MinAgricultura designado prende alarmas sobre decreto de tierras
El Ministro de Agricultura del presidente electo advierte que Petro pone la reforma agraria por encima de la seguridad jurídica y de las víctimas. Foto Prensa Abelardo de la Espriella
Bogotá, julio 23, 2026_ RAM _El equipo de gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella fijó su posición oficial con relación a las recientes disposiciones del Ejecutivo en materia de política agraria. A través de un comunicado emitido por la oficina de prensa de la Presidencia electa, el designado ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, hizo un llamado de alerta sobre los alcances del Decreto 765 de 2026, mediante el cual se agiliza la transferencia de predios rurales bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hacia la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La postura adoptada por la futura administración resalta la necesidad de mantener un marco de garantías legales sólidas en la distribución del suelo rural en el país. De acuerdo con el análisis expuesto por Dangond, el mecanismo impulsado por el gobierno saliente prioriza la celeridad en la entrega de terrenos por encima del rigor normativo, situación que podría generar inestabilidad jurídica al involucrar predios que actualmente tienen procesos de extinción de dominio en desarrollo en los estrados judiciales.
Desde la perspectiva del equipo entrante, el fortalecimiento del sector agropecuario no debe cimentarse en procedimientos expeditos o en la cancelación acelerada de cargas sobre bienes cuya situación legal aún genera controversia. La jefatura de la cartera agraria entrante ratificó que cualquier transformación en la estructura de la propiedad debe respetar plenamente el debido proceso y proteger los derechos e intereses de los campesinos, los propietarios legítimos, las víctimas del conflicto y los terceros que hayan actuado de buena fe.
Con el propósito de salvaguardar el Estado de Derecho en las zonas rurales, el gobierno entrante confirmó que someterá el alcance del Decreto 765 de 2026 a una revisión minuciosa tan pronto asuma las funciones constitucionales el próximo 7 de agosto. El objetivo de este examen normativo será ajustar las herramientas de titulación de tierras a parámetros de estricta legalidad, asegurando que la política pública responda a estándares de transparencia y certeza jurídica para todos los actores del campo.
El pronunciamiento enfatiza que la asignación de terrenos de cultivo debe operar como un detonante de inversión, productividad y estabilidad económica en las regiones. La administración entrante considera prioritario evitar la apertura de pleitos legales o nuevos desacuerdos en torno a la tenencia de los predios, apostándole a un modelo de desarrollo rural respaldado por la confianza institucional.
El equipo económico y técnico del presidente electo reiteró que el avance de la producción agropecuaria en el país exige el establecimiento de reglas de juego claras para atraer capitales e incentivar la modernización del agro. La meta trazada por la nueva gestión busca proyectar un campo competitivo y seguro, donde la adquisición y uso de la tierra esté exenta de riesgos procesales.
Con este anuncio, la administración de Abelardo De La Espriella reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad, garantizando que el ordenamiento de la propiedad rural se desarrolle en el marco del respeto a la ley y la protección integral de las víctimas.
