domingo octubre 20 de 2019

Congreso debe terminar el trámite de objeciones presidenciales a ley de JEP: Corte Constitucional

20 marzo, 2019 Judiciales, Política

Este miércoles y por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida para ejercer el control automático de constitucionalidad de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por lo que se pronunciará cuando el congreso finalice el trámite de la objeción presidencial.

Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, dijo que el trámite administrativo de las objeciones continúa el Congreso de la República, por lo que la Corte no puede tomar una decisión de fondo.

Y agregó que: “En estos momentos el trámite no ha terminado en el Congreso, que es el órgano competente para las deliberaciones sobre las objeciones”.

Ortiz sostuvo que: “Eso no significa que la Corte no pueda en algún momento revisarlo, porque si ese trámite en el Congreso produce modificaciones al contenido más general al proyecto de ley e involucra un trámite legislativo, la Corte tiene un control previo, automático y único de constitucionalidad”.

El magistrado Antonio José Lizarazo, quien es el ponente de la decisión, dijo que con las objeciones de Duque el proceso de revisión se retrotrajo.

Y agregó que: “Cuando un presidente formula objeciones un proyecto de ley se retrotrae al segundo debate, es decir se repite en relación con las normas objetadas”.

Manifestó además que este tribunal adelantará sus funciones de control solamente cuando terminen las discusiones en el Congreso de la República.

Como se sabe, este miércoles la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este miércoles un rápido acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso colombiano para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) empiece a funcionar, conforme lo estableció el acuerdo de paz con las Farc.

“Dos años después de la firma del acuerdo de paz, aliento al Gobierno a implementar la JEP de una manera integral”, declaró la alta comisionada en la presentación de los informes de su oficina acerca de una serie de países ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra.

La ley estatutaria de la JEP ha vuelto al Congreso porque Duque considera que los artículos objetados no garantizan los principios de verdad, reparación y no repetición amparados en el acuerdo de paz.

Al respecto, Bachelet pidió una “decisión rápida” por parte de los poderes del Estado para que el JEP pueda operar “de una manera más independiente y se refuerce la seguridad legal de las víctimas”.

Además, Bachelet dijo que resultan preocupantes “algunos aspectos de la nueva Política de Seguridad” de Colombia, en particular los relativos al aumento del uso de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública y la creación de una red de participación cívica para reforzar la seguridad.

Por otra parte, la alta comisionada dijo que su oficina recibió, hasta el pasado 8 de marzo, información sobre 27 asesinatos de defensores de los derechos humanos desde inicios de 2019, mientras que en 2018 hubo 110 casos, de los que una cuarta parte correspondieron a indígenas y afrocolombianos.

“La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas rurales donde la influencia de las Farc-EP era fuerte y la presencia del Estado sigue siendo débil, sobre todo en sanidad, educación y otros servicios fundamentales”, explicó.

Varios activistas fueron asesinados justamente por su apoyo a elementos del acuerdo de paz, como la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y los programas de sustitución de cultivos ilícitos.

En la réplica de Colombia a lo expuesto por Bachelet, la embajadora de este país ante la ONU en Ginebra, Adriana Mendoza, reconoció que la transición hacia la estabilidad y la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio colombiano “ha coincidido con más ataques y amenazas contra los líderes sociales”.

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