Llama la atención la escasa reacción de la opinión pública respecto a la avalancha de 34 decretos-ley emitidos por el Gobierno gracias a las inmensas facultades extraordinarias que le concedió, sin discusión alguna, un Congreso que ha perdido toda autonomía. En esta columna quiero referirme a diez de estos decretos-ley emitidos en un fin de semana, que suponen un asalto a la democracia, a la institucionalidad y al deber ser:
En medio del zafarrancho y de cantidad de noticias, unas más negativas que positivas de la semana que termina, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez le colocó la cerecita al pastel cuando se atrevió a hablar por sus mensajes de Twitter, medio que se ha vuelto para él su trinchera, para atacar a los que considera sus enemigos. Sería de tal magnitud ese broche de oro que la opinión pública y hasta sus seguidores quedaron de una sola pieza como diría mi tía, al leer la denuncia hecha por el ex mandatario, ahora senador y aspirante a la vicepresidencia de la república, (según Rosario Guerra de la Espriella),
Lo dijo Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, que son cerca de 50 los desmovilizados de la guerrilla de las Farc quienes cuentan con esquemas de protección, dando cumplimiento a lo pactado en La Habana. Mora señaló que: “La protección especial que se estableció en el acuerdo está reglamentada en los decretos que emitió el Gobierno meses atrás, no en la velocidad que quisiéramos, precisamente por la limitación que surgió por la inexequibilidad del decreto que dijo la Corte Constitucional”.
El martes iré a la Corte Suprema de Justicia a decir que no tengo nada que conciliar con el Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien debe retractarse de su acusación embaucadora e ilegal. Primero, porque he probado mis acusaciones en su contra, incluidos sus contratos con Navelena-Odebrecht y la Ruta del Sol (Odebrecht y Grupo Aval).
La Procuraduría General de la Nación decidió intervenir en la controversia suscitada alrededor del término legal–que para algunos vence este sábado 15 de julio– para investigar y sancionar a las campañas del presidente Juan Manuel Santos y el excandidato de Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga por haber recibido dineros de la controvertida empresa brasileña Odebrecht y evitar que el caso quede en la impunidad.
A pesar de que el Distrito ha invertido $40 mil millones para la puesta en funcionamiento de la universidad pública en la localidad de Kennedy, la cual debía ser entregada a finales del año pasado, hoy lo único que existe son dudas e incertidumbre sobre la fecha en que por fin la comunidad de Kennedy pueda contar con su universidad, advirtió la bancada del Partido Político MIRA en Bogotá.
El alcalde Enrique Peñalosa recibió este jueves la visita oficial de su homólogo de Bonn, Alemania, Ashok Sridharan, y representantes de la Asociación Mundial para el Desarrollo Sostenible, Iclei (Local Governments for Sustainability por sus siglas en inglés) en el Palacio Liévano.
Dos comisiones especiales de la Fiscalía General viajaron a los Estados Unidos y Brasil con el Objetivo de recolectar nuevas evidencias y testimonios, en relación al escándalo del pago de sobornos de la multinacional Odebrecht.
Temas de carácter social, respeto a la familia y a los Afros, se destacan en la labor legislativa de la representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Guillermina Bravo Montaño, quien entregó a la opinión pública un detallado informe de gestión con el cual dejó en claro sus actuaciones durante la vigencia 2016-2017.La congresista, quien hace parte del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, MIRA, hizo un balance de actividades en las que se destacan entre otras las siguientes:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Fiscalía General, en representación de la Nación, a pagar una millonaria reparación integral a favor del exdiputado del Valle, Sigifredo López y su núcleo familiar por los perjuicios materiales y morales causados por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto tras haber sido señalado como supuesto responsable del secuestro
