Infraestructura y anticorrupción: las prioridades del Gobierno De la Espriella
Por un lado, la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, consolidó la estructuración de una hoja de ruta técnica destinada a destrabar los macroproyectos de infraestructura vial paralizados en las regiones.
La administración entrante presentó una estrategia para reactivar la infraestructura nacional y radicó cuatro denuncias ante entes de control por anomalías contractuales.
Bogotá, julio 17, 2026_ RAM _El gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella intensificó sus acciones de empalme sectorial mediante pronunciamientos clave dirigidos a la opinión pública. Por un lado, la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, consolidó la estructuración de una hoja de ruta técnica destinada a destrabar los macroproyectos de infraestructura vial paralizados en las regiones. Paralelamente, el Equipo de Empalme Anticorrupción de la nueva administración radicó formalmente cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por supuestas irregularidades en la contratación del gobierno saliente, las cuales comprometen recursos superiores a los 306.000 millones de pesos.
Prioridades en infraestructura y seguridad vial
Durante la última semana, la ministra designada Elsa Noguera adelantó una serie de mesas de trabajo institucionales con actores estratégicos del sector transporte y delegaciones internacionales. Los encuentros contaron con la participación del embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson; delegados de la Contraloría General; la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), María Consuelo Araújo; y los representantes de diez de los principales gremios del transporte terrestre de carga y pasajeros del país, incluidos Colfecar, ACC y Fedetranscarga.
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El propósito de la agenda técnica consistió en evaluar el estado físico e institucional de las redes viales, férreas y aeroportuarias. En las deliberaciones se identificaron alertas tempranas sobre proyectos parados y se avanzó en el diseño del Plan Maestro de Transporte Intermodal. De igual forma, Noguera recopiló las preocupaciones del gremio transportador frente al deterioro del orden público en las carreteras nacionales, enfatizando en problemas críticos como la extorsión, los bloqueos permanentes, la quema de vehículos de carga y el exceso de trámites burocráticos que restan competitividad al comercio nacional.
Alertas por millonarios contratos estatales
En el frente de control fiscal, el equipo de auditoría anticorrupción, bajo el liderazgo del abogado Germán Calderón España, solicitó la intervención inmediata de los organismos de control frente a cuatro focos específicos de presuntas anomalías administrativas. La denuncia de mayor cuantía técnica corresponde al proceso de selección, adelantado por Colombia Compra Eficiente para la contratación de proveedores de ciberseguridad, un negocio valorado en cerca de 300.000 millones de pesos y cuya fecha de adjudicación está programada para el próximo 28 de julio. La comisión del nuevo gobierno advirtió sobre aparentes pliegos direccionados, desactualización en los estudios de mercado y condiciones que limitarían de forma desproporcionada la participación de la industria local.
Las siguientes acciones jurídicas se concentraron en las operaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento del Chocó. El equipo de empalme denunció la suscripción de un convenio por más de 6.435 millones de pesos con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para la atención de la desnutrición infantil, pese a que el centro asistencial presentaba antecedentes de baja ejecución y se encontraba bajo medida de vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Según el reporte técnico, las anomalías detectadas incluyen:
Ausencia persistente de personal médico calificado y profesionales en nutrición.
Suministro de complementos alimenticios sin las debidas autorizaciones oficiales.
Fallas graves en los protocolos de inocuidad alimentaria.
Reducción del 40 % en la cobertura asistencial proyectada, afectando directamente a niños menores de cinco años y madres gestantes en siete municipios chocoanos.
El bloque de denuncias incluyó el caso de la empresa Electrohuila, entidad sobre la cual la Procuraduría General de la Nación ya inició una indagación previa debido a una supuesta reforma de los estatutos internos que habría sido diseñada de manera particular para favorecer la continuidad de la actual gerencia de la compañía energética.
