sábado mayo 9 de 2026

MinJusticia le quita al Consejo de Estado la competencia sobre tutelas relacionadas con Petro

14 julio, 2025 Consejo de Estado, Judiciales

Bogotá, julio 14_ 2025_ RAM _ El ministerio de Justicia hizo público el decreto mediante el cual le retiró la competencia al Consejo de Estado para estudiar las tutelas que sean presentadas contra el presidente de la República, en este caso el presidente Gustavo Petro. Ahora podrán ser admitidas y falladas por cualquier Juez del Circuito en cualquier lugar del país.

Esta decisión representa un “reversazo” a lo que había determinado en 2021 el gobierno Duque. Allí, se había decidido que las tutelas contra el jefe de Estado fueran de conocimiento exclusivo del Consejo de Estado.

En el decreto, el gobierno defendió que se tomó esta medida como forma de “desconcentración” funcional y en criterio del ministerio, dando acatamiento a las disposiciones que determinan que las acciones de tutela que se interpongan contra autoridades nacionales, “deben ser conocidas por los jueces del circuito o de igual categoría”.

“De esta forma la nueva regla de reparto reconoce que el presidente de la República, en tanto autoridad nacional, puede ser controlado en sede de tutela con los mismos criterios de distribución aplicables a otras autoridades, sin perjuicio del control constitucional que ejerce la Corte Constitucional” se lee.

Incluso, el ministro Luis Eduardo Montealegre en el decreto justificó la determinación aduciendo razones de “imparcialidad estructural” del sistema judicial con el fin de evitar recusaciones e impedimentos en dichos casos.

El Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 0799 por el cual retira la exclusividad al Consejo de Estado, quien era encargado de darle estudio en primera instancia a las demandas instauradas en contra del Presidente de la República.

Según el decreto, se facultará a los jueces del distrito para revisar las tutelas que sean proferidas en contra del primer mandatario donde según el documento: «esta nueva regla de reparto contribuye a fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial». Entre tanto, será tarea de los jueces del circuito los encargados de darle revisión a las tutelas.

Esta nueva normativa fue firmada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, donde puntualmente señala: «se considera oportuno introducir una nueva regla de reparto que refuerce el principio de desconcentración funcional».

Por otro lado, se argumenta que la nueva norma: «no excluye ni limita el control constitucional de la Corte Constitucional ni restringe el acceso a la justicia, dado que la acción de tutela continúa siendo ejercible en todo momento y lugar, conforme al artículo 86 de la Constitución, y su reparto se mantiene dentro del marco de jueces ya competentes conforme a los factores territoriales y subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico».

Entre tanto, dicho decreto ya firmado por el presidente Petro también indica: «las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, y las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno Nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría».

Cabe recordar que una de las últimas demandas en contra del presidente Gustavo Petro radicada ante el Consejo de Estado fue por la presunta crisis financiera de las Fuerzas Armadas y Policía, acción interpuesta por los abogados, Abelardo de la Espriella y Germán Calderón España, donde pidieron a la alta corporación que se ordenara al presidente adicionarle los recursos económicos y financieros necesarios para las FF.MM.

Por otro lado, demandas sobresalientes como la proferida en contra de la intensión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para 2026 o la Consulta Popular, entre otros temas que han causado polémica en el entorno político y jurídico.

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