¿Es posible recuperar el control de las cárceles?
Por Hugo Acero
Los traslados de presos, los nuevos directores, las cárceles flotantes y las megacárceles pueden ayudar a recuperar el control penitenciario. Pero sin cambios en la guardia del INPEC y en los mecanismos de vigilancia, sus resultados serán pasajeros.
El problema de fondo
El gobierno ha ordenado varias medidas para recuperar el control de las cárceles. Trasladar cabecillas criminales a establecimientos de mayor seguridad, nombrar policías y militares retirados como directores, adecuar buques de guerra como cárceles flotantes, intensificar las requisas, aislar a los líderes de las organizaciones criminales, y construir megacárceles.
Estas acciones pueden dar resultados inmediatos, pero necesitan acompañarse de cambios en la guardia del INPEC, particularmente para combatir la corrupción y recuperar el control efectivo de los establecimientos.
Algunos pueden comenzar de inmediato, aun con los escasos recursos disponibles.
Trasladar presos no basta
Hasta el momento, el presidente ha ordenado trasladar a más de 350 presos a cárceles de mediana y alta seguridad para impedir que sigan delinquiendo, especialmente mediante la extorsión. La medida puede funcionar temporalmente, pero el problema de fondo sigue siendo la corrupción y la falta de control del INPEC al interior de los establecimientos carcelarios.
Hay que recordar que una parte del grave problema de extorsión se agravó con los traslados de presos realizados a comienzos de siglo, medida que extendió esta actividad criminal a otras cárceles y regiones porque también se desplazaron las redes delincuenciales, mientras que el INPEC no ejerció el control que le correspondía.
Cuando los cabecillas son enviados a otras regiones, parte de sus organizaciones y familias también se desplaza. Así, la actividad criminal llega a las ciudades receptoras. Por eso, sin cambios en el personal de vigilancia y nuevos mecanismos de control, los resultados de los traslados difícilmente serán duraderos.
Estos traslados pueden ser una oportunidad para seleccionar a los mejores guardianes del INPEC, que los hay, y asignarlos a los establecimientos donde van a permanecer los delincuentes más peligrosos. Otra posibilidad consiste en incorporar una nueva guardia penitenciaria, con un régimen especial, para determinadas cárceles de mediana y alta seguridad, sin mezclarlos con los guardias del INPEC.
Los nuevos funcionarios podrían seleccionarse entre expolicías y exmilitares, previa capacitación penitenciaria. La experiencia permitiría comparar los resultados de los establecimientos con personal actual y aquellos que cuenten con una nueva guardia.
Cambiar los directores tampoco basta
El nombramiento de expolicías y exmilitares como directores de las cárceles es una buena decisión, aunque limitada.
Los nuevos directores podrán nombrar a parte del personal administrativo, pero tendrán que trabajar con los guardianes actuales del INPEC, quienes permanecen en los establecimientos las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los directores no pueden estar presentes todo el tiempo ni supervisar personalmente todos los espacios.
Para recuperar el control de las cárceles se necesitan cambios importantes en la guardia penitenciaria. No basta con sustituir a los directores y a algunos funcionarios administrativos, hay que depurar la actual guardia carcelaria y penitenciaria.
El presidente ordenó desarrollar la estrategia REMAS (Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad), que propone utilizar buques de la Armada Nacional como cárceles flotantes en altamar.
La idea resulta atractiva porque permitiría aislar a los cabecillas, impedir que sigan delinquiendo y sancionar a quienes mantienen sus actividades criminales durante la reclusión.
Sin embargo, como explica el vicealmirante retirado Antonio José Martínez Olmos en un artículo publicado en Semana, utilizar buques de guerra como cárceles implica retirar unidades de sus funciones militares. El vicealmirante advierte que “Un buque de guerra no es una plataforma flotante disponible para cualquier necesidad del Estado: encarna soberanía, disuasión, presencia naval y capacidad de desarrollar operaciones navales en defensa de los intereses nacionales”.
Martínez Olmos propone una alternativa: el arrendamiento de una nave mercante mediante el llamado fletamento a casco desnudo, figura reconocida por la Ley 2133 de 2021. Esta modalidad permitiría disponer de una plataforma civil sin retirar un buque de sus funciones militares.
El vicealmirante advierte que el arrendamiento no autoriza por sí solo la creación de una cárcel flotante. Serían necesarios un fundamento legal expreso, regulación penitenciaria, control judicial, certificaciones de seguridad y coordinación con la autoridad marítima.
También sería indispensable distribuir las responsabilidades. El INPEC conservaría la custodia interior; la USPEC adecuaría el barco y respondería por mantenimiento de la infraestructura y el abastecimiento; el Ministerio de Justicia conduciría la política penitenciaria; la DIMAR ejercería sus competencias marítimas; el MinTIC intervendría en el control de las comunicaciones; la Fiscalía investigaría las redes externas, y la Armada asumiría la seguridad marítima.
En definitiva, adecuar un buque de guerra podría resolver parcialmente un problema penitenciario, pero crearía otro para la Armada, cuya misión no consiste en administrar cárceles. A la propuesta le faltan planeación, un diagnóstico detallado y claridad sobre los recursos necesarios.
Megacárceles con garantías
El Gobierno también ha propuesto construir varias megacárceles, inspirado en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, criticado por las violaciones de los derechos humanos, como expuse en un artículo que publiqué en Razón Pública.
Frente a esta propuesta, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que “no se trata de meter a todo el mundo preso por capricho, sino de buscar alternativas para aliviar la grave crisis de hacinamiento carcelario que padece el país y cortar de raíz la delincuencia y las extorsiones que se ordenan desde el interior de los penales”.
Ojalá se mantenga esta posición razonable.
La construcción de nuevas cárceles ofrece una oportunidad para transformar el sistema penitenciario, combatir la corrupción y la ineficiencia del INPEC y la USPEC, y garantizar que el Estado, y no los delincuentes, controle los establecimientos.
Para funcionar adecuadamente, las nuevas cárceles deben contar con personal administrativo, guardianes y funcionarios encargados de la resocialización que sean nuevos y estén por fuera del régimen actual del INPEC y la USPEC.
El personal debería ingresar mediante procesos rigurosos de selección y capacitación, y contar con un régimen laboral que mejore el profesionalismo y el bienestar de los funcionarios y establezca límites a su sindicalización por tratarse de un cuerpo armado del Estado, como sucede con la Fuerza Pública.
La construcción y el funcionamiento de las nuevas cárceles deberían cumplir cinco condiciones:
Instalaciones seguras, controladas por el Estado y respetuosas de los derechos humanos, conforme a las normas nacionales e internacionales.
Personal administrativo, de vigilancia y de resocialización nuevo, con un régimen especial diferente del actual.
Protocolos claros de seguridad, administración, disciplina y control interno, acompañados de mecanismos externos de seguimiento y evaluación.
Programas pedagógicos de resocialización y desarrollo personal para los internos y las internas.
Posibilidad de alianzas público-privadas (APP) para financiar inversiones penitenciarias, como se ha hecho en Medellín. Algunas empresas de vigilancia y seguridad privada han manifestado interés en este campo.
La recuperación del control de las cárceles no depende solamente de trasladar presos, nombrar nuevos directores o construir establecimientos. Depende, ante todo, de contar con funcionarios capaces, mecanismos efectivos de vigilancia, control y una administración que impida que las organizaciones criminales sigan gobernando desde los centros de reclusión.
