viernes abril 19 de 2019

Corte debe definir si magistrada ponente sobre aborto podría estar impedida

16 octubre, 2018 Judiciales, Política, Salud

Poner o no límites de tiempo para la interrupción del embarazo es el primer punto del orden del día en la sala plena de la Corte Constitucional que se realizará este miércoles, en donde se espera que se tome una decisión final frente a la ponencia de Cristina Pardo.

La ponencia plantea que es necesario poner un límite para esta práctica de 24 semanas en los tres casos que permite la ley: cuando hay una afectación a la salud mental o física de la mujer, cuando es resultado de una violación, o cuando hay malformaciones en el feto.

Esto, al cuestionar duramente la decisión de ordenar como medida cautelar el acceso a la interrupción voluntaria de embarazo de una mujer con 26 semanas de gestación, porque iría en contra de la protección de la vida del ser humano.

Pero antes de entrar a revisar si acogen la ponencia o no, los magistrados tendrán que resolver una pregunta y es si Pardo está impedida, pues en el 2014, siendo Secretaría Jurídica de Presidencia hizo uso de la objeción de conciencia para no emitir concepto sobre un tema similar.

“(…) Y lo hizo por considerar que no estaba de acuerdo con la hermenéutica constitucional por razones éticas. Y alega la objeción de conciencia para no pronunciarse sobre ese caso”, afirma la abogada Ana Patricia Pabón, quien es coordinadora de Género y docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y quien agrega que dicho precedente es suficiente para que se separe de la discusión.

De ser recusada, la magistrada no podría votar sobre su misma ponencia, que al parecer no tiene el apoyo suficiente.

Organizaciones sociales han insistido que si las mujeres llegan a un periodo de gestación tan avanzado es porque hay muchas trabas para poder ejercer el derecho que tienen. Y, que un limite como este, empeoraría la situación.

“El Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia en general tiene muchos obstáculos para los usuarios de los servicios de salud y las mujeres que solicitan una IVE legal viven además estos en obstáculos los prejuicios institucionales”, dice la abogada.

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