lunes agosto 3 de 2020

El timonazo presidencial con las pensiones

Por: Juan Manuel Ospina

Bogotá, 30 de abril_ RAM_¿En qué se asemejan la actual pandemia y un terremoto? En que desnudan las fisuras y debilidades estructurales de las obras humanas, que estaban cubiertas por un pañete que pulía la superficie, escondiendo las fallas interiores. Vendrá la evaluación de los destrozos para planear la reconstrucción, el momento del examen y del replanteamiento del ordenamientos social vigente que se venía aplazando, aunque los sismógrafos sociales anunciaban la ocurrencia de un evento de gran magnitud. Quedó al desnudo la fragilidad de la existencia humana y el nivel de incertidumbre que envuelve cualquier predicción sobre el futuro, una derrota no solo grande sino definitiva del racionalismo propio de la modernidad.

Un tema prácticamente universal, incluido en todas las listas de reclamos ciudadanos durante el semestre pasado, es el de las pensiones, o sea los ingresos luego de concluida la vida laboral de las personas empleadas. No ha habido hasta ahora quién le ponga el cascabel al gato; pero parece que al menos en Colombia eso sucedió en medio del revolcón actual.

En medio del desarrollo de la emergencia económica decretada por el gobierno Duque, se expidió el decreto Nº 558 “para proteger a los pensionados bajo la modalidad del ahorro individual”, un decreto que admite varias lecturas, pero que tiene un mensaje claro: en épocas de turbulencia como la actual, el sistema del ahorro individual, administrado por empresas privadas vinculadas principalmente al sistema financiero, no da las necesarias garantías para conservar el valor de las mesadas pensionales, especialmente de aquellas cuyo valor está cercano al salario mínimo legal, el mínimo establecido por la ley. Para evitar ese riesgo, el gobierno cortó por lo sano y ordenó que los fondos de ahorro privados administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sean trasladados a Colpensiones para su administración.

El mensaje del gobierno en esta decisión puede anticipar la línea de desarrollo de la aplazada pero necesaria reforma pensional y admite la siguiente lectura: reiterar que los dineros de las pensiones son más que ahorros de las personas salidos de su ingreso o salario y entregados a una entidad financiera, una AFP para que los invierta cobrándole por ello una comisión y entregándole el producido de las inversiones realizadas en papeles. El decreto reitera que esos dineros son una conquista laboral para garantizarle al pensionado una seguridad económica básica en su período vital no productivo; que no son dineros para jugarlos en la ruleta de la bolsa de valores, en donde la especulación lo puede enriquecer pero también desplumar.

Dado ese paso fundamental, el siguiente ya en la postpandemia sería reformar el sistema público a cargo del Estado en cabeza de Colpensiones, con el objetivo de alcanzar la cobertura universal de ese derecho con una pensión básica y abrir el camino para amparar a trabajadores informales e independientes.

En estos tiempos de inseguridad colectiva, los temas de seguridad y solidaridad se vuelven no un capricho populista o estatista sino una necesidad de primer orden. Todos somos ya viejos o lo seremos, más pronto de lo que se cree. Por ello no es un asunto menor, que además tiene hondas implicaciones económicas, dada la magnitud de ahorro ciudadano que recoge el sistema pensional y debería ser empleado por el Estado para financiar inversión pública en el desarrollo económico y social de la nación y sus regiones, también para que no siga aumentando la concentración de poder en una economía cada vez menos nacional y más privada.

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