Fiscalía no descarta móvil político en atentado contra Miguel Uribe, única hipótesis en curso
La Fiscal General Luz Adriana Camargo aseguró que se investiga el atentado a Miguel Uribe como posible ataque político, aunque no hay confirmación.
La Fiscal General Luz Adriana Camargo aseguró que se investiga el atentado a Miguel Uribe como posible ataque político, aunque no hay confirmación.
Bogotá, junio 24_ 2025_ RAM _ La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se pronunció sobre las múltiples versiones que han circulado tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, en especial aquellas que aseguran que el ataque tuvo motivaciones políticas.
Según explicó, si bien ese móvil es parte de la hipótesis investigativa, todavía no hay elementos suficientes para afirmarlo con contundencia, por lo que solicitó que se espere al avance de las investigaciones.
“Se ha dicho que el atentado tenía una finalidad política, pero esa afirmación ha sido sacada de contexto de una audiencia reservada. La fiscal que lideraba la imputación se refería a una causal de agravación del delito de homicidio, contemplada en el artículo 104 del Código Penal, que menciona como agravante cuando la víctima es servidor público o activista político”, explicó Camargo, haciendo énfasis en que dicha causal no puede, por sí sola, constituir una conclusión cerrada sobre el motivo del ataque.
La fiscal general también se refirió a una serie de informaciones falsas que han circulado en medios y redes sociales, como la aparición de imágenes suyas y del alcalde de Bogotá en el celular del adolescente señalado de ser uno de los autores materiales.
Dialogo entre el director de la Policia y La Fiscal general de la Nación
“Según el análisis de nuestros técnicos, esas imágenes no fueron descargadas voluntariamente por el menor. Se almacenaron automáticamente por la aplicación de noticias del buscador del celular y se eliminan con el tiempo. No hay ningún mensaje ni interacción relacionada con esas fotos”, aclaró.
Camargo subrayó que los investigadores siguen varias líneas para esclarecer quién contrató a los autores materiales del atentado. De allí nace la línea “Caquetá”, ante el intento de una de las implicadas de buscar refugio en las disidencias de las Farc, al sur del país.
“El hecho fue planeado con antelación y de forma meticulosa. No fue un acto improvisado. Por eso, estamos avanzando con base en la información obtenida de los cuatro capturados, en lo que denominamos la ‘línea Caquetá’”, dijo, en alusión a un posible vínculo con estructuras criminales del sur del país.
La fiscal general también pidió responsabilidad en el manejo de la información. “Algunos videos que circulan están editados, lo que genera desinformación y alarma injustificada. Invitamos al ejercicio periodístico serio y responsable. Hay personas inocentes que podrían verse afectadas por publicaciones inexactas”, advirtió.
Por último, indicó que tanto el alcalde mayor de Bogotá como ella misma han recibido refuerzos en sus esquemas de seguridad, como medida preventiva mientras avanza la investigación.
Comunicado
Cuatro personas judicializadas, más de 300 actividades investigativas y de análisis: avances de la investigación por el atentado contra senador Miguel Uribe Turbay
La fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, explicó el origen de algunas imágenes encontradas en el celular del adolescente vinculado al ataque. Indicó que, aunque el análisis continúa, se trata de material guardado de forma automática por la aplicación de noticias del buscador del teléfono.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, entregaron un informe sobre los avances de la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.
Los elementos materiales probatorios, las evidencias y la información legalmente obtenida en 17 días de trabajo articulado han permitido ubicar y judicializar a cuatro personas.
Se trata del adolescente que disparó contra el congresista; de Carlos Eduardo Mora González, quien habría participado en actividades previas y facilitado un vehículo que conducía para que otros implicados le pasaran el arma del fuego al adolescente el día del ataque; de Katerine Andrea Martínez Martínez, señalada de trasladar y entregar la pistola tipo Glock que usó el adolescente, y estar en inmediaciones del parque ‘El Golfito’, en el barrio Modelia, para asegurarse de la ejecución del acto delictivo; y de William Fernando González Cruz, presunto implicado en los actos de planeación, ubicación y selección del menor de edad que disparó, y apoyo en la huida a los demás involucrados en la acción delictiva.
Los procesados han sido imputados, entre otros delitos, por homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, uso de menores de edad en la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
La imputación jurídica de la conducta, que corresponde al delito de homicidio en modalidad de tentativa, tiene una causal de agravación que es la que contempla el numeral cuarto del inciso segundo del artículo 104 del Código Penal, que es ser defensor de derechos humanos, periodista, servidor público y/o miembro de una organización política. En este caso, el agravante expuesto en audiencia por los fiscales radica en la calidad de integrante de una colectividad política del precandidato Uribe Turbay en el momento del atentado.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Naci6n. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación judicial de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajos los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el articulo 29 de la Constitución política y el articulo 70 de la Ley 906 de 2004,
“…Eso tiene también sustento en otro aspecto, y es que nosotros no tenemos evidencia alguna de un móvil distinto”, explicó la Fiscal General.
Acción investigativa
Declaraciones del director de la Policía
Como parte del trabajo articulado de la Fiscalía y la Policía Nacional se ha realizado la verificación de 89 cámaras de seguridad, 8 interrogatorios, 43 entrevistas a testigos, 7 diligencias de registro y allanamiento, 51 búsquedas selectivas de bases de datos, 3 perfiles criminales, 3 retratos hablados, entre otras actividades, con el fin de avanzar en la individualización de los determinadores del hecho.
Asimismo, se ha avanzado en el análisis de la información extraída de 8 teléfonos celulares incautados. En uno de los dispositivos revisados, que perteneció al adolescente que disparó contra el precandidato presidencial y fue localizado en su lugar de residencia, fueron encontrados rastros gráficos que quedaron en la memoria caché del teléfono, entre estos imágenes del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón, y de la Fiscal General de la Nación.
De acuerdo con los expertos en informática forense, los registros preliminarmente analizados fueron guardados de forma automática por la aplicación de noticias del buscador del celular. Esta herramienta descarga y guarda temporalmente fotografías y noticias recientes en una memoria interna rápida o memoria caché. El objetivo de este proceso es que estas publicaciones aparezcan cuando se abre la herramienta y sirva de sugerencia para el usuario.
La inspección hecha respecto a la fecha de las imágenes, que corresponde a abril y mayo del presente año, indica que el poseedor, el adolescente en este caso, no realizó búsquedas asociadas con las personas referidas. Tampoco se encontraron archivos de otro tipo como links que el menor de edad haya recibido o enviado, y no hay indicios de conversaciones o interacciones con otras personas, en las que se mencionara o se hablara del alcalde de Bogotá o la Fiscal General.
