Registrador deja en manos del Consejo de Estado el futuro de la Consulta Popular en Colombia

Hernán Penagos, Registrador Nacional del Estado Civil, solicitará concepto jurídico para definir si se cumplen los requisitos de la consulta. Foto Oficina de prensa de la Registraduria Nacional

Bogotá, junio 17_ 2025_ RAM _ El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció que remitirá una solicitud formal de concepto al Consejo de Estado para determinar si la consulta popular impulsada por el Gobierno cumple con los requisitos legales y constitucionales.

La petición también será enviada a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación. Con esta decisión, el futuro de la iniciativa queda en manos de los órganos de control y consulta, en medio de un debate jurídico y político que sigue en desarrollo.

Según Penagos, la Registraduría Nacional del Estado Civil es un órgano autónomo e independiente, cuya labor garantiza la neutralidad, la confianza y la transparencia de los procesos electorales en el país.

“Debe quedar claro que ni el registrador nacional ni la Registraduría Nacional tienen superior funcional en la Constitución Política”, aseguró

“Entiendo y están en su derecho aquellos que endilgan prevaricato por parte del Registrador, es su derecho, son sus palabras, lo que sí les puedo asegurar es que este registrador está actuando en respeto a la Constitución, de manera prudente, entendiendo la circunstancia tan compleja que vive hoy el país”, respondió el registrador Hernán Penagos a quienes lo acusan de prevaricato por no acatar el decreto que convoca a la consulta popular.

“Consulta Popular no será posible realizarla el 7 de agosto”: Registrador Hernán Penagos

En medio de la rueda de prensa, el Registrador advirtió que no sería posible realizar la Consulta Popular el 7 de agosto, pues destacó que se necesitan mínimo 3 meses de preparación, tal como lo determina la Constitución.

Una de las razones que dio el registrador fue que este proceso es semejante a un proceso electoral ordinario, como las elecciones presidenciales o del congreso, convocando a todos los nacionales.

Sumado a esto, explicó el registrador que se tendría que capacitar a 650mil jurados de votación en todo el territorio nacional, y distribuir el material electoral en 112mil mesas de votación y también, se deberían solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para convocar a la consulta, que recordemos que serían cerca de 750mil millones de pesos.

“Hay que solicitar los recursos, realizar toda la arquitectura presupuesta, construir la logística y luego proceder a llevarla a cabo”.

Agregó el registrador que, de hoy, a la fecha de convocatoria de la consulta popular hay cerca de 53 días por lo que “materialmente, no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística en 53”

Comunicado

“Lo que procede jurídicamente es dejar en manos de las altas cortes la decisión”: registrador nacional, Hernán Penagos

Fue la decisión frente a la solicitud del Gobierno nacional de convocar una consulta popular para el próximo 7 de agosto.

“La Registraduría Nacional no tiene superior funcional, es un órgano neutro que solo busca la integridad del proceso electoral”: Registrador Nacional.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció que ante clara y evidente controversia jurídica entre el ejecutivo y el legislativo sobre la convocatoria a la consulta popular nacional el día 7 de agosto de 2025, lo que procede jurídicamente es dejar en manos de las altas cortes la decisión de si se continúa o no con los trámites de la misma.

“Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, el principio democrático y, si se quiere, la democracia en sí misma. Cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda”, sostuvo.

De igual forma, señaló que entretanto la Registraduría Nacional del Estado Civil realizará varias acciones: 1) Solicitará concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 2) Remitirá copia de la solicitud ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 3) Remitirá copia de la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación y 4) Solicitará de manera respetuosa a las altas cortes se pronuncien ágil y oportunamente sobre las diferentes demandas interpuestas.

Durante su intervención, el Registrador Nacional recordó que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 266 de la Constitución Política, la Registraduría Nacional es una entidad autónoma e independiente de todas las demás ramas del Estado, que tiene a su cargo la realización de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, con plenas garantías para los colombianos.

“Debe quedar claro que ni el registrador nacional ni la Registraduría Nacional tienen superior funcional en la Constitución Política. Claramente, la Corte Constitucional ha destacado la condición de órgano autónomo e independiente que garantiza neutralidad y genera confianza en los procesos electorales. Reitero, la Registraduría Nacional no tiene superior funcional, es un órgano neutro que solo busca la integridad del proceso electoral”, dijo.

Igualmente advirtió que, para convocar esta consulta popular, si es que en el futuro las cortes así lo ordenan, la Registraduría Nacional debe construir un presupuesto, que está por el orden de los 750.000 millones de pesos. “Es una inversión muy alta, que en el momento en que se comprometa, debemos tener la suficiente claridad de que se puede llevar a cabo esa consulta. Es ahí donde las cortes deberán tomar la decisión adecuada”, puntualizó.

Además, sostuvo que desde hoy hasta la fecha de convocatoria de la consulta hay cerca de 53 días y materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística para convocar una consulta popular en este periodo de tiempo: “Mínimo, la Registraduría requiere alrededor de tres meses, como lo determina la Constitución y la ley, para sacar adelante una consulta de este nivel de manera íntegra e impecable”.

Finalmente, el Registrador Nacional se refirió a los riesgos de tomar una decisión a la ligera, entre ellos, el detrimento patrimonial de invertir cerca de 750.000 millones de pesos, una discusión compleja que puede dar lugar a una ruptura del orden institucional en Colombia y la inseguridad jurídica al ver cómo se enfrentan dos ramas del poder público.

“Es deber de los servidores públicos respetar el principio de la separación de poderes. Lo prudente es esperar una decisión de las altas cortes. Los jueces deben ser los que en últimas le digan a la Registraduría si se avanza o no con la consulta popular y le den luz constitucional al país”, concluyó.