MinEducación recortará $386.173 millones de su presupuesto de inversión
Bogotá, noviembre 17, 2026_ RAM _El Ministerio de Educación puso en marcha un ajuste financiero sobre su presupuesto de inversión de 2026 por un monto exacto de $386.173 millones. Según informó la ministra de Educación mediante un pronunciamiento oficial, la solicitud ya fue radicada ante el Ministerio de Hacienda como parte de la política de austeridad fiscal trazada por el presidente Abelardo de la Espriella frente a la situación económica heredada de la administración anterior.
El plan de recorte se ejecuta en varias fases. A través del Decreto 1585 ya se concretó una primera reducción por $13.341 millones, mientras que otros $372.832 millones quedaron programados para un ajuste posterior. A estas cifras se suman $11.726 millones adicionales que la entidad identificó recientemente para incorporarlos a la disminución del gasto.
Además de la tijera sobre los rubros de inversión, la cartera intervino los gastos de funcionamiento mediante la Circular 054 de 2026, norma que fijó controles estrictos para autorizar comisiones de servicio y desplazamientos de funcionarios. Como resultado de esa directriz, el promedio de comisiones bajó de 422 al mes —registradas entre enero y julio de 2026— a 119 entre agosto y octubre. En términos financieros, el desembolso mensual por ese concepto pasó de $440 millones a $131 millones, lo que representa una caída cercana al 70 %.
La restricción también alcanzó la contratación por prestación de servicios. De acuerdo con las cifras entregadas por la ministra, mientras entre enero y julio de este año el gobierno saliente suscribió 795 contratos por un valor de $88.000 millones, entre agosto y noviembre la actual administración únicamente celebró siete vinculaciones. Ese freno contractual representa un ahorro superior a los $13.000 millones para las finanzas del sector.
Frente a las inquietudes sobre el impacto de estas restricciones en los programas del sector, la titular de la cartera sostuvo que el plan de austeridad no implica recortar la calidad, el acceso ni los procesos de transformación educativa, ni tampoco renunciar a las obligaciones institucionales del ministerio.
En su declaración, la funcionaria enfatizó que la directriz del Ejecutivo apunta a optimizar los recursos disponibles para que cada peso público cuente con una justificación técnica, un propósito definido y resultados verificables en favor del derecho a la educación.



