domingo diciembre 4 de 2022

Procuradora escuchó quejas sobre garantías para elecciones presidenciales

19 abril, 2022 Política

Procuradora Margarita Cabello en mesa de trabajo con representantes de campañas presidenciales

BOGOTA, 19 abril de 2022_RAM_ Por más de tres horas se extendió la reunión que convocó la procuradora general, Margarita Cabello, con los ocho candidatos presidenciales, para escuchar de viva voz  sus preocupaciones, inquietudes y propuestas de garantías electorales. Sin embargo, solo participó Ingrid Betancourt, en tanto que los demás aspirantes enviaron representantes. La principal preocupación expresada es que la Registraduría haga los ajustes para los comicios del próximo 29 de mayo, y no se presenten las fallas de las legislativas de marzo con el conteo de las votaciones.

La candidata Betancourt estuvo en la cita a nombre del Partido Verde Oxígeno; también participaron representantes del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, que respalda la candidatura de Rodolfo Hernández; del Partido Colombia Justa Libres, que acompaña la aspiración de John Milton Rodríguez.

Igualmente, se hicieron presentes delegados de la Coalición Centro Esperanza, que avala a Sergio Fajardo; del Movimiento Salvación Nacional, cuyo candidato es Enrique Gómez Martínez; de la coalición Equipo por Colombia, que sigue la candidatura de Federico Gutiérrez; del movimiento ciudadano Colombia Piensa en Grande, que respalda al exgobernador Luis Pérez; así como de la coalición del Pacto Histórico, que acompaña la candidatura de Gustavo Petro.

La procuradora Cabello Blanco agradeció “a todas las campañas políticas por aceptar esta invitación a sostener una reunión proactiva para conocer sus inquietudes y preocupaciones de cara a las próximas elecciones, en virtud de garantizar la transparencia para todos”.

El candidato Sergio Fajardo manifestó en su cuenta en Twitter que “a la reunión convocada para hoy (ayer) por la Procuraduría asistirá en representación de nuestra campaña @riveraguillermo. Sin embargo, mucho me temo que después de que el gobierno y sus aliados tumbaran la ley de garantías, esta reunión no es más que un saludo a la bandera”.

Procuradora Margarita Cabello en mesa de trabajo con representantes de campañas presidenciales

A la polémica por las denuncias que se han hecho por diferentes partidos y candidatos sobre los resultados de las elecciones legislativas de marzo pasado, se aderezó la semana pasada que el registrador nacional, Alexander Vega, reveló que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio no fue de 500 mil votos, como se estimó inicialmente, sino de 1.026.000.

Vega reiteró que en 23 mil mesas detectaron formularios de votación erróneamente diligenciados y que en 5.109 mesas “se demuestra un posible dolo, porque además de diligenciarlos de manera equivocada, tacharon las votaciones de los candidatos (…) demostramos la mala intención no solo en el diligenciamiento sino que una vez consignaron la votación de los candidatos, tacharon las cifras”.

El registrador Vega señaló que “normalmente la diferencia es entre el uno y dos por ciento; estamos hablando del siete por ciento, eso lo que hace la variación, pero que ha demostrado que no fue una falla técnica sino fue una actuación por parte de los jurados de votación en el diligenciamiento de los formularios”.

El pasado lunes, la Registraduría Nacional anunció cambios en el tarjetón de votación así como en los formularios E-14, con el fin de prevenir las falencias que se presentaron en las pasadas legislativas.

Los cambios en el E-14 incluyen casillas más grandes y las fotografías de los ocho candidatos presidenciales a color. “Todo esto para que, a la hora de hacer el preconteo, sea más fácil para los jurados de votación plasmar la información y de esta forma evitar errores en la marcación de las casillas”, explicó la Registraduría.

En tanto que la tarjeta electoral que fue sorteada el pasado 29 de marzo ya cuenta con las modificaciones solicitadas por las campañas políticas y aprobadas por el Consejo Nacional Electoral: los ocho candidatos a la Presidencia de la República tendrán sus fotografías de mayor tamaño, logosímbolos a color y la impresión será en papel ecológico, esto en concordancia con la política ambiental de la Registraduría Nacional.

El Ministerio Público ha evaluado más de 400 quejas y denuncias por presuntas irregularidades en el proceso electoral en las pasadas legislativas, por lo que determinó iniciar 33 actuaciones disciplinarias.

De igual forma, la procuradora Margarita Cabello Blanco requirió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral informar, en un término de cinco días, el plan estratégico completo para las próximas elecciones presidenciales.

Así mismo, el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria al Registrador Nacional del Estado Civil, buscando determinar si pudo incurrir en faltas por extralimitación de sus funciones al exigir identificación biométrica de los votantes, presuntamente en desconocimiento de las disposiciones legales que regulan la materia.

Además, en la selección de la empresa Indra Sistemas por la existencia de situaciones que comprometerían la transparencia del procedimiento de contratación de dicha empresa y ante un supuesto conflicto de intereses.

Igualmente, la Procuraduría investiga si hubo, por parte del Registrador Nacional, omisión en sus funciones en relación con la toma de decisiones tendientes a evitar irregularidades y hacer la debida vigilancia y control en el preconteo de las votaciones, en atención a sus deberes funcionales. También, si hubo incumplimiento de sus funciones por deficiencias, falencias u omisión en la capacitación de los jurados de votación.

Adicionalmente, abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer de la Registraduría por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en la administración de las plataformas de software usadas y, en general, en los procesos de inscripción de cédulas.

También la jefe del Ministerio Público designó a cuatro procuradores delegados disciplinarios para evaluar las más de 1.600 quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, de las cuales el organismo ha evaluado más de 400, y encontró mérito para iniciar 33 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades de los jurados de votación, errores en inscripción de cédulas, compra de votos, constreñimiento al elector y anomalías en los puestos de votación, entre otras.

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