Campaña y candidatos en alto riesgo

Por Hugo Acero

La campaña política ya se inicio sin las adecuadas medidas de seguridad para los candidatos y candidatas al Congreso y a la Presidencia de la República, que se van mover por gran parte del territorio nacional controlado por organizaciones criminales que se han fortalecido en los últimos años.

Después del grave atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay y las acciones terroristas del grupo mafioso de Iván Mordisco en el Valle del Cauca y Cauca, se ha considerado que hemos retrocedido treinta años, a la época de las acciones violentas y delincuenciales de las guerrillas, los paramilitares y los carteles del narcotráfico, en particular del cartel de Medellín. Quizá este retorno no se pueda comparar en términos de intensidad de la violencia que ocurrió a finales del siglo pasado, pero sí en sus características, que es lo que más preocupa.

Durante las dos últimas décadas del siglo pasado la violencia homicida registró las cifras más altas que ha tenido el país. En medio del exterminio de la Unión Patriótica, se pasó de una tasa de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1980 a 80 en 1991, bajó a 57 en 1998 y volvió a subir a 67 en 2002. Fueron asesinados jueces, periodistas, candidatos y distintos servidores públicos nacionales y locales. El secuestro pasó de 280 casos registrados en 1989 a más de 3.000 a comienzos de este siglo y el país sufrió los atentados terroristas del cartel de Medellín y las masacres de paramilitares y guerrilleros. Una época muy violenta donde los riesgos eran mayúsculos y los esquemas de seguridad y protección ofrecidos por el Estado eran mucho menores.

Hoy, los homicidios, con una tasa de 26 por cada 100.000 habitantes, han aumentado en 7%, los secuestros, de acuerdo con los reportes de la Policía, pasaron de 92 casos en 2019 a 338 en 2023 y es posible que lleguen a 400 este año. Los grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas criminales se han multiplicado, fortalecido y ejercen control territorial y poblacional en varias zonas del país, “según un informe de las Fuerzas Militares estos grupos operan en el 28% del territorio nacional, lo que abarca 29 departamentos, 455 municipios y más de 9.000 veredas”.

Mientras la criminalidad se ha fortalecido, las instituciones de seguridad y justicia no cuentan con los recursos suficientes para fortalecerse y no están trabajando en equipo como deberían bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, que no ha asumido, como corresponde, la función constitucional de comandante y jefe de las Fuerzas Armadas y responsable del orden público.

En medio de esta situación, de características similares a la que se vivió a finales del siglo pasado, el país y el Gobierno ya ingresaron a una campaña política sin las adecuadas medidas de seguridad para los candidatos y candidatas al Congreso y a la Presidencia de la República y con graves problemas de control territorial por parte de las organizaciones criminales que ponen el riesgo la campaña política en gran parte del territorio nacional. Una campaña política donde, seguramente, los grupos armados ilegales y delincuenciales están dispuestos a meter sus manos y recursos para incidir en las elecciones del año entrante y donde la violencia verbal de los extremos, comenzando por el presidente Gustavo Petro, se suma a los riesgos existentes.

Candidatos y esquemas de seguridad

Van a ser miles los candidatos al Congreso y algo más de sesenta a la Presidencia y es imposible garantizarles a todos esquemas de seguridad e inclusive medidas de seguridad adecuadas a los riesgos que hoy se presentan. Hoy la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene más de 8.000 protegidos y más de 15.000 ciudadanos que solicitan esquemas de protección, es decir, se tiene un sistema desbordado en medio de un país con altos riesgos.  Frente a esta situación de alta demanda de protección, especialmente durante este proceso electoral, hay que profesionalizar y racionalizar este servicio.

En términos de profesionalización, si bien algunos protegidos por el Estado requieren de este servicio por los niveles de riesgos que todavía tienen, está demostrado que hoy la mayoría de los esquemas de seguridad son más “hombres y mujeres de compañía” que facilitan la vida a los protegidos en términos de movilidad, estatus social, labores de oficina, mensajería y hogar, es decir, labores que no corresponden a las obligaciones de proteger al “personaje”. En Colombia el protegido es el que maneja el esquema de seguridad y no al revés, como debería ser cuando se tienen servidores públicos profesionales y expertos en estos temas.

Este es el momento preciso para evaluar o investigar, como lo ordenó el presidente, no solo los esquemas de seguridad que estaban presentes en la escena del atentado al senador Uribe, sino en general los esquemas de seguridad que hoy ofrecen la UNP y la Policía. Se requiere que de verdad ejerzan las labores de protección y no de “compañía”, que puedan evaluar los riesgos de los desplazamientos y lugares que el protegido frecuenta o asiste, que haya planes ciertos de seguridad, que exijan los apoyos necesarios para realizar su labor de mejor manera y que, cuando sea necesario, puedan cancelar eventuales movimientos o concentraciones si no se tienen adecuados niveles de seguridad. Los protegidos no pueden seguir manejando sus esquemas de seguridad como servicios domésticos o personales.

En términos de racionalización hay que evaluar y reducir la cantidad de esquemas de seguridad que hoy tienen la UNP y la Policía, reconociendo que algunos ministros, funcionarios públicos nacionales, congresistas, alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, exfuncionarios y muchos “exservidores públicos y personajes” no requieren esquemas de protección o los pueden reducir al máximo para que el Estado hoy pueda proteger como corresponde a los candidatos y candidatas con mayores problemas de seguridad, con base en evaluaciones serias de riesgos de los posibles protegidos.

También sería importante que los hoy protegidos, en un acto solidario, consecuente con la necesidad de que no se repitan otros atentados que lamentar, plantearan ellos mismos la eliminación o reducción de sus esquemas de seguridad, para proteger a la mayor cantidad posible de candidatos y candidatas.

Adicional a la profesionalización y racionalización de los esquemas de seguridad, es necesario que los organismos de inteligencia, investigación criminal de la Policía y de la Fiscalía y otras autoridades de seguridad y justicia nacionales y locales contribuyan con información y acción sobre los riesgos que existen en los distintos territorios por donde ya se están moviendo los candidatos y candidatas, para que los esquemas de seguridad puedan cumplir de mejor manera la tarea que les corresponde. Es necesario activar de inmediato el Centro integrado de Información e Inteligencia Electoral de la Policía para administrar la información relacionada con amenazas a los candidatos y al proceso electoral.

La reducción de los esquemas de seguridad no es decisión fácil de tomar para la UNP y la Policía, y menos de asumir por parte de los protegidos, pero se requiere, si se quiere proteger a quienes de verdad están hoy siendo amenazados y presentan altos niveles de riesgo de ser asesinados. El Estado y los protegidos que no necesitan esquema de seguridad tienen la palabra; se requiere decisión, conciencia y desprendimiento.