El “chu, chu, chu” de la seguridad
Hugo Acero Velásquez
Al próximo gobierno le espera una situación muy difícil, donde la Seguridad Democrática y la Seguridad Humana, propuestas por los extremos, no son la respuesta adecuada para enfrentar los nuevos y crecientes retos de la violencia y la delincuencia actual.
Ad portas de finalizar su gobierno el presidente Gustavo Petro, en el Consejo de Ministros de finales del mes de abril, aseguró que “en Colombia no hay un caos de seguridad como se anuncia” y desmintió una crisis generalizada en materia de orden público, sin presentar cifras claras que sustentaran esas afirmaciones, solo se refirió a la tasa homicidios, que, según él, “se mantiene en los promedios de los gobiernos de Santos y Duque después de la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC en 2016”.
De esta manera, el presidente desconoció la realidad, que muestra que en los últimos cinco años el homicidio no ha dejado de crecer, un nuevo ciclo de violencia homicida en el país, que comenzó en 2021 con 11.326 homicidios y en 2025 llegó a 14.780, que representa una tasa de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, siendo la tasa más alta de los últimos doce años.
Pero no solo no reconoce el aumento de la violencia homicida, que durante sus tres años de gobierno ha crecido en 10,4%, también desconoció el aumento de la extorsión (24%), los secuestros (314%), los hechos de terrorismo (87%), los confinamientos poblacionales (afectados 42%,) los ataques a misiones médicas (457%), el desplazamiento masivo (2,2%), los ataques a infraestructura y bienes civiles (145%), contra la fuerza pública (117%) y lo que va corrido de este año el aumento de las masacres, entre otros delitos.
Si se quiere solucionar estos crecientes problemas de violencia y delincuencia, hay que comenzar por reconocer que la inseguridad no solo ha aumentado, sino que además ha cambiado, y formular acciones acordes con las características de la criminalidad actual.
Hoy los grandes retos son frente a un crimen organizado urbano y rural que explota las distintas rentas criminales, ya no se está ante el accionar grupos guerrilleros y paramilitares, sino ante estructuras del crimen organizado nacional y transnacional; una criminalidad que por su organización, operatividad y dinámicas económicas no se puede enfrentar retornando a las mismas estrategias de la Seguridad Democrática, ni recurriendo a la política de Seguridad Humana, que en el papel es atractiva, pero que no se ha aplicado, ni existen experiencias exitosas para replicar.
Del crimen político al crimen organizado
Colombia pasó de un conflicto armado de carácter político por la “toma del poder”, predominantemente rural, a varios conflictos armados con estructuras criminales organizadas, dedicadas exclusivamente a la explotación de las rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, entre otras; grupos armados ilegales que se disputan el control de grandes territorios, incluidas cabeceras municipales y zonas a nivel urbano en donde se realizan y mueven sus negocios ilícitos.
Atrás quedaron la subversión, las guerrillas y los paramilitares, hoy es crimen organizado nacional y trasnacional que controla territorios y rutas. La confrontación armada cambió, no se encuentran en grandes campamentos, ni se mueven en columnas guerrilleras o enfrentan a la fuerza pública de manera directa. Tienen presencia discreta, intimidatoria y violenta en los territorios, grupos criminales que no buscan tomarse el poder, sino mantener y expandir gobernanzas armadas locales en los territorios donde realizan las actividades económicas ilegales.
Pasamos de comienzos de siglo, cuando no se podía recorrer las vías del país por el alto riesgo de ser secuestrado, a no saber qué control criminal existe en los municipios y territorios hacia los que nos movilizamos. En algunos de ellos hay que pedir permiso a las organizaciones criminales para llegar y permanecer; gobernanza criminal local donde conviven las autoridades legítimamente constituidas, un poco debilitadas, con las organizaciones criminales, sin que el Estado hoy tenga capacidad para cambiar esta realidad, como bien lo describe Luis Fernando Trejos.
“Allí no hay colapso institucional, pero tampoco consolidación estatal, sino que existe una especie de Estado en obra negra o, en algunos casos, en obra gris que permite la vida en comunidad en un contexto de gobernanzas armadas o híbridas en las que las autoridades administrativas y los grupos armados ofertan bienes y servicios a las comunidades que los habitan. Hay una especie de equilibrio dinámico entre la violencia y la vida institucional. Estas gobernanzas solo se interrumpen temporalmente cuando otro grupo armado disputa el control del territorio o cuando se presentan operativos militares de mediana o alta intensidad”.
También lo plantea claramente Gustavo Duncan:
“Frente a este poder local, tanto el Estado como la sociedad han subestimado que, pese a que los grupos abandonaron la toma del poder nacional como premisa revolucionaria, desarrollaron otro tipo de objetivo político. La implantación de nuevas formas de gobierno local redefinió aspectos básicos de la política como ¿quién detenta el poder en el territorio? y ¿quién influye en la toma de las decisiones relevantes para la comunidad? Además, el poder de los ejércitos irregulares está asociado a dos elementos centrales de las funciones estatales como la provisión de protección y justicia y la organización de los mercados locales… Mientras tanto, al Estado con sus Fuerzas Armadas, la Policía y jueces les cuesta demasiado competir con la relación que establecen los grupos con la población. Es en este campo donde se necesitan mayores reformas porque incluso en caso de darse un proceso de paz, una condición necesaria para evitar el reciclaje es que el Estado aprenda a gobernar a la población de territorios periféricos”.
Gobernanza de la delincuencia organizada en municipios y grandes territorios, que no comenzó con este gobierno, pero que sí presenta sus diferencias.
Primero, el crecimiento de los Grupos Armados Organizados (GAO) ha sido desigual en los últimos tres gobiernos. Como se puede ver en el siguiente cuadro, elaborado con cifras de la Fundación Ideas para Paz. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tras la desmovilización de las Farc en 2016, el crecimiento de los integrantes de los GAO fue de 4.140; durante el gobierno del presidente Iván Duque fue de 2.152 integrantes y en el caso del presidente Gustavo Petro fue de 12.983.
Tres gobiernos que no ocuparon y ejercieron presencia y autoridad estatal en los territorios dejados por las Farc y que los cedieron a los grupos armados ilegales, como bien lo plantea Trejos
“Desde el Estado central, parece haber una especie de acuerdo tácito entre élites políticas y económicas que, de forma pragmática, aceptan “el mal menor”. Ceden y abandonan el control de territorios periféricos a cambio de estabilidad política y económica en el centro o los centros regionales (capitales departamentales), los lugares donde se presenta una mayor densidad poblacional y de economías legales o formales”.
Segundo, como se puede ver en el siguiente cuadro, elaborado con información del Ministerio de Defensa, mientras los gobiernos de Santos y de Duque disminuyeron el número de miembros de la fuerza pública, el gobierno de Gustavo Petro lo aumentó, fortaleciendo especialmente la tropa con la incorporación de 20.000 auxiliares bachilleres y soldados regulares, pero debilitando los mandos con el retiro de 79 generales y almirantes y un buen número de oficiales, lo que debilitó y casi acabó con la inteligencia estratégica y dejó la fuerza pública en situación de inactividad por la falta de mantenimiento y compra de equipos estratégicos para el control territorial y la operatividad.
Tercero, mientras los gobiernos de los presidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque no hicieron la tarea de copar los territorios dejados por las Farc, el presidente Gustavo Petro no solo no realizó esta tarea, sino que, de manera abierta, les facilitó el control de los territorios y municipios, dialogando y dando gabelas a los GAO y otras organizaciones criminales; prefirió dialogar e intentar llegar acuerdos a través de la Paz Total, que fue un fracaso, antes que trabajar y garantizar la seguridad y de los ciudadanos con los alcaldes y gobernadores.
El gobierno de Gustavo Petro prefirió los diálogos con las disidencias y ELN a hablar con los alcaldes y gobernadores de Cauca, Valle, Putumayo, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Meta, Guaviare, Caquetá, Bolívar, Córdoba; prefirió dialogar con Los Chotas y los Espartanos a trabajar en equipo con la alcaldesa de Buenaventura, igual lo hizo en Barranquilla con Los Pepes y los Costeños, en Santa Marta con Los Pachenca, en Medellín y del Valle de Aburrá con los líderes de las bandas criminales que con los alcaldes. Es decir, prefirió dar gabelas a los grupos criminales, antes que fortalecer la institucionalidad para enfrentarlos y garantizar la seguridad de los ciudadanos y los territorios.
Frente a este chu, chu, chu de la seguridad, al próximo gobierno le espera una situación muy difícil, sin recursos, con una fuerza pública debilitada y desmotivada, sin el trabajo en equipo de las instituciones de seguridad y justicia, con un crimen organizado nacional y transnacional fortalecido y donde la Seguridad Democrática y la Seguridad Humana, propuestas por los extremos, no son la respuesta adecuada para enfrentar los nuevos y crecientes retos de la violencia y la delincuencia actual.
