Corte Suprema captura a senadora Martha Peralta durante indagatoria por caso de corrupción en UNGRD
Bogotá, junio 18, 2026_ RAM _Cuatro horas después de una dura diligencia de indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, fue capturada la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, en medio de las investigaciones por su presunto rol en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Peralta permanecerá detenida en su casa la noche de este jueves, 18 de junio. El viernes la Policía, que la vigila, la llevará al despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien investiga a la congresista por dos delitos enmarcados en el complejo escándalo corrupto. Ambas continuarán el careo y, al final de la jornada, la Corte definirá la situación jurídica y los pasos siguientes.
La senadora tuvo que acudir a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tras dos fallidas solicitudes de aplazamiento. La corporación que hace las veces de fiscalía para aforados abrió una investigación formal contra la parlamentaria indígena, y Lombana la citó a una indagatoria, el mecanismo que el procedimiento penal ofrece para que los instructores intenten obtener una confesión y los investigados se defiendan.
Todo comenzó con los testimonios de Olmedo López. De acuerdo con el exdirector de la UNGRD, a quien el Tribunal de Bogotá le tumbó el preacuerdo con la Fiscalía, Peralta le pidió direccionar un contrato de más de 2,21 mil millones de pesos para Isaac Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Muvdi, los representantes de IRL SAS, una empresa que buscaba un proyecto de maquinaria amarilla.
La Fiscalía, en abril de 2025, compulsó copias para que la Corte investigara a Peralta. El ente acusador no podía proceder, por cuenta de su fuero de senadora. Según López, el confeso corrupto que ahora debe allanarse a cargos por no haber logrado un acuerdo con la justicia, el contrato era para el mantenimiento de pozos en La Guajira.
Tras una sesión ordinaria el 14 de mayo, la Sala de Instrucción abrió una investigación formal señalando a Peralta como sospechosa de los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Una vez concretados los trámites secretariales, la Corte fijó la fecha en la que la parlamentaria debía acudir a la indagatoria, 18 de junio.
Los contratos en La Guajira y las pruebas en el expediente contra Martha Peralta
Peralta y su defensa intentaron reprogramar la diligencia. La magistrada Lombana no accedió a las solicitudes y, por el contrario, ordenó que la Policía condujera a la parlamentaria guajira reelecta. A lo largo de la tarde de este jueves, 18 de junio, la congresista tendrá que responder varias preguntas sobre el expediente.
“Confíen en mí”, expresó Peralta al llegar a la calle 72 de Bogotá, la sede de la Sala de Instrucción. “Mi actuar siempre ha sido transparente, honesto, y eso es lo que voy a demostrar”, añadió. La senadora acudió a la diligencia junto a su abogado. “Es que no es un juicio, es apenas la apertura de un proceso”, zanjó.
Olmedo López aseguró que Peralta se reunió con él tres veces para pedirle contratos, con el argumento de que “eso la iba a ayudar mucho en su campaña en el territorio”. En las elecciones de Congreso de 2026, la senadora obtuvo más de sesenta mil votos y su partido, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), 88,2 mil.
La planilla de ingresos a la Unidad de Gestión del Riesgo, que la Fiscalía le envió a la Corte Suprema, muestra que el 19 de septiembre de 2023 fue a la sede de la entidad con los Rizcala. Inversiones IRL, basada en Barranquilla y fundada en 2017, obtuvo un contrato para alquilar maquinaria de construcción un mes después de la reunión.
El convenio estaba destinado al mantenimiento de jagüeyes, pozos profundos de agua, un servicio esencial que presenta vastas falencias en La Guajira. La Corte citó al exministro del Interior Luis Fernando Velasco a declarar bajo juramento. Hoy el caucano está privado de la libertad, también por el escándalo de la UNGRD.
“Todo esto ha sido una persecución política”, sostuvo Peralta antes de reunirse con la magistrada Lombana. “Aquí voy a estar siempre, dando la cara y con la frente en alto”, agregó. Su versión es que estuvo al frente de varias reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, como la pensional, sin necesidad de negociar con el Ejecutivo.
Hace seis meses, en la imputación a Velasco y su antiguo colega de Hacienda en el gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, la fiscal María Cristina Patiño mencionó a Peralta varias veces, argumentando que el excongresista liberal la contactó para impulsar reformas del Ejecutivo. Peralta cuestionó en su momento las afirmaciones.
“Faltando tres meses para las elecciones, ahora la Fiscalía me señala sin tener la competencia para investigarme, con afirmaciones falsas, actuando en contra de mi buen nombre y proceder político, que ha sido transparente y por el beneficio de los colombianos”, indicó en un video que difundió en sus redes sociales.
Entre 2023 y 2024, Martha Peralta fue presidenta de la Comisión Séptima, la que debatió y aprobó la reforma pensional del Gobierno Petro, que la Corte Constitucional mantiene en vilo por vicios de trámite. El jefe de Estado aseguró que el entonces presidente del Senado, Iván Name —expulsado de la Alianza Verde— dilató el avance de la iniciativa.
Hoy Name está preso y en juicio. En marzo, la Corte Suprema rechazó una nulidad que interpuso el expresidente de la Cámara Andrés Calle —del Partido Liberal, también detenido— y ratificó el llamado a juicio contra la mesa directiva del Legislativo que habría recibido cuatro mil millones de pesos como soborno del Gobierno, según el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla.
Una semana antes de la investigación formal, Martha Peralta tuvo que acudir al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, de la Sala de Instrucción, a rendir versión libre dentro de una de las líneas de investigación del complejo entramado: contratos que se habrían desviado del Instituto Nacional de Vías, Invías.
El mismo 6 de mayo, Rueda escuchó a la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI). Además de Olmedo López, las más de cincuenta horas de grabación que la justicia tiene de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Bonilla, son clave y han comprometido a dos veintenas de personas.





