Recorte de $13,8 billones es insuficiente, pero es el primer paso para ordenar el PGN

_Luego de varios inconvenientes a su paso por el Congreso de la República y que a última hora se descubrió un error de trámite, el Gobierno decretó el presupuesto para 2027 en $634,952 billones.

Bogotá, octubre 24, 2026_ RAM _Luego de varios inconvenientes a su paso por el Congreso de la República y que a última hora se descubrió un error de trámite, el Gobierno decretó el presupuesto para 2027 en $634,952 billones. La mayor parte de los recursos se destinó a funcionamiento, seguido del servicio de la deuda pública y la inversión.

Funcionamiento concentró $392,6 billones, equivalentes a cerca del 61,8 % del presupuesto. Este rubro incluye transferencias, nómina estatal y gastos de operación de las entidades públicas.

Dentro de ese componente, las transferencias sumaron $297,6 billones, equivalentes al 75,8 % del gasto de funcionamiento. Entre los principales conceptos se encuentran $96,1 billones para el Sistema General de Participaciones, cerca de $96 billones para pensiones y asignaciones de retiro y $49,9 billones para el aseguramiento en salud.

Sin embargo, esa situación de determinar unos recursos sin tener en cuenta las asignaciones en plenarias de Senado y Cámara dejó por fuera varias partidas que complican el panorama fiscal.

Posteriormente, el Ejecutivo anunció un recorte fiscal del presupuesto de 2026 de $13,8 billones, para tapar el descuadre de las finanzas que se originaron desde comienzos del gobierno Petro, pero que esa administración se negó a corregir.

Señalan los expertos que su análisis “parte de un recuento de cómo se llegó hasta el recorte de $13,8 billones, qué corrige esta decisión y qué ajustes todavía quedarían pendientes en lo que resta del año”.

Explican que “el nuevo recorte es una señal importante en la dirección del ajuste fiscal. Sin embargo, no resuelve por completo el problema. La nueva administración había anunciado una meta de reducción del gasto de $21,9 billones, compuesta por cerca de $14,7 billones necesarios para corregir el desbalance real entre ingresos y gastos y otros $7,2 billones correspondientes a una meta adicional de austeridad”.

Los analistas enfatizan que, “para entender por qué todavía faltan ajustes, hay que volver al origen del PGN 2026: a finales de 2025, el Congreso aprobó un presupuesto en el que los gastos superaban a los ingresos aforados en $16,3 billones. Esta diferencia podía existir siempre que el gobierno presentara posteriormente una Ley de Financiamiento que permitiera obtener los recursos faltantes. El Gobierno presentó esa iniciativa, pero el Congreso la archivó. Con ello, los $16,3 billones esperados no se materializaron. En ese momento, la alternativa era reducir o aplazar gasto por un monto equivalente, pero ese ajuste no se realizó”.

Indica el Observatorio que, “antes de la liquidación definitiva del presupuesto en 2025, el Gobierno declaró una emergencia económica e incorporó $11 billones de ingresos tributarios extraordinarios. Con esos recursos, la brecha que originalmente era de $16,3 billones, se redujo en el papel, a $5,3 billones al momento de su liquidación. Posteriormente, la Corte Constitucional declaró inexequible la emergencia. Esto significó que esos $11 billones dejaron de tener el respaldo con el que habían sido incorporados. Más adelante se determinó que podían conservarse aproximadamente $1,63 billones ya recaudados bajo una de las medidas adoptadas durante la emergencia”.

Agregan, asimismo en su análisis, que “con esa corrección, el faltante real pasaría de ser de $5,3 billones y se acerca a $14,7 billones. Sin embargo, durante buena parte del año las cifras presupuestales continuaron mostrando una brecha menor porque todavía incluían ingresos asociados a una medida que ya había perdido vigencia jurídica. A este escenario se sumó el cambio de gobierno en agosto. La nueva administración anunció una meta de austeridad más ambiciosa: reducir el gasto en $21,9 billones, es decir, cerca de $7,2 billones adicionales frente al ajuste requerido para corregir únicamente el desbalance entre ingresos y gastos”.

Ahora, el Gobierno decretó una reducción de $13,8 billones: “El problema es que el decreto no redujo únicamente el gasto: también disminuyó los ingresos en la misma magnitud. Por eso, aunque el tamaño total del presupuesto baja, reducir ambos lados de la cuenta por igual no elimina por sí mismo la diferencia entre los recursos disponibles y el gasto autorizado”.

Los expertos consideran que “con las cifras resultantes del decreto, la lectura puede simplificarse así: los gastos quedarían alrededor de $542,2 billones y los ingresos en aproximadamente $537,9 billones. Esto deja una diferencia cercana a $4,3 billones que todavía tendría que corregirse para que los ingresos disponibles alcancen a cubrir el gasto autorizado. Además, si el Gobierno mantiene su meta de reducir el gasto en $21,9 billones, el recorte de $13,8 billones realizado hasta ahora significa que todavía faltarían $8,1 billones adicionales”.

De esos $8,1 billones, aproximadamente $4,3 billones serían necesarios para cerrar la brecha entre ingresos y gastos. Los cerca de $3,8 billones restantes corresponderían al ajuste adicional requerido para completar la meta de austeridad anunciada por la nueva administración.

“El mensaje desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana es claro: recortar el presupuesto es una señal positiva para avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas, pero todavía es necesario sincerar las cuentas y completar los ajustes pendientes. El recorte de $13,8 billones es un primer paso para ordenar el PGN 2026, pero aún debe garantizarse que las cifras reflejen los recursos con los que realmente cuenta el país y que el gasto autorizado sea compatible con ellos. Solo así será posible cerrar la brecha fiscal, hacer transparente el tamaño real del ajuste y avanzar hacia el cumplimiento de las metas fiscales”, aseguran los analistas.

En lo que va del año, de enero a julio, el déficit fiscal alcanzó 3,9 % del PIB, equivalente a $76 billones. Así lo reveló el Ministerio de Hacienda en su última actualización, según la cual solo en julio el saldo entre ingresos y gastos fue de 0,5 % del PIB.

En 2025, el déficit fiscal cerró en 6,4 % del PIB, por lo que el resultado acumulado a julio está a 2,5 puntos porcentuales de alcanzar el nivel registrado el año pasado.

En lo que va del año, el total de ingresos de la nación suma $204 billones (10,1 % del PIB) y los gastos suman $280 billones (13,9 % del PIB), de ahí que se genere un faltante de $76 billones en las finanzas públicas (3,9 % del PIB).

Dentro del componente de ingresos, el principal jalonador son los ingresos tributarios, que alcanzan $181 billones, equivalentes a 9 % del PIB. Por el lado del gasto, el funcionamiento concentra $200 billones, 9,9 % del PIB, y se consolida como el principal componente de presión sobre la economía.

Con este panorama, hay que recordar que, de acuerdo con las metas de Hacienda, para este año se proyecta un déficit de 7,2 % del PIB, y para el próximo año uno de 9,4 % del PIB.

Ahora, al revisar la serie histórica, el déficit acumulado en los primeros siete meses de 2026, de 3,9 % del PIB, ya supera los niveles registrados para el mismo periodo de 2017, 2018 y 2019. Además, frente a 2025, cuando para este punto del año el déficit era de 3,7 % del PIB, el resultado evidencia un mayor deterioro de las cuentas fiscales.

Teniendo en cuenta que la meta para este año es de 7,2 %, Hacienda solo tiene espacio de 3,3 % del PIB para no incumplir dicha proyección.