Duro reto del Congreso para avanzar con reformas económicas

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes deberán emplearse a fondo para que iniciativas claves como el código minero o la Ley de Competencias sean aprobadas en poco tiempo

Bogotá, marzo 09, 2026_ RAM _La nueva conformación del Senado y la Cámara deberá acelerar y fortalecer iniciativas claves en la actividad económica de los colombianos.

Sobre el Legislativo recaerán responsabilidades para adelantar y definir proyectos como la jurisdicción agraria, el código minero, el fracking, la ley de competencias para el Sistema General de Participaciones, la transición energética, las pensiones y la ley de servicios públicos presentada por el Gobierno.

 1.- Jurisdicción Agraria

Se discute en la plenaria de la Cámara de Representantes. Cabe señalar que unas semanas antes de finalizar el primer periodo de la última legislatura, las bancadas de oposición insistieron sobre inconsistencias y vacíos en algunos artículos. Aunque la iniciativa aún tiene tiempo para ser salvada, algunos parlamentarios dijeron a EL NUEVO SIGLO que habría cambios al proyecto. El enredo de la discusión está en el artículo que regula las competencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y los jueces agrarios para definir conflictos sobre la ocupación y repartición de tierras. El debate continúa después del próximo 16 de marzo y debe ser aprobado antes del 20 de junio para evitar su archivo.

Sin embargo, en el medio está la emergencia económica declarada por el gobierno de Gustavo Petro para afrontar los efectos de las inundaciones. Esta generó preocupación a raíz del Decreto 0174, que otorga al Estado facultades excepcionales sobre las tierras rurales. El Gobierno busca acelerar la reubicación productiva y proteger a los pequeños productores, pero hay alerta por posibles riesgos para la propiedad y el equilibrio institucional. El Decreto 0174 fue creado para habilitar al Gobierno a llevar a cabo la “reubicación, relocalización, temporal o definitiva, de unidades de producción agropecuaria y activos rurales” bajo un proceso de “reordenamiento social y productivo climáticamente inteligente”.

Economía

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2.- Código Minero

Este proyecto fue radicado por la Cámara de Representantes en octubre de 2025.  El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sostuvo que la iniciativa buscará “recuperar la soberanía sobre los minerales, ordenar la minería desde el territorio y superar el modelo extractivista, en línea con la transición energética”. Según datos de la presidencia de la República, participaron más de 20.000 personas en foros, mesas técnicas y audiencias públicas, incluyendo 13.000 integrantes de 115 pueblos indígenas y cerca de 400 organizaciones afrocolombianas a través de procesos de consulta previa.

3.- Ley de Competencias

Para el mes de diciembre de 2024, el Senado aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), y que le permite a los departamentos y municipios recibir directamente las partidas presupuestales que requieren para el año administrativo, sin tener que buscar la aprobación de proyectos de inversión por parte del Gobierno Nacional y promoviendo la descentralización de recursos. En dicha aprobación se determinó que el Gobierno debe presentar un proyecto de ley de competencias en un plazo no mayor a 12 meses para que sea discutido en el Congreso y se fijen las competencias de las entidades estatales y de los entes territoriales, pero el plazo está a punto de vencer y el proyecto no llega.

La iniciativa busca desarrollar el acto legislativo que reformó el Sistema, que incrementa progresivamente los recursos para los territorios hasta llegar al 39,5 %, dirigidos a departamentos y municipios, con el fin de que haya mayor inversión en educación, salud y agua potable. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, “esta, después de la Reforma Laboral, es la más importante en décadas para avanzar hacia una sociedad más equitativa. Queremos que el 80 % sea para educación, salud y saneamiento básico y el 20 % para otros propósitos. Todo esto administrado por las entidades territoriales con mecanismos de seguimiento y transparencia desde la sociedad civil y los organismos del Estado”.

4.- Ley de fracking

La ministra de Ambiente, Lena Estrada, radicó el pasado 22 de junio, un proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia, es decir, que busca que se restrinja la explotación de hidrocarburos, o yacimientos no convencionales de petróleo y gas, así como el uso de la técnica conocida como fracking en razón al grave daño ambiental que origina este tipo de procedimientos. De acuerdo con el texto de la iniciativa, el objetivo es prevenir posibles impactos ambientales y sociales asociados a esta práctica. El documento menciona que el fracking puede generar contaminación de fuentes hídricas, emisión de gases como el metano, y afectaciones a sectores como la agricultura, la ganadería y la biodiversidad, este proyecto se hundió la legislatura pasada por falta de trámite y tras tres meses de Congreso en su último período aún no aparece en la agenda de la Cámara.

5.- Transición energética

Mediante el proyecto de decreto que adiciona el Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015, el Gobierno busca establecer lineamientos de política pública que permitan limitar el costo de la energía eléctrica y generar estabilidad tarifaria en el país.

Otro proyecto presentado por el ministro de Minas, Edwin Palma, quien sostuvo que “se busca proteger a los hogares colombianos frente a la volatilidad de los precios de la energía, especialmente durante periodos climáticos como El Niño, en los que se incrementan los costos de generación térmica». También explicó que la iniciativa permitirá hacer que el país se encamine a una transición energética.

 6.- Las pensiones

Una de las cosas que se logró en el trámite de la reforma pensional en el Congreso fue la creación de un fondo público pensional, administrado por el Banco de la República, para garantizar el pago futuro de las pensiones que se otorguen bajo la Ley 2381, es decir, que tales recursos deberían ser ahorrados y tendrían como único destino el Fondo de ahorro del pilar contributivo, que respalda las pensiones públicas en el largo plazo.

Sin embargo, el Gobierno, tal como lo hizo con la reforma a la salud, decidió hacer más reformas dentro de la iniciativa aprobada en el Congreso y está pendiente del fallo de la Corte Constitucional. Por ello, adelantó decretos, uno de ellos fue el borrador del proyecto que expidió hace dos semanas el Ministerio de trabajo para trasladarle a Colpensiones más de $25 billones de las cuentas de ahorro individual de los trabajadores que se acogieron a la ventana de oportunidad de traslado prevista en el Art. 76 de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024). Dichos recursos son administrados por las AFP.

El proyecto de decreto, contrariando lo que dice expresamente la Ley 2381 de 2024, exige que las AFP (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) giren a Colpensiones, en 15 días después de que sea expedido el decreto, los saldos de las cuentas de ahorro individual de estos colombianos que han aprovechado esta ventana. De esta forma, el Gobierno podría utilizar los ahorros pensionales en una forma que no está prevista en la Ley aprobada por el Congreso de la República.

La ley de servicios

Una nueva normativa en Colombia, sancionada por el presidente Gustavo Petro, introduce un cambio significativo en la prestación de los servicios públicos. Se trata de la Ley 2485 de 2025, que establece nuevas reglas para la regulación de los cobros por reconexión en los servicios públicos domiciliarios. Con esta ley, se modifica el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, que anteriormente permitía a los proveedores fijar libremente las tarifas de reconexión, salvo en casos donde existieran fallas en el mercado o competencia insuficiente. La nueva disposición otorga a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la facultad de definir el valor máximo que las empresas podrán cobrar por la reconexión de servicios suspendidos.

Esta medida implica la suspensión de la libertad tarifaria en este aspecto y busca evitar cobros desproporcionados por parte de las compañías prestadoras. De esta forma, el Estado asume un papel más activo en la protección de los usuarios, promoviendo un equilibrio entre la sostenibilidad de los operadores y el derecho de los ciudadanos a acceder a servicios básicos a precios justos.