Embargos millonarios llevan a Supersalud a activar red de control en salud
La medida fue acompañada del envío de un informe técnico a distintas autoridades, con el fin de proteger estos recursos y evitar afectaciones en la continuidad y oportunidad de los servicios de atención médica.
Bogotá, marzo 27, 2026_ RAM _La Superintendencia Nacional de Salud activó la Red de Controladores del Sector Salud ante la existencia de embargos que superan los $2,6 billones sobre recursos del sistema, una situación que, según la entidad, pone en riesgo la destinación específica de dineros públicos esenciales para la atención de los usuarios.
La medida fue acompañada del envío de un informe técnico a distintas autoridades, con el fin de proteger estos recursos y evitar afectaciones en la continuidad y oportunidad de los servicios de salud. Esta red, creada mediante la Resolución 002246 de 2020, articula a entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y varias superintendencias, entre otras instituciones.
En este caso, la Supersalud solicitó la adopción de medidas urgentes frente a los embargos detectados sobre recursos administrados por distintas EPS, con el objetivo de garantizar su disponibilidad y evitar impactos en la calidad y continuidad de la atención. El informe fue remitido a la Fiscalía y la Procuraduría para que evalúen posibles afectaciones al derecho fundamental a la salud y definan las acciones correspondientes.
De acuerdo con el reporte, la mayor carga de embargos se concentra en EPS con intervención forzosa administrativa. Con corte al 22 de enero de 2026, el monto total supera los $2,6 billones, de los cuales cerca de $2,1 billones corresponden a Nueva EPS. Le siguen Coosalud EPS, con aproximadamente $341 mil millones, y Asmet Salud, con $137 mil millones.
También figuran Cajacopi EPS —actualmente Proteger EPS y bajo vigilancia especial— con embargos por $43 mil millones, y Emssanar EPS, con cerca de $39 mil millones. Para la entidad, estas cifras reflejan una presión significativa sobre recursos que, por su carácter público, deben destinarse exclusivamente a la prestación de servicios de salud.
A este panorama se suman 36 embargos adicionales en EPS sin medidas de intervención, que en conjunto superan los $32 mil millones. Entre ellas, Mallamas EPS-I concentra $15.052 millones, Capital Salud EPS reporta $8.750 millones y Compensar EPS registra $7.478 millones. También aparecen Sanitas y Salud Total EPS, con montos menores dentro del informe.
El documento también señala que estos procesos se concentran principalmente en los departamentos de Caquetá y Huila, así como en Bogotá, y advierte sobre la participación recurrente de algunos demandantes en múltiples casos.
La Supersalud alertó que la afectación de estos recursos puede impactar directamente la prestación de los servicios, generando retrasos en los pagos a prestadores, aumento de quejas y acciones judiciales, además de mayores riesgos para la operación de las EPS. Asimismo, advirtió posibles dificultades en la entrega de tecnologías en salud y en el funcionamiento regular del sistema.
El organismo de control reiteró que los recursos del sistema son de naturaleza pública, tienen destinación específica y son inembargables, por lo que no hacen parte del patrimonio de las EPS. En ese sentido, insistió en que deben preservarse para garantizar la atención a los usuarios y la estabilidad del sistema de salud en el país.
