Inteligencia al servicio de la delincuencia
El Gobierno ha desconocido los alcances del control democrático y la reserva de información, así como la Política Nacional de Inteligencia.
Hugo Acero Velásquez
El escándalo revelado por Noticias Caracol sobre el nexo del general retirado Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército, y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con las disidencias de ‘Calarcá’ es solo uno de los tantos problemas que ha generado el desmantelamiento de la inteligencia estratégica del Estado colombiano durante el gobierno de Gustavo Petro.
(Le puede interesar: Dialogar con delincuentes puros y duros).
Basta ver el manejo hasta ahora dado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que en lo que lleva de gobierno ha tenido tres directores sin la experiencia y profesionalismo debido, dos de los cuales salieron por escándalos, el primero, Manuel Alberto Casanova, por presuntos vínculos extorsivos en el problema de los pasaportes de la Cancillería; el segundo, Carlos Ramón González, que salió por su presunta participación en la corrupción de la UNGRD y hoy se encuentra huyendo de la justicia en Nicaragua, y el actual director, Jorge Arturo Lemus Montañez, quien, además, fue encargado por el Presidente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Los tres presentaron como única experiencia en materia de inteligencia haber pertenecido al M-19.
Adicionalmente a esto, el actual gobierno ha debilitado la inteligencia y contrainteligencia en las Fuerzas Militares y en la Policía, tras la barrida de más de 70 generales y otros oficiales de alto rango, algunos de los cuales venían manejando estos temas de manera profesional y con amplia experiencia.
Por parte del Presidente, el manejo de la información de inteligencia tampoco ha sido el mejor. En una alocución filtró datos confidenciales del caso Pegasus, leyó una carta que se le envió a la autoridad de previsión de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo de Israel, en la cual se mencionaba la compra de Pegasus. Esto llevó al Grupo Egmont, de inteligencia financiera del mundo, a suspender a Colombia por la violación de la confidencialidad de la información.
Con estos desaciertos y órdenes dadas por el Presidente es necesario preguntar: ¿qué está pasando con la gestión de la inteligencia estratégica en el país?
A esto se suma la información que ha difundido sobre la “Junta del Narcotráfico” en Dubái, las cinco hipótesis sobre los posibles autores del magnicidio del senador Miguel Uribe, la orden que le dio a la Fuerza Pública de compartir información de inteligencia con los organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, el levantamiento de la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS, los contactos de la Uiaf con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, en España y los informes sobre el manejo económico de sus cuentas.
En todos los casos ha desconocido los tipos de control que establece la Ley 1621 de 2013, conocida como la ley de inteligencia y contrainteligencia de Colombia; el Decreto 857 de 2014, que reglamenta esta ley; la sentencia C-540 de 2012 y la C-913 de 2013 de la Corte Constitucional, que define los alcances del control democrático y la reserva de información, así como la Política Nacional de Inteligencia (Conpes 4066 de 2021).
Con estos desaciertos y órdenes dadas por el Presidente, y en medio del crecimiento y control territorial de los grupos armados ilegales y de un crimen transnacional cada vez más activo en Colombia y en la región, es necesario preguntar: ¿qué está pasando con la gestión de la inteligencia estratégica en el país? ¿Se han perdido o debilitado alianzas estratégicas en esta materia con EE. UU., Israel, el Reino Unido y otros países europeos?
Como indican algunos especialistas, exfuncionarios y servidores públicos activos, ¿hoy se está compartiendo más información con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua? ¿Hay agentes de inteligencia de estos últimos países operando en Colombia? ¿Al servicio de quién están la inteligencia y la contrainteligencia colombianas? ¿Qué va a hacer el Gobierno para solucionar estos graves problemas? Definitivamente, otro grave problema que le queda el próximo gobierno.
