jueves junio 20 de 2024

A Contraloría, denuncias por presuntas irregularidades en contratos con el Estado

01 septiembre, 2022 Gobierno 2022-2026

Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE)

Bogotá, 01 septiembre de 2022_RAM_ En las instalaciones de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Mauricio Lizcano, compartió una serie de documentos relacionadas con el presupuesto ejecutado por parte de varias entidades del Estado por concepto de prestación de servicios que en su concepto serían nóminas paralelas por la contratación de personal para los años 2021 y 2022 que ascendería a 4.5 billones de pesos.

De lo manifestado en su consideración, advierte algunas irregularidades encontradas, entre ellas, se observa una política laxa en la supervisión de contratos de prestación de servicios, existe similitud en el objeto contractual a realizar a través de prestación de servicios y las tareas propias de los funcionarios de planta y finalmente se constató que algunas personas son beneficiadas de varios contratos en distintas entidades estatales.

El director del Dapre en su declaración recalcó: “La información brindada hace parte de los datos no verificados de personas que manifestaron presuntas irregularidades sin precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que en todo caso entrarán a realizar las verificaciones de rigor en el futuro”.

Lizcano manifestó la necesidad de realizar una auditoría sobre estos contratos. La revisión de los documentos realizados por la Fiscalía establece que una labor de escrutinio fiscal no es competencia del ente acusador por cuanto se desbordan las funciones y competencias de la entidad.

En ese sentido, la Fiscalía remitirá la información a la Contraloría para que, de acuerdo a sus funciones, de considerarlo necesario, establezca la auditoria a los contratos que presenten irregularidades y de encontrarse algún hallazgo  se haga la compulsa de copias a la Fiscalía para adelantar las acciones investigativas de carácter penal que procedan.

La Fiscalía General de la Nación reitera su propósito de trabajar de manera armónica con todos los entes del orden nacional y de control para combatir la corrupción en el país.

La Fiscalía General de la Nación remitió a la Contraloría General de la República la denuncia y documentos suministrados por parte del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Mauricio Lizcano, en los cuales hizo referencia nóminas paralelas por la contratación de personal para los años 2021 y 2022 que ascendería a 4.5 billones de pesos.

De acuerdo con la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía por el momento no se hallaron méritos para adelantar una investigación penal por estos hechos, sino que se trata de episodios que competen acciones de carácter fiscal en cabeza de la Contraloría.

Dentro de las evidencias que serán remitidas a la Contraloría se encuentran una serie de documentos relacionados con el presupuesto ejecutado por parte de varias entidades del Estado por concepto de prestación de servicios.

Según los investigadores,  Lizcano advirtió sobre algunas irregularidades encontradas, entre ellas, una política laxa en la supervisión de contratos de prestación de servicios, similitud en el objeto contractual referente a las tareas propias de los funcionarios de planta y se constató que algunas personas son beneficiadas de varios contratos en distintas entidades estatales.

También recalcó: “La información brindada hace parte de los datos no verificados de personas que manifestaron presuntas irregularidades sin precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que en todo caso entrarán a realizar las verificaciones de rigor en el futuro”.

Los fiscales que revisaron la documentación aportada por Lizcano,  concluyeron que para este caso se requiere de una labor de escrutinio fiscal y ello desborda las funciones de la entidad.

“En ese sentido, se remitirá la información a la Contraloría General de la República para que de acuerdo con sus funciones, de considerarlo necesario, establezca la auditoría a los contratos que presenten irregularidades y de encontrarse algún hallazgo se haga la compulsa de copias respectivas a la Fiscalía”, añadió la Fiscalía.

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