miércoles mayo 12 de 2021

Beneficios de la JEP para 1.529 miembros de la fuerza pública

25 febrero, 2019 Judiciales

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Ante la JEP se han sometido 1.958 miembros de la fuerza pública de Colombia, según un balance la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de esta jurisdicción. De ellos, 1.529 ya recibieron algún tipo de beneficio jurídico.

Los números, que abarcan entre abril de 2017 y febrero 18 de 2019, indican que 1.051 miembros de la fuerza pública (68, 7 por ciento del total que han recibido algún beneficio) obtuvieron el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada (LTCA).

Los resultados también dicen que un porcentaje menor, 19 por ciento, obtuvo la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento, y que un 12,3 por ciento, privado de la libertad, fue llevado a unidades militares. En cuanto a autorizaciones de salida del país, solo un compareciente ha obtenido el beneficio.

Las cifras han venido creciendo debido a las nuevas suscripciones de actas de sometimiento, incluso después de expedida la Ley 1922 de 2018 (normas de procedimiento de la JEP), cuyo artículo 75 estableció la posibilidad de que los miembros de la fuerza pública no comparezcan obligatoriamente a la jurisdicción durante 18 meses.

Cabe recordar que la JEP, desde el 17 de julio de 2018, abrió y priorizó el caso 003 para esclarecer “las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

Recientemente, la presidente de la JEP, Patricia Linares, indicó que “11.700 personas han suscrito acta de sometimiento ante la Jurisdicción”. De ese número, 9.691 corresponden a comparecientes provenientes de las Farc-EP.

A la JEP pueden comparecer excombatientes de las Farc-EP, integrantes de la fuerza pública que hayan sido procesados o cometido delitos relacionados con el conflicto armado (en ambos casos su participación es obligatoria), personas implicadas en conductas cometidas en contextos de protesta social o disturbios internos y, por último, terceros, es decir, agentes del Estado que no hayan sido parte de la fuerza pública y civiles que hayan sido procesados o cometido delitos relacionados con el conflicto armado (su participación es voluntaria).

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