miércoles marzo 3 de 2021

Aplazan para el jueves debate al Acuerdo de Escazú

27 octubre, 2020 Planeta Tierra

 Bogotá, 27 de octubre_ RAM_ Tras dos aplazamientos, las Comisiones Segundas del Senado y Cámara volvieron a posponer el inicio del análisis del proyecto de ley por medio de la cual Colombia busca ratificar el Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Así las cosas, las sesiones conjuntas fueron citadas para este jueves, a las 10 de la mañana.

La iniciativa fue presentada por el Gobierno nacional con mensaje de urgencia, no obstante partidos de la coalición como el Centro Democrático y Conservador, así como como algunas voces en los partidos independientes Liberal y Cambio Radical, han manifestado sus temores frente al Acuerdo porque consideran que sus disposiciones podrían afectar proyectos de desarrollo importantes para el país.

Hace un mes, en su intervención ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Duque dijo que “estamos a la espera de la aprobación por parte del Congreso de la República del denominado Acuerdo de Escazú, el cual firmamos a finales del año pasado”.

Sin embargo, desde entonces el jefe de Estado ni el recientemente posesionado ministro de Ambiente, Carlos Correa, han dicho una palabra sobre el asunto, a pesar de las demoras por parte de las comisiones segundas para iniciar la discusión de este proyecto, que incluso con mensaje de urgencia se han dado situaciones que han llevado a la oposición y ONG ambientalistas a creer que se está dilatando su trámite.

Como sucedió el pasado miércoles cuando las Comisiones Segundas suspendieron la sesión porque ese día se realizó el paro nacional promovido por los sindicatos, profesores, estudiantes y organizaciones sociales.

Sin embargo, lo que muchos no entendieron es por qué las Comisiones conjuntas suspendieron ese debate que como se iba a realizar de forma virtual, no había manera de que se viera afectado por el señalado paro.

El articulado ya tiene desde hace cerca de dos semanas ponencia positiva de los congresistas Carlos Ardila (Partido Liberal), Lidio García (Partido Liberal), Neyla Ruiz (Alianza Verde), Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS).

El propósito central del Acuerdo de Escazú es facilitar la veeduría ambiental ciudadana sobre los proyectos de desarrollo, pero ha terminado imbuida en un pulso entre los gremios, el Ejecutivo y los activistas que defienden los recursos naturales.

El proyecto de ley impone obligaciones en cuanto a generación y divulgación de información ambiental, sistemas de información, acceso a la justicia en asuntos ambientales, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación.

Dicho Acuerdo está a tono con la ola ambientalista que se vive en el mundo por la afectación al planeta debido a los usos de la humanidad, que se expresa de forma más dramática con un agujero que crece en la capa de ozono y el cambio climático.

A pesar de ello la iniciativa no ha podido entrar en vigor a dos años de ser suscrita en Costa Rica porque se requiere al menos que sea ratificada por once de las naciones signatarias, y hasta el momento lo han hecho diez.

La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, integrante de la Comisión Segunda, consideró que el Acuerdo de Escazú “nos pone ahora entre las pretensiones de la izquierda y los promotores de las marchas del año pasado, y la soberanía del país (esta vez, de verdad); y las necesidades de diferentes sectores productivos”.

Holguín recordó que “gremios como Fenavi, la Asociación Colombiana del Petróleo y la ANDI presentaron concepto desfavorable y le solicitaron al Gobierno del presidente Iván Duque que se archive la iniciativa”.

También voceros de la Federación de Cafeteros, Fedearroz, Fedepetróleo, Fedegán y el Consejo Gremial han considerado que es una forma de ceder soberanía y han propuesto fortalecer la regulación interna y “no someterse a jurisdicciones internacionales”.

Share Button