Condena a Carlos Caicedo reabre expediente de obras inconclusas

Carlos Eduardo Caicedo Omar

Santa Marta, julio 29, 2026_ RAM _La condena proferida contra el exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por las irregularidades en el proyecto de modernización de la red pública de salud del Distrito, ya genera las primeras reacciones. Una de las voces que celebró la decisión fue la del presidente de la Veeduría de esta región del país, Edilfonso Orozco, quien afirmó que el fallo representa «un acto de justicia» luego de varios años de denuncias e investigaciones alrededor de uno de los proyectos de infraestructura en salud más cuestionados de la ciudad.

Para el dirigente, la decisión judicial valida el trabajo de control social que adelantó la Veeduría desde que comenzaron a evidenciarse las presuntas inconsistencias en la ejecución de las obras.

«Como veeduría ciudadana aportamos un granito de arena para que se hiciera justicia. Desde el primer momento le hicimos seguimiento a este contrato, denunciamos lo que sucedió y hoy podemos decir que ese trabajo dio resultados. El dicho es claro: la justicia tarda, pero llega. Y esta decisión prácticamente tomó por sorpresa a todos los samarios, precisamente cuando la ciudad celebra sus 501 años», manifestó Orozco.

«Se recibe esta noticia como un alivio para muchas familias que durante años esperaron una respuesta. Son miles de personas que, según nuestra percepción, resultaron afectadas porque estos centros de salud nunca estuvieron disponibles para prestar la atención que necesitaba la comunidad y siempre estuvimos esperanzados en que él pagaría por estos y otros hechos», expresó.

Las obras que terminaron y el ‘elefante blanco’ que quedó

Recordemos que el proceso judicial está relacionado con el contrato para la modernización de cinco puestos de salud que fueron intervenidos durante la administración de Carlos Caicedo. Con el paso de los años, la mayoría de esas obras fueron culminadas mediante nuevos contratos y recursos adicionales durante administraciones posteriores.

Tras la inversión inicial realizada en el proyecto, fue necesario destinar cerca de 6.000 millones de pesos adicionales para terminar algunas de las infraestructuras.

«Después de que se hubieran invertido alrededor de 11.000 millones de pesos, hubo que hacer otro contrato cercano a los 6.000 millones para terminar los centros de salud La Candelaria y La Paz. Finalmente fueron entregados La Candelaria, La Paz, Taganga y Bastidas. El único que terminó convertido en un verdadero elefante blanco fue el puesto de salud de Mamatoco», aseguró.

De otro lado, la defensora de derechos humanos de esta zona del país, Norma Vera Salazar, también se pronunció sobre la decisión judicial y sostuvo que el fallo constituye un precedente frente a las denuncias que, durante años, se han formulado por presuntas irregularidades en la administración de los recursos públicos durante el gobierno de Carlos Caicedo. A su juicio, la condena respalda el trabajo de quienes documentaron y denunciaron estos hechos, al tiempo que pidió celeridad en otros procesos que continúan en curso.

«Este fallo demuestra que las denuncias sistemáticas por presunta corrupción no obedecían a una persecución política, sino que estaban sustentadas en elementos materiales probatorios que permitieron a la Fiscalía establecer una intención dolosa en la ejecución de este proyecto. Lo ocurrido no solo evidencia corrupción, malos manejos administrativos y una pésima planeación, sino que le hizo un daño estructural a la salud de Santa Marta. Se demolieron puestos de salud que, aunque no estaban en las mejores condiciones, sí prestaban un servicio a la comunidad, con la promesa de unas obras que nunca garantizaron oportunamente la atención que necesitaban los ciudadanos», afirmó.

Vera Salazar agregó que «esta condena, aunque tardía, representa un triunfo de la denuncia ciudadana, de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Esperamos que los procesos que hoy cursan no solo contra Carlos Caicedo, sino también contra Rafael Martínez, Virna Johnson, Carlos Pinedo y otros funcionarios, avancen con la mayor celeridad posible, porque los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se administraron los recursos públicos y a ejercer control sobre la gestión de quienes eligieron», le dijo a la FM, Norma Vera.