El gobierno recortó los recursos destinados a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial
Bogotá, julio 02_ 2025_ RAM _ El gobierno de Gustavo Petro recortó los recursos destinados a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial provenientes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Estos recursos provienen de la administración de bienes incautados por narcotráfico y crimen organizado.
En medio de la fuerte controversia por el déficit presupuestal y los gastos del Gobierno, fuentes de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial confirmaron a Los Confidenciales de Caracol Radio que, por decreto, el gobierno del presidente Gustavo Petro habría eliminado por completo las transferencias que por ley deben recibir del Fondo FRISCO.
Estas transferencias las maneja la SAE con recursos provenientes de los procesos de extinción de dominio y otros.
Según los documentos oficiales conocidos por Los Confidenciales de Caracol Radio, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó inicialmente el presupuesto del FRISCO para 2025 con la Resolución 0002 de 2024, destinando más de $106 mil millones de pesos, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014 para la Rama Judicial, la Fiscalía, la Policía Judicial y la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, una modificación a este presupuesto, registrada en el documento “Anexo Modificación Presupuesto FRISCO 2025”, recortó esos recursos, argumentando el incumplimiento de metas de ingresos en 2024, en apenas un 48 % del recaudo esperado. De esta manera, la transferencia total a la justicia fue eliminada.
Lo que ha generado malestar en la Fiscalía y la Judicatura, según las fuentes consultadas, es que el recorte solo aplica para la Rama Judicial. El rubro de Política Antidrogas se mantuvo intacto con $330 mil millones para 11 ministerios, incluyendo Justicia, Salud, Defensa, Agricultura, y hasta Cultura.
Así lo denuncian fuentes de la Fiscalía y de la Rama Judicial, quienes aseguran que se estaría violando el artículo 91 de la Ley 1708.
Las mismas fuentes confirmaron que se prepara un pronunciamiento conjunto de la Fiscalía y la Judicatura, y el tema podría llegar a instancias judiciales, incluso a la Corte Constitucional.
Inicialmente se aprobó un presupuesto superior a 106.000 millones de pesos para 2025, destinado a la Rama Judicial, la Fiscalía, la Policía Judicial y la Defensoría del Pueblo, y ahora el Gobierno eliminó completamente los recursos asignados a estas entidades, argumentando que los ingresos del fondo alcanzaron apenas el 48% de lo esperado en 2024.
Esta medida afecta la operatividad y el presupuesto de las entidades del sistema judicial, generando preocupación entre funcionarios y posibles consecuencias en la financiación de la justicia en Colombia.
La Fiscalía y Rama Judicial preparan un pronunciamiento conjunto frente a la eliminación de fondos y no descartan llevar el caso ante instancias judiciales, incluida la Corte Constitucional.
Se argumenta que el gobierno estaría vulnerando la ley al suprimir las transferencias a estas entidades, mientras mantiene fondos para otros sectores y dependencias del Estado
