Las sanciones solo aplazan la violencia en el Campín
Hugo Acero
Las medidas que han tomado las autoridades distritales y la Dimayor, no van a solucionar los problemas de violencia y delincuencia en el Campin protagonizados por algunos miembros de las barras de los equipos de Bogotá y de los visitantes. No dejar que América juegue en Bogotá, o sancionar a los equipos y las barras, solo son medidas que aplazan estos graves problemas, pero que no los solucionan.
Lo sucedido en El Campin es solo el reflejo de los enfrentamientos programados y aplazados, que existen entre algunas barras de distintos equipos del fútbol nacional que interactúan en la ciudad y que ya se venían presentado desde hace años el estadio y en varios barrios de la ciudad, hechos violentos que han producido muertos y heridos; violencia que se ha venido retroalimentando de amenazas, venganzas y asesinatos donde el “ojo por ojo” va a seguir siendo lo predominante.
Cuando se miran los sanciones que imponen las autoridades frente a las acciones violentas y delincuenciales de algunos barristas, pareciera que los tratan como acciones de unos niños y jóvenes rebeldes que por su edad protagonizan desórdenes, se enfrentan a puños, utilizan “patecabras”, realizan pequeños robos y de vez en cuando se drogan y sin pleno juicio hacen lo que les da la gana y frente a estos problemas, como cualquier director de disciplina de colegio, estas instituciones les limitan el ingreso a los estadios, hacen llamados de atención públicos, ponen multas y los reprenden como si fueran sus hijos. La verdad no se está ante jóvenes indisciplinados, algunos miembros de las barras son verdaderos criminales.
Algunos “líderes” o jefes de estas barras, con la anuencia de directivos de algunos equipos, manejan la boletería de determinadas tribunas y las revenden, controlan la venta de drogas, alcohol ilegal y otros productos al interior de los estadios y en sus entornos y no en pocas oportunidades, presionan a los directivos para definir qué jugadores y entrenadores deben quedarse o salir de los equipos. También las autoridades pueden constatar que cuando los equipos juegan fuera de la ciudad, algunas de estas barras someten a los menores, especialmente niñas, a explotación sexual, para poder viajar en los buses que los trasladan y contar con la boleta de ingreso a los estadios.
Para enfrentar estos graves problemas se cuenta con las siguientes normas, que pareciera no son suficientes, como lo han manifestado algunos servidores públicos:
Ley 1270 de 2009 que crea la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, encargada de coordinar los planes de seguridad entre ministerios, la Policía y las alcaldías.
Ley 1356 de 2009 que regula la seguridad en eventos deportivos, definiendo los planes preventivos y de educación ciudadana frente a conductas violentas.
Ley 1445 de 2011, que modifica el esquema de los clubes a sociedades anónimas y otorga funciones de control e investigación, a las Comisiones Locales de Seguridad ante desmanes.
Ley 1453 de 2011 que sanciona penal y económicamente a quienes ingresen armas blancas, objetos peligrosos o cometan agresiones. Impone multas y restringe el acceso a estadios hasta por 3 años.
Ley 1801 de 2016: Delimita el uso de logística privada para los eventos e instruye el comportamiento general del ciudadano.
A pesar de estas normas, hasta ahora no se conocen sanciones ejemplares en contra de los responsables de muchos hechos de violencia protagonizados en el Estadio el Campin o en otros estadios del país. Frente a estos graves problemas, las acciones no pueden ser solo administrativas, es necesario que la Policía y la Fiscalía orienten sus esfuerzos de investigación criminal a acabar con estas prácticas de algunos miembros de las barras, identificándolos y poniéndolos a disposición de los jueces para que sean juzgados y condenados. El día que un grupo importante de estos criminales sean detenidos, juzgados y condenados de manera ejemplar, la paz regresará a los estadios.
Adicional a esto, la acción de los equipos no puede limitarse a contar con grupos de logística para organizar filas, orientar al público o verificar ubicaciones, es necesario personal especializado que pueda contribuir a garantizar la seguridad en el estadio con procedimientos destinados a detectar armas, elementos peligrosos o sustancias prohibidas. Los equipos deben contratar empresas de vigilancia con personal idóneo, protocolos claros y equipos y herramientas necesarias, como sucede en los aeropuertos, donde el riesgo de ingreso de armas en los aviones es mínimo. Los equipos y la administración no pueden seguir confundiendo logística, con seguridad.
Hugo Acero
