martes octubre 4 de 2022

Congreso aprobó ley de adhesión a Convención de Budapest

22 junio, 2018 Internacionales, Política

Ese Convenio se ha consolidado como la mejor herramienta de trabajo para los Estados partícipes en la lucha contra el cibercrimen, pues facilita la adopción de medidas para detectar y perseguir, tanto nacional como internacionalmente, a los posibles ciberdelincuentes.

El proyecto de ley aprobatoria del Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa presentado por el Gobierno Nacional, en cabeza de la Cancillería y los Ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fue aprobado por el Congreso de la República.

Dicho Convenio permitirá a Colombia no solo avanzar en la cooperación internacional contra delitos informáticos, sino también fortalecer las leyes y las regulaciones en contra del cibercrimen a todos los niveles.

El Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, también conocido como Convenio de Budapest, es el primer tratado internacional que hace frente a los delitos informáticos y a los delitos en internet, y que se enfoca en dos frentes: el de fortalecer o dar un marco de regulación a los delitos cibernéticos y el de la cooperación internacional.

Este Convenio se ha consolidado como la mejor herramienta de trabajo para los Estados partícipes en la lucha contra el cibercrimen pues facilita la adopción de medidas para detectar y perseguir, tanto nacional como internacionalmente, a los posibles ciberdelincuentes.

En esa medida, se prevé la creación de una red que opere 24 horas los 7 días de la semana, para garantizar una rápida cooperación internacional que reaccione frente a algún tipo de incidente.

En consecuencia, en casos que suponen el uso ilícito de las redes de comunicación, el instrumento permite investigar y judicializar estos crímenes, para que el país no se convierta en un paraíso donde los ciberdelincuentes extiendan sus redes de operación.

Antes de proceder a la ratificación de la Convención, la ley aprobatoria deberá contar con la sanción presidencial, el concepto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, y por último el depósito del instrumento.

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