Gobierno radicará el 20 de julio proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia

El anuncio fue hecho por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante la entrega de proyectos de energía solar en los municipios de Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar.

Becerril, Cesar, julio 11, 2026_ RAM _El Gobierno Nacional anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia, una de las principales apuestas ambientales de la administración del presidente Gustavo Petro.

La iniciativa será presentada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente durante la instalación del nuevo periodo legislativo. Según el Gobierno, el proyecto está respaldado por estudios sobre los posibles impactos ambientales, sociales y en la salud pública asociados a esta técnica de exploración y explotación de hidrocarburos.

El anuncio fue hecho por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante la entrega de proyectos de energía solar en los municipios de Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar.

En ese evento también se informó sobre la puesta en marcha de 2.494 paneles solares que beneficiarán a más de 4.300 habitantes. La inversión asciende a 36.000 millones de pesos y, de acuerdo con el Ministerio, permitirá generar energía limpia para estas comunidades y reducir emisiones de dióxido de carbono.

Con la radicación del proyecto, será el nuevo Congreso el encargado de abrir el debate sobre la prohibición del fracking en el país, una discusión que durante los últimos años ha dividido posiciones entre quienes defienden su potencial para aumentar la producción de hidrocarburos y quienes advierten sobre sus posibles efectos ambientales.

Los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente radicarán el próximo 20 de julio, durante la instalación del Congreso para el periodo constitucional 2026-2030, la ley antifracking, una iniciativa que busca proteger la vida, el agua y los ecosistemas del país, sustentada en la evidencia científica que demuestra los riesgos ambientales, sociales y para la salud pública asociados a esta práctica.

«He acordado con la ministra de Ambiente que el próximo 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso de la República, presentaremos junto con las y los congresistas del Pacto Histórico el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia. Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas. Durante años se intentó vender el fracking como la solución para el país; incluso hubo gobiernos que impulsaron esa apuesta y fracasaron. Nosotros defenderemos la transición energética y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta práctica ponga en riesgo nuestros territorios y el patrimonio ambiental de los colombianos», afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El anuncio fue hecho durante la puesta en marcha de dos proyectos de energía solar en Becerril y Curumaní, Cesar, donde el Ministerio de Minas y Energía entregó 2.494 paneles solares que transformarán la vida de más de 4.300 habitantes, ampliando el acceso a energía limpia, confiable y asequible como parte de la Transición Energética Justa.

Con una inversión de 36.000 millones de pesos, los proyectos generarán 1.870 MWh (megavatio-hora) de energía limpia al año, evitarán la emisión de 340 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) anualmente y contarán con una vida útil estimada de 25 años, garantizando beneficios ambientales, sociales y económicos para las comunidades.

«La transición energética solo tiene sentido cuando transforma la vida de las personas. Estos proyectos demuestran que la democratización de la energía es una realidad que llega a los territorios históricamente excluidos, llevando energía limpia, reduciendo las brechas sociales y fortaleciendo la participación de las comunidades en la construcción de un sistema energético más justo y sostenible para Colombia», señaló el ministro de Minas y Energía, Palma.

Los proyectos hacen parte de la estrategia nacional de Comunidades Energéticas, una de las principales apuestas del Gobierno del Cambio para cerrar las brechas históricas en el acceso, la calidad y la asequibilidad del servicio de energía, especialmente en las Zonas No Interconectadas, los territorios dispersos y las poblaciones vulnerables.

A diferencia de administraciones anteriores, cuando las soluciones energéticas distribuidas avanzaban mediante iniciativas aisladas, con escasa articulación institucional y limitada participación comunitaria, la estrategia actual integra la planeación territorial, la focalización de beneficiarios, la financiación, la ejecución y la sostenibilidad de los proyectos. Este modelo fortalece la gobernanza local, promueve la apropiación comunitaria de la infraestructura y permite escalar las soluciones de manera ordenada en todo el territorio nacional.

Los resultados de esta política del presidente Gustavo Petro ya son visibles. A la fecha, Colombia cuenta con 848 comunidades energéticas implementadas, que benefician a 567.558 personas, atienden a 42.200 usuarios, suman 29,68 MWp (Megavatio Pico) de capacidad instalada y representan una inversión superior a 382.913 millones de pesos.

“Como parte de nuestro compromiso con la transparencia, el Ministerio de Minas y Energía adelanta el proceso de empalme institucional de cara al país, poniendo a disposición de la ciudadanía la información sobre los avances, resultados y proyectos estratégicos del sector. Ante la decisión de la administración entrante de no continuar con los espacios de articulación institucional, la cartera minero-energética mantiene abiertos los canales de información para garantizarle al pueblo colombiano que conozca el estado de la gestión y los desafíos que deberán atenderse en los próximos años”, agregó el ministro Palma.

Las Comunidades Energéticas dejaron de ser una propuesta para convertirse en una plataforma de transformación territorial que impulsa la generación de energía con fuentes limpias, fortalece la participación ciudadana y promueve un desarrollo más equitativo y sostenible. Su implementación articula proyectos tanto en las Zonas No Interconectadas como en el Sistema Interconectado Nacional, consolidando un modelo replicable de transición energética justa.

Con proyectos como los de Becerril y Curumaní, el Ministerio de Minas y Energía reafirma su compromiso de seguir democratizando el acceso a la energía, fortaleciendo la seguridad energética del país y posicionando a Colombia como un referente regional en esta materia con impactos sociales, ambientales y económicos medibles.