Consejo de Estado suspendió decreto que eliminó prima de 18 millones de pesos de los congresistas
Bogotá, julio 16, 2026_ RAM _El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que eliminó la prima especial de los congresistas, estimada en 18 millones de pesos y reglamentada en la Ley 4.ª de 1992.
La decisión fue adoptada por el conjuez ponente Héctor Santaella Quintero, tras argumentar que existen elementos suficientes para decretar la medida cautelar mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad contra el decreto.
Precisamente, en el auto, se advierte que tras un análisis preliminar ”surgen con claridad, en esta etapa temprana del proceso (…), elementos suficientes para evidenciar la infracción de principios y reglas constitucionales y legales estructurales dentro del Estado social y democrático de Derecho», razón por la cual consideró procedente suspender provisionalmente la norma”.
Uno de los principales argumentos del Consejo de Estado radica en que a pesar de que el decreto elimina la primera especial únicamente para los congresistas, sus efectos se podrían extender a otros altos funcionarios del Estado debido a la forma en la que está estructurado el régimen salarial.
Los congresistas que tomen posesión el 20 de julio podrán devengar 32 millones de pesos. Esa es la cifra que les queda después de las deducciones de un salario bruto que supera los 55 millones. Por disposición del Gobierno nacional, iban a recibir unos veintidós millones en realidad, pero el Consejo de Estado acaba de reversarlo.
El 19 de enero, el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariella Barragán, firmaron un decreto que les arrebataba a los legisladores la prima especial de servicios, un monto de más o menos diez millones de pesos.
La decisión, calcula el Gobierno, significaba un ahorro de unos 62 mil millones de pesos al año en el erario. Pero al Consejo de Estado llegaron seis demandas en contra. Una de ellas, del litigante Sady Andrés Orjuela Bernal, que aterrizó en la Sección Segunda en el despacho del conjuez Héctor Santaella Quintero.
Santaella tuvo que hacerse cargo porque, de acuerdo con las leyes colombianas, el salario de los magistrados de las altas cortes depende del de los congresistas, así que en los seis expedientes hubo una cascada de impedimentos para resolver el asunto. El conjuez decidió imponer una medida cautelar que suspendió el decreto.
“Parece visible”, escribe el togado en un auto de 41 páginas, “que la afectación” de los sueldos de los funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo “no resulta ajena o indiferente” al recorte del pago de los legisladores, así que procede el freno del acto administrativo.
