Sin recursos para fortalecer las FF AA.

Por: Hugo Acero Velásquez

El gobierno de Abelardo De La Espriella no contará con recursos suficientes para cumplir muchas de las promesas que hizo durante la campaña presidencial. El déficit fiscal, los graves problemas de la salud, del sector energético y de seguridad, solo podrán ser resueltos si se cuenta con recursos frescos, hoy difíciles de conseguir.

En el caso de la seguridad, antes de finalizar el gobierno de Gustavo Petro el Ejército y Planeación Nacional ponen en evidencia el alto déficit que se tiene para fortalecer esta fuerza, sin contar las necesidades del resto de la Fuerza Pública. Adicional a esto, gobierno saliente deja una serie de compromisos por más de 36 billones de pesos que se van a pagar con vigencias futuras, es decir, el nuevo gobierno va a encontrar presupuestos de inversión ya comprometidos y sin considerar si lo que se va a adquirir con esos recursos, es lo que se requiere para enfrentar los problemas de violencia y delincuencia actuales.

En qué van a invertir 13 billones de pesos.

El gobierno, a través del CONPES 4187, titulado “Declaración de importancia estratégica de los proyectos de inversión asociados al programa de fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública para afrontar los inminentes riesgos a la seguridad pública del país”, aprobó el 27 de marzo de este año recursos por 13 billones de pesos financiados con vigencias futuras a 8 años. Este CONPES que legalmente debe ser público, hoy es reservado y en la página del DNP solo aparece su portada y un comunicado de prensa.

Saber qué se va adquirir con este CONPES es fundamental por dos motivos. El primero, los actores que ejercen violencia y delincuencia en el país, cambiaron, ya no hay guerrillas que quieran tomarse el poder o los paramilitares que “defiendan al Estado democrático”, eso se acabó, lo que queda desde 2016 es crimen organizado nacional y transnacional que manejan las grandes rentas del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, entre otras actividades criminales.

Lo segundo, hoy el Estado tiene una asimetría financiera y táctica desigual frente al crimen organizado actual. Mientras la Fuerza Pública gasta millones de dólares en tecnologías tradicionales como helicópteros y aviones de superioridad estratégica cuyo costo operativo es enorme, sin desconocer que pueden ser necesarios, los Grupos Armados Organizados (GAO) neutralizan estos activos operando en grupos de 3 a 4

personas utilizando drones comerciales de entre 500 y 1,500 USD. Esta disparidad ha hecho que la infraestructura militar y policial sea «porosa» ante ataques verticales. Por otro lado, hoy la Fuerza Pública intenta interceptar líneas telefónicas, mientras los criminales usan mensajería encriptada y tecnologías como internet satelital Starlin imposible de interceptar eficazmente con los equipos que tiene el Estado.

De acuerdo a una presentación extraoficial que me facilitaron del Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS-, titulada “Vigencias Futuras Excepcionales para la Seguridad Pública”, los 13 billones se distribuirán de la siguiente manera:

Estos recursos, se destinarán principalmente, en el caso del Ejército, 5,2 billones para modernizar la flota de aeronaves, renovar armamento individual, equipos de protección del personal y actualizar las comunicaciones y sistemas de información; la Armada va a invertir 2,9 billones principalmente en la modernización de los buques, lanchas, patrulleras, aeronaves, armamento; la Policía invertirá los 2,33 billones en adquirir y mantener aeronaves, renovar el parque automotor, armamento y videovigilancia y finalmente la Fuerza Aeroespacial utilizará los 1,7 billones en renovar la flota de combate, transporte y entrenamiento de la FAC.

La pregunta que surge después de leer la información, hasta ahora conocida es ¿Si lo que se va adquirir con los 13 billones de pesos es lo que realmente requiere la Fuerza Pública en su conjunto, para enfrentar esta nueva criminalidad organizada nacional y trasnacional que opera en nuestro país y en la región? Pareciera que la distribución de recursos respondió más bien al largo listado de necesidades que cada Fuerza presentó, sin que haya habido un trabajo coordinado de inversión estratégica conjunta para enfrentar el nuevo escenario creciente de violencia y delincuencia, generado por la criminalidad organizada.

El problema no es solo estratégico y táctico, es también económico, en la medida en que son tantas las necesidades y tan pocos los recursos, que hay que concentrarlos en la adquisición de equipos especializados y en el fortalecimiento de unidades conjuntas, que marquen la diferencia y recuperen la capacidad de combate y garantía de seguridad de la Fuerza Pública, frente a la criminalidad actual.

Compra de 17 aviones de combate suecos Saab JAS 39 Gripen

El 14 de noviembre del año pasado se firmó el contrato entre el Gobierno de Colombia y la empresa sueca Saab para la compra de 17 aviones Gripen, catalogados como lo último en tecnología, los cuales reemplazarán a la antigua flota de aviones Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

El valor aproximado de este contrato es de 16,7 billones de pesos (unos 3.600 millones de dólares). De acuerdo con la Contraloría General de la Nación el esquema de pago del Gobierno con la empresa sueca SAAB se estructuró en un anticipo (40 %) pagadero en seis cuotas entre 2026 y 2031. El saldo excedente del 60 % se desembolsará contra entrega de las aeronaves entre 2028 y 2032, es decir que más del 70% del valor de este contrato, tendrá que ser desembolsado por el gobierno de Abelardo De La Espriella1.

Y los drones en camino

El gobierno afanado por los pésimos resultados de la seguridad en todo el territorio y por la amenaza creciente del uso de drones con explosivos por parte de los grupos armados ilegales, presionó la compra rápida de un escudo antidrones por $6,2 billones, que se financiará a mediano plazo por el mecanismo de vigencias futuras para asegurar el presupuesto total.

Este proyecto inició con una primera fase de $1 billón, que se comenzó a ejecutar a finales del año pasado con la adquisición, por parte del Ministerio de Defensa, de sistemas de contramedidas antidrón (C-UAS) por un valor de 25,3 millones de dólares con la compañía estadounidense Dedrone Tactical. Estos equipos están destinados a la vigilancia y protección de las bases del Ejército y la Fuerza Aeroespacial frente al uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales. En la actualidad se gestiona otro contrato de similares características por más de 800 mil millones de pesos, con empresas de EE UU y de la India.

1 La Opinión. “Contraloría revela detalles del multimillonario contrato de los 17 aviones Gripen” Enero de 2026.

https://laopinion.co/colombia/contraloria-revela-detalles-del-multimillonario-contrato-de-los-17-aviones-gripen

La pregunta que surge frente a este proyecto de inversión es ¿Se van a invertir más de 6 billones de pesos en sistemas de defensa antidrones o es necesario utilizar parte de estos recursos para pasar a la ofensiva con drones armados, para enfrentar a los grupos armados ilegales que hoy utilizan drones con explosivos, que le han quitado a la Fuerza Pública el monopolio casi absoluto del espacio aéreo?

Frente a esta pregunta, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) no solo responde con un rotundo SÍ, sino que revela una paradoja crucial: en el contexto de la guerra asimétrica colombiana, el uso de drones de ataque sería, en muchos casos, la opción militar más ética y precisa disponible.

Lejos de ser “robots asesinos” indiscriminados, los drones, operados bajo una doctrina estricta, refuerzan los pilares del DIH de distinción, proporcionalidad y precaución de una manera que las armas convencionales a menudo no pueden. En términos de distinción, un dron ofrece una vigilancia persistente. Permite a un operador observar un objetivo durante horas, asegurando la identificación positiva de que es un combatiente legítimo y no un civil. Es la diferencia entre disparar a coordenadas en un mapa con un mortero y apuntar con certeza a un blanco verificado.

En relación con la proporcionalidad, el dron utiliza un bisturí quirúrgico, mientras que otros usan un mazo. Permite el uso de municiones pequeñas y precisas para neutralizar una amenaza específica sin causar el devastador daño colateral de una bomba aérea o el fuego de artillería.

Frente a la precaución, la capacidad de un dron para abortar un ataque en el último segundo si un civil entra en escena, es una salvaguarda que casi ningún otro sistema de armas ofrece. Reduce el riesgo para los no combatientes y para las propias tropas, y así evita asaltos frontales de alto riesgo.

El enemigo ya está usando esta tecnología sin restricción alguna ética ni legal. La vacilación estatal, no sería una muestra de superioridad moral; podría interpretarse como una renuncia a la responsabilidad estatal, de proteger a los ciudadanos y a nuestros a soldados y policías.

Estos son algunos de los compromisos adquiridos por 36 billones de pesos por el gobierno actual, sin tener en cuenta la construcción de la nueva sede del Ministerio de Defensa, que se tendrá que realizar en algún momento. Inversiones todas, que el nuevo gobierno, a excepción del contrato de los aviones Gripen, podrá reorientar o tomar decisiones de fondo de acuerdo con los recursos disponibles y con base en los requerimientos técnicos y humanos para enfrentar el crimen organizado nacional y trasnacional que opera en nuestro territorio y a nivel regional. Hoy, el verdadero obstáculo no es la ley ni la tecnología, es la falta de recursos, de visión, comprensión de los problemas de violencia y delincuencia actuales y la parálisis en la toma de decisiones en el liderazgo político, militar y policial.