Más de 60 menores murieron en bombardeos durante el gobierno Petro, revela Medicina Legal
El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, reportó que durante lo corrido del Gobierno del presidente Gustavo Petro se tiene un registro de 65 menores muertos en bombardeos cometidas en medio de operaciones militares.
Bogotá, julio 01, 2026_ RAM _El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, reportó que durante lo corrido del Gobierno del presidente Gustavo Petro se tiene un registro de 65 menores muertos en bombardeos cometidas en medio de operaciones militares.
“Tenemos una estadística de aproximadamente unos 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del gobierno actual”, dijo el director de Medicina Legal.
Explicó que los registrados forenses elaborados por los peritos de Medicina Legal indican que los menores que han resultado víctimas en medio de estos operativos tenían edades que oscilan entre los 14 y los 17 años.
Estos son los ocho bombardeos contra el Clan del Golfo durante el Gobierno Petro: 37 miembros de la estructura fueron abatidos
“Las edades están generalmente entre los 14 y 17 años”, manifestó Ariel Cortés.
Las principales regiones del país donde se ha tenido reporte de estas muertes de menores en medio de operaciones militares son “las zonas periféricas, por ejemplo, Guaviare, lo que es Arauca, Putumayo”.
El reporte estadístico unificado recopila los casos atendidos por los peritos y patólogos en distintas morgues regionales del territorio nacional. Los análisis morfológicos y de dactiloscopia arrojaron de manera contundente que los cuerpos recuperados por las tropas en las áreas de combate pertenecían a ciudadanos de especial protección constitucional que no alcanzaban la mayoría de edad, lo que abre una nueva vertiente en las indagaciones judiciales ordinarias.
Los análisis geográficos elaborados por los expertos de la entidad judicial evidencian que el fenómeno se focaliza de forma crítica en tres departamentos específicos: Guaviare, Arauca y Putumayo. En estas jurisdicciones periféricas, caracterizadas por la fuerte presencia y control territorial de estructuras criminales, se concentra la totalidad de los registros de necropsias practicadas a los jóvenes caídos en los despliegues de las fuerzas del Estado.
La coincidencia de estos decesos en zonas fronterizas y de difícil acceso de la Amazonía y la Orinoquía devela los riesgos a los que se enfrentan las comunidades vulnerables por cuenta del accionar de grupos ilegales. De acuerdo con analistas del sector defensa, estas facciones armadas utilizan los campamentos en la selva para ocultar a los menores reclutados y usarlos como escudos humanos ante las ofensivas institucionales.
Ante la gravedad del informe emitido por la institución forense, los investigadores adscritos a la Unidad Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos asumirán de forma prioritaria la inspección de los planeamientos operativos de la rama castrense. La recolección de los expedientes de la Justicia Penal Militar busca determinar la cadena de mando y las circunstancias exactas en que se autorizaron y ejecutaron los ataques contra los campamentos de los grupos insurgentes.
El ente acusador centrará sus labores de peritaje en evaluar si los bombardeos cumplieron con los estándares internacionales de distinción, precaución y proporcionalidad contemplados en las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Este proceso de recolección de pruebas técnicas y testimoniales en los batallones e instalaciones aéreas pretende esclarecer la efectividad de la inteligencia militar al momento de verificar la presencia de población civil e infantil en los objetivos catalogados como blancos legítimos.
