viernes septiembre 30 de 2022

La ONU pide a Iván Duque enfrentar con prioridad en su gobierno violencia contra líderes sociales

28 julio, 2018 Internacionales, Política

Presidente de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia Jean Arnalt

BOGOTA, 27 de julio RAM_ “El aumento del número de muertes confirma la urgencia que reviste hacer frente a la dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales. El nuevo Gobierno tendrá que dar prioridad a esta cuestión en su agenda, y el sistema judicial tendrá que redoblar sus esfuerzos para que los autores materiales rindan cuentas”.

Las precisiones las hizo el presidente de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia Jean Arnalt en el tercer informe que rindió la víspera ante el Consejo de Seguridad en Nueva York sobre sus actuaciones en el país y en el cual advierte que esta criminalidad “sigue estando relacionada con los agentes que tratan de controlar las comunidades, las tierras y los recursos, en particular en las zonas que estuvieron bajo la influencia de las Farc”.

Al efecto, resalta información de la Defensoria del Pueblo de Colombia, según la cual desde 2016, cuando se firmó la histórica paz con las comunistas Farc, han sido asesinados 326 activistas de derechos humanos, de causas afro, indígenas y campesinas.

Agrega que la mayoría de los homicidios, que generaron protestas masivas en plazas públicas del país, ha ocurrido en zonas con narcocultivos o minería ilegal.

Además subraya que desde agosto de 2017 han sido asesinados 51 miembros del ahora partido de izquierda Farc y 5 más fueron desaparecidos forzosamente.

Frente a la grave situación, recuerda que el presidente electo Iván Duque declaró en su discurso de aceptación que su intención era unir al país y “pasar la página de la polarización” y que en cuanto al proceso de paz, reafirmó las declaraciones hechas durante la campaña en el sentido de que su Gobierno no impugnaría el Acuerdo de Paz en su conjunto, pero que sí haría “correcciones” mediante un acuerdo nacional.

En la exposición que hizo Arnault al presentar el informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU, destacó el “Pacto de Rechazo a la Violencia contra Líderes Sociales” firmado por el Presidente Juan Manuel Santos y el presidente electo Iván Duque.

Sin embargo, advirtió que aunque las medidas más importantes previstas en el Acuerdo de Paz para mejorar la seguridad de las comunidades se han comenzado a implementar, “su impacto hasta la fecha ha sido claramente insuficiente”.

“Un amplio consenso y un sentido de urgencia por parte de la sociedad colombiana puede ser lo que se necesita para dar impulso a la implementación de estas medidas y para estimular los esfuerzos del sistema judicial para procesar a las personas responsables de estos ataques”, agregó.

Dijo que en este sentido, seguirá siendo una de las principales prioridades de la Misión continuar apoyando, de acuerdo con su mandato, a las instituciones colombianas en sus esfuerzos por poner fin a la violencia en los territorios.

Además, subrayó: “Esperamos sinceramente que se pueda forjar un consenso similar en torno al desafío central para la consolidación de la paz, que es abordar la combinación de pobreza, violencia y economías ilegales a la que siguen sometidos los y las habitantes de las antiguas zonas de conflicto”.

Al respecto, señaló que se requiere un esfuerzo estrechamente coordinado y debidamente financiado de las instituciones estatales, en cooperación con las comunidades afectadas y sus organizaciones, para lograr llevar el estado de derecho, la seguridad y oportunidades productivas legales a zonas que durante mucho tiempo han sido presa de violencia por grupos ilegales y de la negligencia del Estado.

Por lo tanto—resaltó — me gustaría hacer eco del informe del Secretario General y hacer un llamado al diálogo y a la cooperación entre el nuevo gobierno nacional, las autoridades territoriales, las organizaciones sociales y la sociedad civil en los territorios. Creemos que ese diálogo y esa cooperación son un requisito necesario para el éxito, puntualizó.

En el informe, la Misión de la ONU hace las siguientes precisiones en torno al terma de seguridad y la violencia que subsiste en el territorio colombiano:

Seguridad de los excombatientes de las FARC-EP fuera de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación

  1. En zonas en que no existen mecanismos de seguridad de la Fuerza Pública y la Unidad Nacional de Protección, 51 exmiembros de las FARC-EP han sido asesinados y otros 5 han sido víctima de desapariciones forzadas desde agosto de 2017. En el período sobre el que se informa fueron asesinados 22 exmiembros de las FARC-EP y 2 familiares de exmiembros. Desde enero de 2018 la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General se ha dedicado principalmente a investigar esos casos.

A raíz de la investigación de 29 casos, la Unidad determinó los móviles de diversas muertes y en el 40% de los casos logró identificar a los autores materiales o intelectuales o a todos ellos. En lo que respecta a uno de los casos más emblemáticos, el asesinato de dos exmiembros de las FARC-EP en Peque (Antioquia), ocurrida en enero, la Unidad detuvo a dos autores materiales y un autor intelectual del crimen, todos los cuales eran miembros del grupo armado ilegal Clan del Golfo.

  1. Los días 9 y 10 de julio los dirigentes de la FARC organizaron una reunión de representantes de todos los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y nuevos puntos de reagrupamiento, en la que participaron el Ministro del Interior, el Mecanismo Tripartito de Protección y Seguridad, la Fuerza Pública y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, a fin de debatir los problemas de seguridad a que se enfrentaban los excombatientes. Las mayores amenazas mencionadas por los excombatientes tenían que ver con el tráfico de drogas. Los cinco espacios territoriales de capacitación y reincorporación con mayores problemas de seguridad son precisamente los ubicados en corredores históricos del tráfico de drogas. El deterioro de la seguridad de los territorios coincide con la proliferación de grupos armados ilegales y grupos reincidentes y con la captación de algunos miembros del personal civil y militar local por parte de los traficantes de drogas. Otro factor es el elevado grado de inseguridad que existe a causa del lento avance de los proyectos productivos en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y los nuevos puntos de reagrupamiento. Se acordó elaborar planes de prevención en los territorios y protocolos de seguridad para la protección de las comunidades y los líderes, así como coordinar las actividades de los equipos de escolta e insistir en el avance de los proyectos productivos.

Seguridad de las comunidades, las organizaciones y los líderes en las zonas más afectadas por el conflicto

  1. Al igual que a la mayoría de los colombianos, me siguen preocupando profundamente los asesinatos de líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, problema que repuntó notablemente en los días posteriores a las elecciones presidenciales. En una declaración reciente, el Fiscal General señaló que el aumento de los homicidios no afectaba solo a los líderes, sino también a los miembros de las comunidades, ya que la violencia había aumentado de manera generalizada en muchas zonas rurales.

En el período sobre el que se informa, el 70% de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo se referían al riesgo inminente a que se enfrentaban las comunidades y los líderes sociales y étnicos en relación con la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos y el reclutamiento continuo de niños, lo que confirma la tendencia mencionada. Además, el Defensor del Pueblo ha hecho hincapié en los riesgos relacionados con la violencia sexual que existen en varios departamentos.

  1. No cabe duda de que esta tendencia sigue estando relacionada con los agentes que tratan de controlar las comunidades, las tierras y los recursos, en particular en las zonas que estuvieron bajo la influencia de las FARC-EP. En algunas regiones, como el departamento de Nariño y el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, esta situación ha dado lugar a un grado de violencia que no se veía desde el fin del conflicto.

Por ejemplo, el 3 de julio fueron asesinadas siete personas en Argelia (Cauca), municipio ubicado en una ruta estratégica del tráfico de drogas.

  1. El Acuerdo de Paz preveía una serie de instrumentos para hacer frente a la situación en las zonas más afectadas por el conflicto. Entre ellos cabe destacar el establecimiento del Cuerpo Élite de la Policía Nacional, que trabajaría en las zonas que habían estado afectadas por el conflicto; el fortalecimiento de la Fiscalía General mediante la creación de la Unidad Especial de Investigación, dedicada a la desarticulación de las organizaciones criminales; el refuerzo del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y la respuesta de los organismos estatales; el programa de sustitución de cultivos ilícitos; el programa nacional de protección de las comunidades, sus organizaciones y los líderes; la aprobación de la ley de sometimiento de las organizaciones criminales y armadas ilegales a la justicia ordinaria; y la promoción de la reconciliación nacional por conducto del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. El Plan Horus del Gobierno, en marcha desde finales de 2017, tiene como fin desplegar a la Fuerza Pública en los municipios más vulnerables. Todas estas medidas se encuentran en diferente grado de aplicación. No obstante, en conjunto está claro que aún no han generado los efectos deseados y, en cierta medida, el problema incluso se ha agravado. El llamamiento urgente del Presidente Santos a suscribir un pacto nacional contra la violencia recibió un apoyo generalizado, lo que da idea de la magnitud del problema. La Misión ha continuado haciendo un seguimiento de esas medidas y respaldando su aplicación.

Sistema de alertas tempranas y respuesta institucional

  1. En lo que respecta al sistema de alertas tempranas, la Misión ha hecho un seguimiento de 27 alertas tempranas nuevas en 49 municipios. La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas hizo ciertos avances en la coordinación de la respuesta institucional a las alertas tempranas. Sin embargo, para que esta sea eficaz, las autoridades regionales y locales tendrán que estar más dispuestas a asumir responsabilidades y será necesario disponer de recomendaciones más orientadas a soluciones, más cuantificables y mejor articuladas.

Fiscalía General y Unidad Especial de Investigación

  1. En respuesta a los ataques llevados a cabo contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos, la Fiscalía General ha adoptado unas directrices estratégicas y elevado la prioridad que varias de sus unidades de enjuiciamiento, incluida la Unidad Especial de Investigación, conceden a esos casos.

Según las cifras más recientes de la Fiscalía General, de los 184 casos investigados desde enero de 2016, se han hecho avances en 89, en los que se ha identificado a 57 autores materiales y 32 intelectuales.

  1. Por su parte, la Unidad Especial de Investigación se ocupa desde abril de 2018 de 71 casos de ataques contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos llevados a cabo en los cinco departamentos de Antioquia, Córdoba, Meta, Valle del Cauca y el Cauca.

Programa integral de seguridad y protección para las comunidades, las organizaciones, los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos

  1. El programa de medidas colectivas para las comunidades fue aprobado por decreto presidencial el 18 de abril tras la celebración de amplias consultas con un gran número de organizaciones de la sociedad civil. Este programa está diseñado para ser un elemento clave de la política pública nacional de prevención y protección de las comunidades. La Misión está discutiendo su aplicación y las prioridades de verificación con las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil.

Programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización

  1. Este programa, previsto en el Acuerdo de Paz entre las garantías de seguridad para las comunidades en la zona de conflicto, ha sido dirigido desde 2017 por el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Hasta la fecha, el Consejo ha nombrado oficialmente a 105 miembros, 70 de los cuales representan a 36 sectores de la sociedad civil colombiana (el 44% son mujeres) y 35 representan a instituciones públicas, incluidos los poderes ejecutivo y legislativo (el 50% son mujeres). En noviembre de 2017 el Presidente Santos anunció su plan de trabajo y destacó tres aspectos clave: a) los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia; b) la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización; y c) la educación cívica para la paz.
  1. Hasta la fecha, el Consejo ha celebrado cinco reuniones regionales en que han participado un gran número de mujeres, jóvenes, organizaciones étnicas y religiosas, organizaciones de víctimas, exmiembros de las FARC-EP, campesinos y asociaciones empresariales. La Misión respaldará las actividades de este importante mecanismo de diálogo entre sectores diversos de la sociedad colombiana.

Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

  1. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se ha centrado en elaborar un plan de acción para combatir y desarticular las organizaciones y conductas criminales, y ha servido de plataforma para el diálogo y el fomento de la confianza entre la sociedad civil y los agentes estatales. Su subcomisión técnica ha celebrado 11 sesiones regionales para fortalecer sus relaciones a los niveles departamental y local.

En la sesión más reciente, celebrada el 10 de julio y cuyo fin era diseñar nuevas medidas para hacer frente a los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, los participantes de la sociedad civil presentaron recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Comisión e hicieron hincapié de manera unánime en la importancia que revestía que siguiera funcionando con el Gobierno entrante.

Experiencia adquirida

  1. En lo concerniente a la mayoría de los instrumentos mencionados, hay infinidad de razones para mantener el rumbo. Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo han resultado ser precisas en líneas generales y útiles para fines de prevención, así que con tiempo y con liderazgo político las instituciones deberían ser capaces de responder más eficazmente. Entre las instituciones estatales, la Fiscalía General ha venido encabezando el análisis de los problemas resultantes de la ausencia del Estado en las zonas de conflicto, y sus investigaciones parecen estar centrándose en los autores de los actos de violencia y las estructuras que los sustentan.

El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y sus consejos territoriales ofrecen una plataforma para que diversos sectores de la sociedad colombiana dialoguen sobre los principales problemas a que se enfrenta el país.

  1. Una de las principales deficiencias del proceso de implementación ha sido la falta de integración entre los diferentes ámbitos de acción estatal en las zonas rurales.

El establecimiento de prioridades, la secuenciación y la concentración geográfica podrían ampliar al máximo los efectos de los recursos disponibles, que son limitados, en la seguridad y el bienestar de las comunidades. Como señalé en mi informe anterior, el despliegue de la Fuerza Pública no se ha combinado suficientemente con la provisión de bienes y servicios por medio de la presencia civil del Estado, y el programa de sustitución de coca tampoco se ha combinado con otros instrumentos de influencia estatal.

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