miércoles febrero 1 de 2023

Fiscal Martínez lanza críticas a la cooperación internacional en caso Odebrecht

02 marzo, 2017 Económicas, Judiciales, Política

 

El fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo este jueves que la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, no es efectiva por los intereses de países industrializados que privilegian sus legislaciones sobre las de los países afectados.

Martínez señaló que: “El sistema de cooperación de la OCDE privilegia a los países de los que son procedentes las empresas corruptoras”.

Y agregó que esta situación crea dificultades para adelantar investigaciones en los países receptores de sobornos, porque en el caso de la brasileña Odbrecht, el acuerdo confidencial entre los 78 directivos les da inmunidad para ser procesados de manera penal y permite que la constructora siga contratando con los Estados.

El fiscal considera que con ello se generan líos, debido a que la entrega de pruebas y la cooperación internacional está sujeta a los beneficios que le otorgaron Oderbecht en Brasil y no obliga a los responsables de la constructora a que comparezcan ante las autoridades de otros países.

Martínez dijo que: “fuera de que en Brasil no extradita a sus ciudadanos, el convenio de la OCDE queda sin piso, pues una de las directrices de la lucha contra la corrupción es que las empresas que entregan sobornos no puedan seguir operando ni contratando. A esta situación se suma que, de la multa de más de US$3 billones que va a pagar Oderbecht a nivel mundial, un 80% irá a favor de Brasil, un 10% para EE.UU. y el otro 10% para Suiza. Es decir, ni un solo peso ingresará a las arcas de los Estados en los que se pagaron multimillonarios sobornos para desfalcar al erario”.

El modelo que implementado por Odebrecht para el pago de sobornos fue el mismo en todos los países, dijo Martínez, lograr que los funcionarios aceptaran coimas a cambio de direccionar licitaciones, posteriormente los enviaban a Miami a una oficina de abogados para que los asesoraban en la creación de empresas offshore y de esta manera girar los dineros.

El jefe de ente acusador señaló que en el año 2010 Odebrecht compró el Meinl Bank en Antigua y Bermuda, utilizado con más de 40 cuentas para transferir más de US$1.609 millones con los que se sobornaron funcionarios por más de 15 años.

Justamente por ese banco pasó la plata entregada al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales.

Martínez puntualizó que: “La norma que está incluida en esta ley es contra el servidor público. ¿Y el cohechador dónde queda? ¿El prestador de servicios dónde queda? ¿Y el auxiliador sofisticado que bajo la manta de un contrato empieza a cooptar constreñidores para llevar a cabo el cohecho? Ese sofisticado servidor que recluta congresistas, servidores liberales, gobernadores y concejales para constreñir al servidor público con miras a que haga lo que quiera la empresa corruptora. Eso no existe en la convención de la OCDE. Quedémonos mejor con el código penal colombiano y hagamos justicia en Colombia”.

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