martes octubre 19 de 2021

Quedó lista ponencia para debate de reforma tributaria

24 agosto, 2021 Económicas

José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda

Bogotá, 24 de Agosto _ RAM_ Con 21 artículos más producto de las propuestas de congresistas, gremios, entidades privadas y partidos políticos, el Gobierno presentó la ponencia del proyecto de Inversión Social o reforma tributaria para que las comisiones económicas del Congreso inicien el primer debate.

El ministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo informó que se mantiene la esencia inicial del proyecto presentado el pasado 20 de julio. Destacó además el trabajo conjunto con los congresistas de la mayoría de los partidos que integran las comisiones, con quienes se llegó a nuevos consensos para integrar mejoras en varios aspectos.

“Es un proyecto de ley de 56 artículos que incorpora temas nuevos en línea con los asuntos centrales de la propuesta previamente radicada: nuevas rentas derivadas de la facilitación del pago de impuestos nacionales y territoriales. También, facilitar la movilización de activos previamente incautados a la mafia y que hoy están en manos de la SAE”, resaltó.

De igual forma, subrayó el fortalecimiento del régimen Simple que beneficiará al menos a 400 mil micro y pequeños empresarios con una tarifa diferencial que, además, contribuye a la formalización empresarial.

Destaca el ministro Restrepo que la reactivación económica también se fortaleció, con la inclusión de medidas como nuevos créditos directos de Findeter a entidades territoriales y manteniendo los créditos con tasas compensadas de esta entidad, de Bancóldex y otras entidades financieras del Estado. Así mismo, se mejoró el mecanismo de Obras por Impuestos para que llegue a más zonas vulnerables del país y se apoyará a los empresarios afectados por los bloqueos y cierres durante los meses del paro.

En el articulado que quedó está la propuesta sobre el incremento gradual del subsidio de Colombia Mayor para personas en indigencia o pobreza extrema, para que alcance un monto equivalente a la línea de pobreza extrema, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal.

Las otras modificaciones tienen que ver con la ampliación de los tres días sin IVA incluyendo las compras en efectivo, así como la posibilidad de que el PAEF pueda ser ampliado hasta diciembre de 2022, sujeto al desempeño de los indicadores económicos, desempleo y disponibilidad presupuestal. De igual forma, se podría extender el incentivo de creación de empleo juvenil dependiendo su desempeño y disponibilidad de recursos.

De otro lado entre las medidas que contempla el proyecto, está que a la DIAN y a las entidades territoriales se les entregarán más facultades para que puedan facilitar los procesos de pago de impuestos a través de terminación por mutuo acuerdo, descuentos en intereses y en sanciones de morosos, conciliación contencioso-administrativa y principio de favorabilidad en etapa de cobro. Este conjunto de medidas significará recursos adicionales por $600 mil millones en el próximo año y medio.

También se determinó que debe haber un propósito de avanzar en equidad de género en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Según, el ministro Restrepo, “de esta manera, esta iniciativa sigue siendo la estructura de protección social más importante que se haya diseñado en el país, que, junto con otros programas sociales diseñados por el Gobierno nacional, beneficia a 25 millones de colombianos, mantiene las rentas permanentes que garanticen la reducción del déficit fiscal y la deuda pública, contribuyendo a la sostenibilidad de las finanzas públicas de nuestro país”.

Entre las nuevas medidas, son de destacar las modificaciones a la ampliación en el umbral del régimen simple. Con la inclusión de dos artículos al proyecto de ley se busca ampliar la tributación, para que este pueda beneficiar un mayor número de micro y pequeñas empresas.

Así, se contempla aumentar el nivel máximo de ingresos que puede tener una empresa para ingresar a este régimen pasando de 80 mil UVT a 100 mil UVT (aproximadamente $3.600 millones). Incentivando con ello la reactivación económica y la formalización empresarial, gracias a la reducción en la carga tributaria y la simplificación en su cumplimiento que se generaría para las empresas pequeñas, que son esenciales como motor del crecimiento económico y la recuperación del tejido social.

Se destaca que el régimen simple permite que con una sola declaración se puedan pagar hasta seis impuestos: el impuesto nacional correspondiente al Simple, que grava los ingresos brutos y sustituye el impuesto de renta; el Impuesto Nacional al Consumo, en el caso del expendio de alimentos y bebidas; la Ganancia ocasional; el impuesto municipal de industria y comercio (ICA); el impuesto complementario de avisos y tableros; y la sobretasa bomberil.

Asimismo, y con el propósito de permitir que el beneficio de día sin IVA pueda ser utilizado por un conjunto más amplio de la población, principalmente los hogares de menores ingresos, se propone permitir la realización de compras con efectivo. Esta medida tiene como objetivo beneficiar a los hogares de menores ingresos, los cuales son los que menos acceso tienen al sector financiero y a productos de crédito, por lo que permitir el pago con efectivo les permitirá beneficiarse en mayor medida del día sin IVA. También se adopta la factura electrónica, avanzando con ello en la masificación de esta herramienta y fortaleciendo los mecanismos de lucha contra la evasión, en particular mitigando el riesgo que el beneficio del día sin IVA sea utilizado de forma fraudulenta.

En el marco del incentivo a la generación de empleo, se propone la incorporación de un incentivo equivalente al quince (15%) de un salario mínimo legal mensual vigente para aquellos trabajadores mujeres mayores de 28 años que devenguen hasta 3 salarios mínimos.

También se adopta como una política de estado la gratuidad para los estudiantes de menores recursos. Adicionalmente, se precisa el alcance de la medida indicando expresamente que se cobijarán a las familias más vulnerables socioeconómicamente de los estratos 1, 2 y 3. A partir de 2023, los recursos se destinarán a los jóvenes de las familias más vulnerables de acuerdo con el Sisbén.

Se amplía el Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, desde el mes de mayo de 2021 hasta el mes de diciembre de 2021, así como el tiempo máximo en que el Gobierno nacional podría extender el programa, hasta el 31 de diciembre de 2022, sujeto a los indicadores económicos, porcentaje de desempleo y disponibilidad presupuestal.

Se propone la creación de 2 nuevos mecanismos para realizar la valoración de activos, tanto de inmuebles como de sociedades, que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), cuya finalidad es lograr la enajenación a un precio de mercado más apropiado para esta clase de activos. Así mismo, se incluye la correspondiente necesidad de que se fijen las garantías para los contratos de arrendamiento de estos bienes.

Con el fin de contrarrestar la crisis generada por la pandemia, y los efectos económicos ocasionados por las manifestaciones sociales y bloqueos, y considerando las necesidades de financiación de los programas sociales y la atención de las cargas fiscales de la Nación, se hace necesaria una reducción transitoria de sanciones e intereses para los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN y respecto de los impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial, que presenten mora en el pago y cuya exigibilidad se haya materializado durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

El valor de recaudo estimado respecto de sanciones en mora equivaldría a aproximadamente $670 mil millones (cifra estimada a 30 de junio de 2021). Este valor equivale al 20% del valor de las sanciones o intereses correspondientes a la cartera estimada para esa fecha y siempre que el 100% de los deudores aproveche el beneficio lo que implicaría además un impacto favorable en la recuperación de cartera.

En el mismo sentido, se propone incorporar medidas de conciliación contencioso administrativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria, al igual que la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios, así como la aplicación del principio de favorabilidad en materia de cobro, tasa de interés más favorable y reducción en el pago de sanciones.

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