Ministro Lara pide a partidos de Gobierno entrante evitar que el próximo contralor sea del Pacto

Así lo confirmó también el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien señaló que la decisión se la dejarán a los partidos aliados al Gobierno.
Bogotá, julio 30, 2026_ RAM _El gobierno electo de Abelardo de la Espriella plantea algunas condiciones para acompañar la elección del futuro contralor general de la República.
Así lo confirmó también el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien señaló que la decisión se la dejarán a los partidos aliados al Gobierno.
Es decir, que el próximo contralor sea escogido por los partidos de la coalición pro-gobierno: Centro Democrático, Partido Liberal, Conservador o la U.
Dijo que la petición del Gobierno entrante es que no “pacten” con un partido opositor; para evitar que el próximo Contralor General sea del Pacto Histórico.
El ministro designado aseguró que el Gobierno entrante “no busca un contralor de bolsillo”, porque respetan plenamente la autonomía del Congreso.
Agregó que están dispuestos a acompañar la elección del nuevo Contralor General bajo algunas condiciones:
No surja de un pacto de impunidad con el Pacto Histórico para tapar la grotesca corrupción del gobierno que se va.
Los partidos amigos y de gobierno escojan el mejor perfil, logrando consenso pensado únicamente en los intereses superiores de Colombia.
Dijo que: “El gobierno entrante no busca un contralor de bolsillo. Respetamos plenamente la autonomía del Congreso. Estamos dispuestos a acompañar la elección, siempre y cuando: Sea un contralor anticorrupción, no pro-corrupción (…) No surja de un pacto de impunidad con el Pacto Histórico para tapar la grotesca corrupción del gobierno que se va”.
“El gobierno entrante no busca un contralor de bolsillo”, señaló el funcionario designado, al insistir en que la decisión debe estar guiada por el interés nacional y no por acuerdos políticos que comprometan la independencia del cargo.
En ese sentido, planteó una serie de condiciones que, a juicio de la futura administración, deberían marcar el proceso de selección. La primera de ellas apunta a que la persona elegida tenga un compromiso claro con la lucha contra la corrupción y ejerza una vigilancia rigurosa sobre los recursos públicos.
Asimismo, manifestó que el nuevo contralor no debe ser producto de acuerdos que, según dijo, puedan derivar en escenarios de impunidad frente a presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el actual gobierno.
«No surja de un pacto de impunidad con el Pacto Histórico para tapar la grotesca corrupción del gobierno que se va», señaló.
El ministro designado sostuvo que la Contraloría debe conservar su capacidad de control y actuar con independencia frente a cualquier administración.
Otro de los puntos destacados por Rodrigo Lara es la necesidad de que las colectividades políticas que respaldan al gobierno electo, junto con otros sectores afines, construyan consensos alrededor de la candidatura con mejores credenciales técnicas y éticas. De acuerdo con su planteamiento, la elección debe priorizar la experiencia, la idoneidad y la defensa de los intereses del país por encima de consideraciones partidistas.
El funcionario reiteró que, si estas condiciones se cumplen, el gobierno entrante estará dispuesto a acompañar el proceso que se adelanta en el Congreso para definir quién asumirá la dirección de la Contraloría General de la República durante el próximo periodo.
Estas nuevas declaraciones se suman a las que Rodrigo Lara entregó recientemente sobre el proceso de elección del próximo Contralor General. En esa oportunidad, el ministro del Interior designado señaló que el Gobierno reconoce plenamente que se trata de una decisión “autónoma y soberana” del Congreso de la República.
No obstante, consideró que sería “injustificable e impresentable” que partidos cercanos al gobierno entrante establezcan acuerdos con el Pacto Histórico para definir dicha elección.
Rodrigo Lara reiteró que el Ejecutivo no promoverá un candidato propio, aunque hizo un llamado a las colectividades afines para alcanzar consensos alrededor de un perfil que garantice independencia, transparencia y un firme compromiso con la lucha contra la corrupción.




