miércoles marzo 27 de 2024

Una jueza de control de garantías decidirá eventual libertad del expresidente Álvaro Uribe

05 octubre, 2020 Judiciales

Senador Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia

 Bogotá, 5 octubre (Reuters) – La Corte Suprema de Justicia decidió el lunes que la jueza 30 de control de garantías, Clara Ximena Salcedo, deberá decidir sobre la libertad del expresidente Álvaro Uribe, actualmente bajo arresto domiciliario en una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos.

La decisión del alto tribunal es el último acontecimiento en un largo proceso que llevó en agosto al arresto domiciliario al controvertido líder político.

Uribe y varios de sus aliados son investigados por presunta manipulación de testigos en un intento por desacreditar las acusaciones de vínculos del expresidente con los grupos paramilitares de derecha.

Los abogados de Uribe pidieron a una jueza ordenar su libertad mientras el caso seguía su curso, pero la funcionaria dijo en una audiencia del 22 de septiembre que no podía pronunciarse hasta que la Corte Suprema, que estuvo a cargo del caso hasta principios de ese mes, determinara si ella o la Fiscalía tenían la autoridad sobre la decisión.

«Corte Suprema ratifica competencia de jueza 30 de garantías de Bogotá para resolver la petición de libertad del exsenador Álvaro Uribe dentro del proceso por soborno y fraude procesal», dijo el tribunal de su cuenta de Twitter.

Uribe, mentor del actual presidente Iván Duque, se venía desempeñando como senador, pero renunció después de la orden de arresto domiciliario, insistiendo en su inocencia.

La renuncia llevó a la Corte Suprema, encargada de investigar los casos en los que están involucrados congresistas, a transferir el caso a la Fiscalía General, que según los críticos será menos rigurosa.

Uribe, un político que provoca división en Colombia, gobernó el país sudamericano entre 2002 y 2010, periodo en el impulsó una fuerte ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista.

En 2012, Uribe acusó a Cepeda de orquestar un complot para vincularlo con grupos paramilitares de derecha.

Pero en 2018 la Corte Suprema dijo que Cepeda había recogido información de excombatientes como parte de su trabajo y no había pagado o presionado a los exparamilitares. En cambio, el tribunal aseguró que Uribe y sus aliados presionaron a los testigos.

Duque calificó recientemente el arresto domiciliario de Uribe de injusto, comparándolo con los antiguos líderes guerrilleros a los que se les ha permitido permanecer libres durante los procesos por crímenes de guerra. Los guerrilleros recibieron condiciones especiales bajo un acuerdo de paz criticado por Uribe.

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