Investigadores de la Comisión de Acusación piden llamar indagatoria a Petro por financiación de su campaña

En la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue radicada una ponencia en la que se pide vincular a una investigación formal al presidente Gustavo Petro y llamarlo a indagatoria, dentro del proceso que se le sigue por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña política.

Los representantes Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, encontraron indicios de una posible responsabilidad del mandatario en este proceso.

Bogotá, junio 03, 2026_ RAM _En la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue radicada una ponencia en la que se pide vincular a una investigación formal al presidente Gustavo Petro y llamarlo a indagatoria, dentro del proceso que se le sigue por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña política.

Los representantes Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, dos de los tres investigadores de este caso en esa corporación, encontraron que existirían indicios de una posible responsabilidad del mandatario en la violación de topes y financiación ilegal de su campaña en el 2022.

En un giro significativo en la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de ‘Petro Presidente’ de 2022, dos representantes investigadores de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, han emitido un salvamento de voto.

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Este salvamento se opone a la decisión que buscaba cerrar la etapa de investigación previa contra el presidente Gustavo Petro. La investigación, radicada bajo el número 5914, se originó a partir de la remisión oficial de los hallazgos electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la Comisión Legal de Investigación y Acusación.

Los delitos o faltas disciplinarias imputadas al presidente Petro son la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas (Art. 396A C.P.) y la violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales (Art. 396B C.P.).

El salvamento de voto subraya la necesidad de continuar con la investigación y ordenar diligencias complementarias cruciales para esclarecer los hechos. En su argumentación, los dos representantes de la comisión sugieren la práctica de las siguientes diligencias:

Solicitud a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), de la información que repose en sus archivos sobre operaciones financieras inusuales o sospechosas relacionadas con la campaña presidencial de 2022.

Compulsa de copias a la jurisdicción ordinaria penal, conforme al artículo 92 de la Ley 600 de 2000 sobre ruptura de la unidad procesal por razón de fuero, respecto de las personas no aforadas que aparezcan eventualmente involucradas en los hechos investigados.

Comunicación a la Contraloría General de la República y al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales sobre la apertura de la presente investigación, conforme al inciso final del artículo 331 de la Ley 600 de 2000, dado que entre los tipos penales endilgados se encuentra el fraude procesal cometido contra la administración pública.

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El documento firmado por los representantes de la comisión, Arizabaleta Corral y Carrillo Mendoza, argumenta que existen elementos suficientes para continuar con la investigación. Sostienen que los hechos ameritan una investigación formal y la práctica de nuevas pruebas.

El informe detalla varias áreas de preocupación, como indicios de posibles gastos no reportados, aportes presuntamente canalizados a través de terceros y eventuales irregularidades en recursos para testigos electorales.

Gastos no reportados: Se mencionan presuntos gastos relacionados con testigos electorales, incluyendo dinero para alimentación, transporte y logística para decenas de miles de personas, que no habrían sido incluidos en la contabilidad.

Aportes de organizaciones sociales: Se investiga un aporte o préstamo de 500 millones de pesos por parte de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), que presuntamente no financió actividades electorales.

Inconsistencias en transporte aéreo: Se analizan posibles irregularidades en el uso de transporte aéreo durante la campaña.

Canalización de recursos a través de terceros: El documento sugiere que algunos fondos habrían pasado por diferentes organizaciones antes de llegar a las actividades de campaña, dificultando la identificación de su origen real y su reporte a las autoridades electorales.

La investigación preliminar de la Comisión de Acusación concluyó con indicios de presuntos gastos no reportados y aportes canalizados a través de terceros. Conviene recordar que el CNE ya había rectificado que la campaña presidencial de 2022 violó los topes de financiación y ocultó gastos, determinando una violación superior a los 5.300 millones de pesos en gastos de campaña. Esta cifra se dividió en $3.700 millones en la primera vuelta y $1.600 millones en la segunda vuelta.

Aunque el presidente Petro no tendría responsabilidad directa por las presuntas irregularidades en la financiación de campaña, ya que esta recae sobre el gerente de campaña de entonces, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, sería citado a indagatoria.