domingo noviembre 29 de 2020

Políticas fallidas de Colombia suman riesgos a defensores de derechos humanos: Amnistía

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, durante una conferencia de prensa en Ciudad de México REUTERS/Edgard Garrido

Por Luis Jaime Acosta 

Bogotá, 8 octubre (Reuters) – Las frecuentes amenazas, ataques y asesinatos contra los líderes que defienden la tierra, el territorio y el ambiente en Colombia evidencian la falta de efectividad del Gobierno para enfrentar la grave crisis y proteger a los defensores de derechos humanos, dijo el jueves Amnistía Internacional.

La violencia contra los líderes sociales, políticos y comunitarios se ha convertido en uno de los principales problemas para el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que le exigen acciones para frenar los ataques y las muertes.

«Desde hace años Colombia es uno de los países más peligrosos para las personas que defienden los derechos humanos, los territorios y recursos naturales en todo el mundo», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La funcionaria destacó que desde la firma del acuerdo de paz en 2016, las cosas han empeorado.

«Hay una narrativa que se ha construido, sobre todo a nivel internacional, sobre que Colombia ya se encuentra en un proceso de posconflicto (…), sin embargo, lo que vemos en la realidad y en el día a día es que desafortunadamente el conflicto armado colombiano sigue siendo una realidad para millones de personas en el país», agregó Guevara Rosas.

«Este acuerdo de paz no ha logrado implementarse en los términos esperados», aseguró.

Guevara Rosas advirtió que la violencia contra los líderes continuará hasta que el gobierno garantice acceso a la justicia, solucione la profunda desigualdad y la marginalización social en la que viven las comunidades, además de la tenencia de la tierra y la sustitución de cultivos ilícitos.

El gobierno asegura que la violencia no se detendrá únicamente con el envío de más efectivos de las Fuerzas Armadas, sino mediante un mayor gasto social por lo que proyecta inversiones por más de 2.000 millones de dólares en los próximos tres años en apartadas regiones montañosas y selváticas.

Aunque las cifras no coinciden, decenas de defensores de derechos humanos y líderes sociales enfrentan amenazas o son asesinados anualmente en Colombia, acciones que el gobierno atribuye a rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC y a bandas criminales conformadas por exparamilitares de derecha.

Los grupos armados ilegales se enfrentan por el control territorial de zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal, por lo que atacan a los líderes de esas regiones que se oponen a la siembra de la hoja de coca -la materia prima de la cocaína-, o a la extracción ilícita de minerales como el oro, según fuentes de seguridad.

El informe de Amnistía también evidenció que la pandemia del COVID-19 dejó a los defensores de derechos humanos en una situación de mayor riesgo, invisibilizando los contextos de violencia que enfrentan y la falta de protección de las autoridades, aseguró el informe.

Amnistía Internacional solicitó al gobierno acciones para que los defensores de derechos humanos en Colombia puedan desarrollar su trabajo con garantías de seguridad y protección.

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