Choque de trenes por Los Nevados: El pleito en el Consejo de Estado que tiene congelado el Pico y Placa en la vía Manizales–Murillo
(1ra Parte)
En el primer informe de una serie especial, La Veintitrés revela en primicia el documento oficial de la Presidencia de la República que destapa un conflicto de competencias entre la Gobernación de Caldas, el Ministerio de Transporte y la ANI
Mientras el Tolima aplica restricciones desde julio, del lado caldense están en el limbo jurídico hasta los pasos de fauna y los límites de velocidad
Imágenes de La Veintitrés elaboradas con asistencia de IA
Por Samuel Salazar Nieto
La Veintitrés
La vía Manizales–Murillo, considerada por muchos como la carretera más hermosa de Colombia y arteria que cruza una fábrica de agua vital para millones de personas en el centro del país, se encuentra hoy atrapada en un laberinto jurídico e institucional sin precedentes.
A partir del 1 de julio de 2026, cuando el Tribunal Superior de Ibagué echó para atrás la medida de restricción que había impuesto meses antes —argumentando que la carretera dejó de ser regional para convertirse en una vía nacional y que, por ende, era la Nación la llamada a proteger este ecosistema declarado Sujeto de Derechos—, el corredor vial quedó partido en dos realidades opuestas.
Sin embargo, lo que parecía una simple falta de coordinación entre departamentos y el Gobierno Nacional en pleno cambio de mando, es en realidad un pulso jurídico de alto calibre. La Veintitrés conoció en primicia, gracias a la respuesta a un derecho de petición radicado el 6 de septiembre de 2026 ante la Presidencia de la República (EXT26-00144609), la verdadera razón de la parálisis en el tramo caldense.
El litigio en el Consejo de Estado
Mediante el oficio OFI26-00041185, fechado el 25 de septiembre de 2026, la Consejería Presidencial para las Regiones confirmó que, por iniciativa del Departamento de Caldas, actualmente cursa ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado un presunto conflicto de competencias administrativas que enfrenta a la Gobernación de Caldas con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Lo más revelador del documento oficial que firma la titular de ese despacho Valerie Lafaurie García, es el alcance de lo que está en juego. El pleito jurídico no busca definir únicamente quién tiene la facultad de decretar el «Pico y Placa Ambiental» en esta arteria de la Red Vial Nacional. Según el reporte de la Presidencia, el Consejo de Estado también deberá dirimir qué entidad es la competente para tomar decisiones urgentes como:
La fijación de límites especiales de velocidad en el páramo.
La implementación de pasos de fauna.
El establecimiento de prohibiciones de estacionamiento a lo largo del corredor de primer orden que comunica a Manizales con Murillo.
En otras palabras, mientras la Sala de Consulta y Servicio Civil no resuelva quién ostenta la autoridad administrativa sobre la vía nacional, las medidas de fondo para mitigar el impacto del turismo masivo y del flujo vehicular en la jurisdicción de Caldas permanecen en el congelador jurídico.
Un parque partido en dos
Mientras Caldas optó por acudir al Consejo de Estado por considerar que decretar restricciones unilaterales excedería sus funciones sobre una vía nacional, la Gobernación del Tolima tomó un camino distinto.
Tal como lo certifica el documento de la Presidencia, la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima expidió la Resolución No. 1815 del 24 de julio de 2026, mediante la cual adoptó de manera temporal el pico y placa ambiental (sábados, domingos y festivos de 5:00 a. m. a 4:00 p. m.) y otras regulaciones en su jurisdicción.
El resultado en el terreno es un rompecabezas confuso para las comunidades y los viajeros: los 56 kilómetros que van desde Murillo hasta el cerro Gualí (sector La Esperanza / El Ocho) cuentan con restricción obligatoria, pero los más de 30 kilómetros restantes desde ese punto hasta Manizales carecen de medida coercitiva, más allá del «pico y placa voluntario» promovido por la concesión vial con escasa acogida ciudadana.
La Consejería para las Regiones toma distancia
Otro de los grandes interrogantes en la región giraba en torno al futuro de la coordinación nacional de la Sentencia STL 10716 de 2020 (que declaró al Parque Nacional Natural Los Nevados como Sujeto de Derechos), especialmente tras los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella sobre la eliminación de las consejerías presidenciales.
El oficio enviado a La Veintitrés despeja la duda sobre la figura institucional, pero abre una mayor sobre su liderazgo operativo: la Consejería Presidencial para las Regiones sigue activa bajo el amparo del Decreto 2647 de 2022 y hoy está en cabeza de la consejera Valerie Lafaurie García.
No obstante, frente a la crisis de confusión normativa que vive la región, el despacho presidencial fijó una postura distante. En su respuesta oficial, la Consejería advierte que su intervención «se limita a la articulación institucional y al seguimiento de las órdenes judiciales que involucran al Presidente de la República». Acto seguido, puntualiza que esa dependencia «no adopta, reglamenta ni ejecuta medidas como el ‘Pico y Placa Ambiental’» y que, por lo tanto, «no cuenta con información que le permita resolver las inquietudes» sobre la medida en el corredor Manizales–Murillo.
En su lugar, la Presidencia remitió la responsabilidad de responder a las autoridades de tránsito definidas en la Ley 769 de 2002 y la Ley 1383 de 2010: el Ministerio de Transporte, las gobernaciones de Caldas y Tolima, y la Alcaldía de Manizales. Sin embargo, como este medio lo comprobó durante el proceso de transición gubernamental, ni en el Ministerio de Transporte, ni en la ANI, ni en Parques Nacionales hubo respuesta oportuna en medio del relevo de funcionarios.
El silencio de la Secretaría de Medio Ambiente y el factor terremoto
Aunque la Gobernación de Caldas ha hecho llamados institucionales generales para vigilar y proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados, el manejo específico del corredor vial ha estado rodeado de hermetismo local. Fue necesario que La Veintitrés acudiera directamente a la Presidencia de la República en Bogotá para conocer la existencia del conflicto de competencias en el Consejo de Estado.
De hecho, desde el pasado 3 de septiembre de 2026, este medio envió a través del equipo de prensa un cuestionario formal a la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas que, tras más de tres semanas, sigue sin respuesta.
En dicho cuestionario, La Veintitrés buscaba esclarecer puntos neurálgicos que hoy siguen abiertos para la opinión pública caldense:
La ventana previa a la tragedia: ¿Qué actuaciones concretas adelantó la Secretaría de Medio Ambiente entre el 1 de julio (cuando se cayó la medida del tribunal) y el 10 de agosto de 2026 para proteger el corredor vial, y qué estudios técnicos o jurídicos se hicieron en esos 40 días frente a la opción que sí tomó el Tolima el 24 de julio?
El impacto del sismo del 10 de agosto: Teniendo en cuenta que la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo está adscrita directamente a la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas, ¿cómo afectó la grave emergencia del terremoto del 10 de agosto la capacidad operativa de esta dependencia para atender sus compromisos dentro del Plan Conjunto de Recuperación y Conservación del Parque?
La ruta a seguir: ¿Considera el departamento que hoy existe una instancia nacional verdaderamente operativa coordinando el fallo de la Corte, y cuál debe ser la salida institucional frente a la presión del turismo y la movilidad?
Mientras el Consejo de Estado estudia los expedientes en Bogotá, la Consejería de Regiones delimita sus funciones al seguimiento documental y las autoridades departamentales guardan silencio o atienden múltiples emergencias, el Parque Nacional Natural Los Nevados sigue esperando dolientes con mando unificado. En los mas de 30 kilómetros del tramo caldense, la «vía más linda de Colombia» continúa sin reglas claras que protejan el páramo del impacto humano.
Espere este lunes en La Veintitrés (2da Parte): Seis años de un Sujeto de Derechos en el papel: cómo Los Nevados quedó atrapado entre el asfalto, el turismo masivo y los escritorios de Bogotá.
