Tribunal cita a Petro para que sustente denuncias del sistema electoral
Bogotá, marzo 06, 2026_ RAM _En un movimiento judicial sin precedentes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha citado al presidente Gustavo Petro a una audiencia pública virtual el próximo viernes 13 de marzo de 2026. El mandatario deberá sustentar con pruebas verificables sus recurrentes cuestionamientos sobre presuntas irregularidades y falta de transparencia en la organización electoral colombiana.
La diligencia, programada para las 8:30 a. m., surge en un momento de alta sensibilidad política, apenas cinco días después de las elecciones legislativas y consultas presidenciales del 8 de marzo. El tribunal busca determinar si las afirmaciones del jefe de Estado vulneran derechos colectivos relacionados con la confianza en la función pública y la transparencia del sistema democrático.
El proceso se originó por una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Gregorio Eljach. El organismo de control pidió una medida cautelar urgente para ordenar al presidente que se abstenga de difundir alegatos de fraude sin fundamentos probatorios en sus discursos oficiales o redes sociales.
La Procuraduría argumenta que estas declaraciones, emitidas en plena época electoral, erosionan la confianza ciudadana. Sin embargo, el magistrado ponente, Luis Manuel Lasso Lozano, decidió no imponer restricciones inmediatas al discurso presidencial. En su lugar, optó por la audiencia pública bajo el principio de que cualquier limitación a la libertad de expresión debe estar estrictamente justificada.
Las críticas de Petro que motivaron este proceso judicial se centran en tres ejes principales:
El software de escrutinio: El mandatario ha manifestado desconfianza en los sistemas de transmisión de datos.
Thomas Greg & Sons: El papel de esta empresa tecnológica en la logística electoral ha sido blanco constante de sus señalamientos.
Antecedentes históricos: Petro suele citar casos como la controversia de votos del partido Mira en años anteriores como prueba de la vulnerabilidad del sistema.
Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, ha salido al paso de estas críticas asegurando que Colombia cuenta hoy con mecanismos de auditoría y supervisión técnica «sin precedentes».
Dada la relevancia del caso, la audiencia tendrá un carácter abierto y será transmitida públicamente. Se ha confirmado la participación de veedores de alto nivel, incluyendo:
El tribunal ha otorgado un plazo de cinco días para que la Presidencia, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral presenten sus pruebas iniciales. El fallo final de esta audiencia marcará un hito jurídico en Colombia: definirá la frontera entre el derecho de un mandatario a denunciar fallas del sistema y su deber de proteger la estabilidad de las instituciones democráticas.
