efectivos como el metro o fortalecer el tren de cercanías, y su respectiva sostenibilidad.

En la Encuesta Integrada de Hogares del DANE, realizada entre noviembre de 2014 y enero de 2015 en 13 áreas del país, 1.842.000 personas en Bogotá se encuentran en la informalidad; en Medellín, 761.000; en Cali, 556.000; en Barranquilla, 473.000; en Cartagena, 313.000, y en Bucaramanga, 228.000.

El subdirector del DANE, Diego Silva, considera necesario que las empresas y los empleados tengan conocimiento sobre la importancia y las ventajas de ser formal:

“Hay un fenómeno en Colombia y es el querer ser formal, entre tanto el informal siempre se presenta como una víctima, pero hay más matices. […] Muchos informales prefieren operar de esa forma porque obtienen más réditos, pueden burlar al fisco, pagar menos impuestos o no enredarse con ejercicios contables. Pero, no tiene ningún sentido que un alcalde no tenga una política de empleo que no busque aminorar la informalidad y que existan grupos de intereses muy grandes que prefieran que se mantenga la informalidad”.

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