¿En qué se van a gastar $ 13 billones?
Hoy el Estado tiene una asimetría financiera y táctica desigual frente al crimen organizado actual.
Hugo Acero Velásquez
El 27 de marzo el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó, a través de uno de sus documentos, titulado ‘Declaración de importancia estratégica de los proyectos de inversión asociados al programa de fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública para afrontar los inminentes riesgos a la seguridad pública del país’, 13 billones de pesos para fortalecer la Fuerza Pública, recursos financiados con vigencias futuras a 8 años. Este Conpes, que legalmente debe ser público, hoy es reservado y en la página del DNP solo aparecen su portada y un comunicado de prensa.
Saber qué se va a adquirir es fundamental por dos motivos. El primero, los actores que ejercen violencia y delincuencia en el país cambiaron, ya no hay guerrillas que quieran tomarse el poder o los paramilitares que “defiendan al Estado democrático”, eso se acabó, lo que queda desde 2016 es crimen organizado nacional y transnacional, que manejan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, entre otras actividades criminales.
Lo segundo, hoy el Estado tiene una asimetría financiera y táctica desigual frente al crimen organizado actual. Mientras la Fuerza Pública gasta millones de dólares en tecnologías tradicionales como helicópteros y aviones de superioridad estratégica cuyo costo operativo es enorme, sin desconocer que pueden ser necesarios, los grupos armados organizados (GAO) neutralizan estos activos operando en grupos de 3 a 4 personas, utilizando drones comerciales de entre 500 y 1.500 dólares. Esta disparidad ha hecho que la infraestructura militar y policial sea estructuralmente ‘porosa’ ante ataques verticales. Mientras la Fuerza Pública intenta interceptar líneas telefónicas sin equipos adecuados, los criminales usan mensajería encriptada y tecnologías como internet satelital Starlink.
En días recientes me facilitaron una presentación del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) titulada ‘Vigencias futuras excepcionales para la seguridad pública’, que establece la distribución de recursos del Conpes de la siguiente manera: Ejército Nacional, 5,73 billones de pesos; Armada Nacional, 3,38 billones; Policía Nacional, 2,33 billones, y Fuerza Aeroespacial, 1,57 billones.
Estos recursos se destinarán principalmente, en el caso del Ejército, 5,2 billones para modernizar la flota de aeronaves, renovar armamento individual, equipos de protección del personal y actualizar las comunicaciones y los sistemas de información; la Armada va a invertir 2,9 billones principalmente en la modernización de los buques, lanchas patrulleras, aeronaves, armamento; la Policía invertirá los 2,33 billones en adquirir y mantener aeronaves, renovar el parque automotor, armamento y videovigilancia y, finalmente, la Fuerza Aeroespacial utilizará los 1,7 billones en renovar la flota de combate, transporte y entrenamiento de la FAC.
Mientras la Fuerza Pública intenta interceptar líneas telefónicas sin equipos adecuados, los criminales usan mensajería encriptada y tecnologías como internet satelital Starlink
La pregunta que surge después de leer la información hasta ahora conocida es: ¿lo que se va a adquirir con los 13 billones de pesos es lo que realmente requiere la Fuerza Pública en su conjunto para enfrentar esta nueva criminalidad organizada nacional y transnacional que opera en nuestro país y en la región? Pareciera que la distribución de recursos respondió más bien al largo listado de necesidades que cada fuerza presentó. Unos ejemplos: por ningún lado aparece el tema de los drones y se menciona muy poco el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación criminal, instrumentos necesarios para enfrentar el crimen organizado nacional y transnacional actual.
El problema no es solo estratégico y táctico, es también económico, en la medida en que son tantas las necesidades y tan pocos, y casi inexistentes, los recursos que hay que concentrarlos en la adquisición de equipos especializados y en el fortalecimiento de unidades conjuntas que marquen la diferencia y recuperen la capacidad de combate y garantía de seguridad de la Fuerza Pública frente a la criminalidad actual.
Hugo Acero Velásquez
